La sombra del camionero volvió a sobrevolar el Congreso. Esta vez fue a través de la multisectorial sindical y social encabezada por el secretario gremial de CGT, Pablo Moyano, que anunció en las últimas horas una nueva movilización.

La intención es frenar la reforma jubilatoria, iniciativa clave para el Gobierno y de la que depende el resto del paquete fiscal, tributario y laboral con el que Mauricio Macri busca relanzar su gestión.

Dicho espacio asistió este martes a la comisión de previsión social de Diputados, donde el proyecto oficial obtuvo dictamen durante una sesión cargada de gritos, insultos y manotazos.

"Le pedimos que no voten esta ley. Les pedimos que no consumen de una forma inhumana e insensible el saqueo al bolsillo de los jubilados que significa un plato de comida en cada hogar de los jubilados argentinos", reclamó el bancario Sergio Palazzo, aliado simultáneo de Moyano y Cristina Kirchner.

Ahora, con la nueva convocatoria, el sindicalismo duro busca reeditar la concentración masiva del 29 de noviembre pasado y presionar a la CGT para que endurezca su postura, opción que la cúpula comenzó a evaluar en las últimas horas (ver CGT, bajo presión).

La medida se resolvió el jueves pasado en un plenario en la Federación Gráfica Bonaerense, conducida por Héctor Amichetti, donde se acordó concretarla el 20 de diciembre cuando se trate el proyecto en el recinto, en un nuevo aniversario de la caída de Fernando de la Rúa en 2001.

Entre los dirigentes que tomaron esa decisión estuvieron el jueves pasado Palazzo, titular de los docentes bonaerenses, Roberto Baradel; el de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky; y el de la CTA Autónoma, Pablo Micheli; junto con movimientos sociales.

Si bien Pablo Moyano se ausentó por estar fuera del país, Camioneros apoyó la resolución a través de sus representantes. "Vamos a realizar una movilización masiva al Congreso", confirmó Yasky a iProfesional.

A diferencia de la reforma laboral, que quedó congelada tras la oposición de Moyano a los cambios negociados por la CGT, Cambiemos preveía un camino fácil para modificar las jubilaciones. En los últimos días, obtuvo incluso el cotizado respaldo de Elisa Carrió.

"La reforma laboral está empantanada, pero en la previsional tenemos el consenso de los gobernadores y tendríamos margen de votos con sus diputados", aseguró a iProfesional el titular de la bancada macrista, Daniel Lipovetzky.

Pero los sucesos de las últimas horas empezaron a sembrar dudas sobre la hoja de ruta oficial. Es que la resistencia gremial incrementó la presión sobre los legisladores peronistas, quienes acordaron una nueva fórmula de movilidad con el oficialismo.

Con media sanción del Senado, el índice a estrenar se compone en un 70% por inflación y en un 30% por salarios, se actualiza en forma trimestral en lugar de semestral y ya no tiene en cuenta a la recaudación.

Por los cambios propuestos, los jubilados perderían un 8% y también se verían afectados los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La reforma previsional, además, es la base de sustentación del resto de las reformas. De allí el Gobierno obtendría el grueso de fondos (cerca de $60.000 millones) que compensarán la pérdida de recursos que implica la baja de las cargas patronales -contemplada en la reforma tributaria-.

Pero también sostiene el pacto fiscal con las provincias, por el que gobernadores recibirán fondos adicionales a cambio de su apoyo al paquete de cambios. Este incluye un mayor presupuesto para la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal.

CGT, en su encrucijada

La movida fogoneada por el camionero sacudió también a la CGT. La cúpula decidió posponer la reunión de consejo directivo prevista para este martes para debatir su postura dentro de cada gremio y tomar una decisión conjunta este jueves.

Por estas horas, la dirigencia prevé publicar una solicitada en rechazo a la reforma jubilatoria y realizar medidas, que podrían ir desde una protesta hasta un paro encubierto con asambleas en el turno mañana el día que el proyecto llegue al recinto.

Si bien el grueso de la central convalidó el proyecto trunco de reforma laboral, nunca dio su apoyo a los cambios en materia previsional e incluso tributaria.

Así todo, la primera plana de Azopardo evitó hasta el momento adoptar una postura confrontativa que la deje pegada al sector de Moyano y la fuerce a romper la tregua tácita con el Gobierno.

Su mayor temor es ser víctimas de los carpetazos judiciales que la semana pasada cayeron sobre ex funcionarios del kirchnerismo, incluida Cristina Kirchner, y que amenazan con tocar al camionero.

La Confederación de Trabajadores del Transporte, encabezada por el triunviro Juan Carlos Schmid, emitió la semana pasada un comunicado en el que ratificó las gestiones para "proteger el núcleo central" de la legislación laboral.

Asimismo, criticó la fórmula de actualización, la eliminación de regímenes especiales y la disminución de los haberes, así como a la baja de las contribuciones patronales, el desfinanciamiento de ANSES y la extensión de la edad jubilatoria.

"Si el Tesoro, necesitado de dinero, quiere realizar una compensación ante otros impuestos no puede hacerlo con los ingresos ya escasos de la clase pasiva", señaló la CATT en el comunicado, que además fue firmado por Omar Pérez, de Camioneros, pese a que ese gremio no apoya los cambios laborales.

"El dinero tiene que ingresar directamente al sistema previsional y debe definirse ya un aumento de emergencia para los jubilados y pensionados", añadió el texto.

Con todo, cerca de Moyano se distanciaron este martes de la dirigencia cegetista. No sólo criticaron la iniciativa de publicar una solicitada para "quedar bien con la sociedad", sino que también pusieron en duda la capacidad de una parte del triunvirato de llevar adelante asambleas en los lugares de trabajo.

"¿Vos lo ves a Héctor Daer haciendo asamblea cuando no puede bajar a las bases y a su hermano Rodolfo, que tiene a los zurdos dentro del sector de alimentación?", disparó un dirigente sindical.

El extitular de la CGT estuvo en boca de sus pares la semana pasada en la reunión de mesa chica de CGT. Allí se analizó el eventual impacto de la quiebra de OCA, la principal empresa privada de correo que emplea a 7.000 camioneros en forma directa y que Moyano busca mantener en pie.

El camionero tuvo un respiro la semana pasada con la prórroga por 20 días de su licencia para operar, la apertura del concurso de acreedores y la posibilidad de ingresar en un plan de pagos de AFIP.

El otro desafío por delante son las elecciones en Independiente del próximo domingo. El sindicalista no sólo busca ser reelecto como presidente del club, sino que además lleva a su hijo Pablo como vice y a Palazzo en su lista, sin el aval de parte del oficialismo.

El bancario ocupará el lugar de Cristian Ritondo, el actual ministro de seguridad bonaerense, quien hace dos semanas detuvo al vicepresidente del Rojo, Noray Nakis, y al excustodio de los Moyano, el "Polaco" Petrov, por asociación ilícita con el barra "Bebote" Alvárez.

Todo indica que la pelea entre el Gobierno y los Moyano está lejos de haber concluido. "Nosotros vamos a seguir combativos", advierten en el gremio de Camioneros.