Entre el cierre de 2017 y el inicio de 2018, Juan Pablo “Pata” Medina , Humberto Monteros y Marcelo Balcedo (en la foto) cayeron presos rodeados de millones de pesos, con armas de guerra y una misma sensación: frente a la acumulación de pruebas que hunden cualquier atisbo de defensa, los tres sindicalistas agacharon la cabeza, como asumiendo que el desenlace sería inevitable.

Solo a ellos tres, la Justicia ya les incautó más de $160.000.000 en efectivo. Manejaban pesos, dólares y euros. Se movían con cash, como impone el lucrativo mercado negro.

También se les secuestraron autos de alta gama y bienes de lujo, y se les congelaron cuentas propias y de presuntos testaferros que sugerían más una vida de ficción que la de un dirigente sindical.

Con apenas algunas diferencias, sobre los tres pesan y están en proceso acusaciones de lavado de dinero, ser miembros de una asociación ilícita, evasión, extorsión y coacción.

El sindicalismo en pleno sintió un abismo en sus pies a partir del destape de estos tres casos, un retrato quizá nunca visto de hasta dónde puede llegar la obscenidad sindical.

Según indica La Nación, el dinero secuestrado a los sindicalistas tiene dos destinos posibles. El primero es invertirlo en un plazo fijo de algún banco público para generar intereses hasta que se avance judicialmente. El otro camino es resguardarlo en una bóveda si es que los billetes son parte del “objeto procesal”.