El Gobierno decidió avanzar con la transformación de la base aérea de El Palomar en una terminal de operaciones civiles para el desembarco de las low cost, Flybondi y Norwegian Air en el país, pero la medida ya tiene varios opositores, desde los vecinos de Hurlingham, la Dirección de Sitios por la Memoria hasta la Fuerza Aérea Argentina.

El martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1092/2017 por el que se incorporó formalmente El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) y ese mismo día se hizo pública una carta que el Jefe de Estado Mayor Brigadier General Enrique Amrein, mandó al Ministerio de Defensa, donde expone su tajante oposición a que la base aérea se convierta en un aeropuerto comercial.

Allí se hace mención a cuestiones operacionales, estratégicas y reglamentarias que se verán afectadas por la resolución impulsada por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

Si bien la carta del militar fue difundida por La Política Online el mismo día que salió el decreto del presidente Mauricio Macri, la misiva está fechada el 3 de noviembre, por lo que se entiende que la opinión no fue tomada en cuenta.

Según la posición institucional de la Fuerza Aérea, El Palomar no es un aeropuerto tal como sugiere el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) sino un aeródromo público que se encuentra dentro del predio de una unidad militar integrante del Sistema de Defensa Nacional.

La Fuerza Aérea sostiene que la transformación de la base en una terminal aerocomercial será grave para el mantenimiento de las capacidades logísticas de la fuerza y, por ende, para el accionar de instrumento militar nacional.

Mientras que según las autoridades del ORSNA la base cuenta con innumerables predios ociosos (hangares), la FAA sostiene que la información es errónea ya que en los mismos se realizan tareas de mantenimiento y recuperación de diversas aeronaves militares.

Apuntando a cuestiones netamente legales y reglamentarias, Amrein cuestiona diversos aspectos de la transferencia del predio de la órbita de Defensa a la del Ministerio de Transporte, poniendo énfasis en los problemas operativos que se podrían suscitar si no se diferencian claramente las actividades aeronáuticas civiles y militares, algo que no quedaría muy claro en el proyecto que el gobierno nacional parece decidido a encarar.

En lo que fue considerado por las autoridades políticas como lo más duro de la carta aeronáutica, el jefe de la fuerza deja perfectamente claro que no está bajo su competencia consentir que la 1° Brigada Aérea pase a integrar el Sistema Nacional de Aeropuertos. Esto es porque al ser parte del Sistema de Defensa Nacional, deberá ser el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (el presidente Mauricio Macri) quien debería asumir las responsabilidades inherentes a tal traspaso.

Esta dura postura de la Fuerza Aérea llega en momentos en que otra fuerza (la Armada Argentina) atraviesa la peor crisis institucional de su historia a partir de la pérdida del submarino ARA "San Juan" y la sucesiva filtración de documentos confidenciales.

En el entorno de Amrein sostienen que el Brigadier quiso ser explícito y totalmente claro a la hora de deslindar responsabilidades administrativas e incluso penales que pudieran sobrevenir a esta decisión.

Si bien es un secreto a voces que las jefaturas del Ejército y la Fuerza Aérea serán renovadas próximamente, el actual jefe no tomó esta iniciativa en soledad y no quiso dejar esta cuestión en manos de quien finalmente resulte su sucesor.

Y la Fuerza Aérea no es el único obstáculo que tiene el proyecto de Dietrich con la low cost.

El tema abrió una interna en el propio gobierno cuando la Dirección de sitios de la Memoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se manifestó en contra.

Es que esta dirección confirmó a través de una declaración que la Base de El Palomar es un Sitio Protegido por Ley de la Memoria. Por eso, según el escrito que lleva la firma del secretario Sergio Kuchevasky las obras podrían destruir pruebas judiciales en las causas de lesa humanidad.

En un oficio dirigido al juez federal Daniel Rafecas, le advierten al magistrado que se podrían estar destruyendo pruebas judiciales de causas de lesa humanidad que se encuentran actualmente en trámite a su cargo.

Para los vecinos de Hurlingham que se pusieron al frente del recurso de amparo, la respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación debería marcar un punto de inflexión que "inexorablemente debe conducir al dictado de la medida cautelar", clausurando las obras e impidiendo el inicio de los vuelos desde la Base de El Palomar y el nuevo aeropuerto definido por Dietrich.