El impuesto provincial sobre los ingresos brutos, la burocracia del sistema de recaudación tributaria y la falta de reconocimiento del ajuste por inflación para el pago de Ganancias son los problemas que en materia tributaria dicen tener las empresas.

Al menos, es la conclusión que surge de una encuesta realizada por la firma KPMG entre directores de finanzas, gerentes y jefes de las áreas de impuestos de 100 compañías.

Según el relevamiento, para el 56% de los consultados la problemática de mayor gravedad en la materia es la incidencia de la carga impositiva provincial, mientras que el 14% puso el foco en las dificultades para gestionar el cumplimiento de regímenes de recaudación e información para las autoridades fiscales, y el 13% optó por lamentar la falta de ajuste por inflación para la determinación del impuesto a las ganancias.

"A las mayores problemáticas que aparecen marcadas en los resultados de la encuesta, la reforma prevista por el Gobierno las recepta; esa es la buena noticia", dice a La Nación Fernando Quiroga Lafargue, socio a cargo de Servicios Financieros de Impuestos en KPMG.

Algo que también detectan los números de la encuesta es la consecuencia que tendría la gradualidad de los cambios previstos en materia impositiva.

Que las modificaciones se apliquen por etapas explicaría que, pese a los anuncios de algunas provincias y promesas sobre una caída del peso de Ingresos Brutos, y pese a las proyectadas bajas de las alícuotas de Ganancias como forma de incentivar la reinversión de utilidades, el 62% de los encuestados cree que en 2018 las empresas tendrán la misma presión fiscal que este año; el 25% considera que la carga bajará, y el 13%, que subirá.

Quiroga Lafargue aclara los índices son más optimistas que los detectados en 2016: "Entonces, el 47% preveía una mayor presión fiscal para este año y sólo el 1%, una menor presión".

Las respuestas sobre las principales problemáticas, tienen su correlato en otra pregunta: la que indagó sobre qué impuestos impactan con más fuerza en los precios de los bienes y servicios que se comercializan.

Ingresos Brutos subió al lugar más alto del podio, con el 51% de las respuestas, mientras que el 16% mencionó a Ganancias y el 9,5%, al IVA. En la encuesta de 2016, el cuestionado impuesto provincial se había llevado el 36% de las respuestas a esa consulta.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las alícuotas de Ingresos Brutos subieron a tal punto que, en el caso de la industria, la carga promedio aplicada por las jurisdicciones pasó del 0,6% de las ventas netas de IVA, a 1,6% entre 2005 y este año, si se trata de bienes fabricados en la provincia que recauda.

Si la producción se realiza en "extraña jurisdicción", es decir, en una provincia diferente, suele haber otra tasa que, en el promedio, creció del 2,1 al 3,6%.

"Este año no hubo subas generalizadas de Ingresos Brutos, aunque obviamente algunas jurisdicciones subieron el impuesto a ciertas actividades. El gran problema reciente es que a las altas alícuotas se sumó la gran distorsión provocada por los regímenes de retención y percepción", señala a La Nación el economista Nadin Argañaraz, del Iaraf.

Agrega que, cuando se generan saldos a favor, hay como mínimo un costo financiero para las empresas, que se convierte en un costo económico si no se recupera el dinero.

En cuanto a la magnitud de la imposición, cuatro grandes jurisdicciones anunciaron sus proyectos para bajar alícuotas, a cambio de elevar las tasas de imposición sobre patrimonios.

El segundo punto de mayor preocupación entre los encargados de la cuestión tributaria en las empresas, la burocracia, también tiene su respaldo en algunos datos.

En la reciente edición del informe Doing Business del Banco Mundial (basado en encuestas hechas en cada país), se menciona que en la Argentina hacen falta, en promedio, 311,5 horas al año para liquidar y pagar los impuestos, un número que resulta más bajo que el del promedio de América latina (332,1 horas) pero bastante más elevado que el de los países de altos ingresos de la OCDE (160,7 horas). ¿El lugar en el que la tarea demanda menos tiempo de trabajo? Luxemburgo, con 55 horas al año.

Una pregunta vinculada con el tercer aspecto más marcado entre los preocupantes para las empresas -la falta de ajuste por inflación- se refirió al proyecto de revalúo impositivo de bienes, que supondría una acción voluntaria de los contribuyentes y el pago de un impuesto especial. ¿La opinión de los responsables de las áreas de impuestos? El 51% lo ve atractivo; el 49%, no.

Según Quiroga Lafarde, en buena medida la opinión depende del sector al que se pertenece. "A las industrias sí les convendría más, porque por naturaleza tienen más activos que pueden ser revaluados", explica.

"El revalúo puede resultar muy útil para corregir efectos distorsivos de la falta de reconocimiento de la inflación del pasado en el impuesto a las ganancias -explica al matutino el contador Martín Caranta, del estudio Lisicki, Litvin y Asociados-.

"Cuando una empresa vende un bien de uso, considera como precio de venta el valor de mercado y, como costo, el valor histórico abonado neto de la amortización; la falta de actualización del costo genera una ganancia impositiva ficticia".

Agrega que un aspecto negativo es que el revalúo debería realizarse sobre todos los bienes de una misma categoría, lo cual implicará una mayor carga fiscal por el impuesto especial. Respecto de esta carga, considera que es el aspecto cuestionable, desde el punto de vista técnico tributario, de una medida que representa "una solución muy inteligente y eficiente para poner fin a las discusiones legales por la falta de ajuste impositivo por inflación".

Con respecto a la más amplia reforma tributaria que plantea el Gobierno, la encuesta de KPMG indagó si se considera que ayudará a incentivar la inversión. Seis de cada diez respondieron que sí; cuatro de cada diez, que no. Y en referencia al sistema impositivo actual, dos tercios de los encuestados dijo creer que no es funcional a la meta de bajar la informalidad que hay en el país.