Impuestos

Las claves de la reforma de la ley del régimen previsional que impulsa el Gobierno

12-12-2017 El Poder Ejecutivo propone un mecanismo que le quita el carácter pro cíclico: sube mucho el haber en época de vacas gordas, como en 2017, y cae fuerte en las crisis, como en 2016                                                 
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1. El ajuste de la movilidad jubilatoria que propone el gobierno nacional pasa de semestral a trimestral.

2. La fórmula de ajuste se cambia por un binomio compuesto por el 70% de la tasa de inflación y el 30% de la variación del salario promedio registrado de los trabajadores estables (RIPTE); para el trimestre correspondiente al semestre previo al de actualización.

En marzo de 2018 se aplicarían las subas de esos índices entre julio y septiembre de 2016. Por tanto el resultado de esa fórmula ya se conoce y arroja un incremento de 5,7%, habida cuenta de que el IPCN acumuló 5,1%; mientras que el RIPTE se elevó 7,1 por ciento.

3. Propone una garantía del 82% sobre el salario mínimo, vital y móvil para quienes al momento de la jubilación hayan reunido al menos 30 años de aportes efectivos. 

El SMVM actual es de $8.860 y sube para el semestre enero a junio de 2018 a $9.500; y a $10.000 desde julio próximo. Con esa modificación, para ese conjunto de perceptores el haber deberá elevarse en marzo 7,5%, a 7.790 pesos.

4. Los jubilados que ingresaron al régimen a través de moratoria y a quienes no les correspondió el beneficio de la Prestación Básica Universal (PBU), solo recibirán la actualización trimestral, sin garantía de piso sobre el nivel del Salario Mínimo Vital y Móvil que se define en el Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad.

5. Las mujeres con 60 años y los varones con 65 años, y en ambos casos un mínimo de 30 años de aportes, podrán optar por extender la vida laboral activa hasta los 70 años. 

6. A partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU), el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines.

A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un año.

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