Legales

Reforma laboral: por qué el Gobierno decidió posponer el proyecto y cuáles son los puntos más discutidos

17-01-2018 El macrismo decidió no llamar a sesiones extraordinarias. Aún no encontró aliados para avalar en el Congreso el decreto que dictó la semana pasada y el peronismo no apoya la reforma laboral, que todavía es el gran objetivo del oficialismo para este año
Por Sebastian Albornos
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El Gobierno decidió no convocar a sesiones extraordinarias para febrero. Si bien el presidente Mauricio Macri pretendía que el Congreso avale el proyecto de reforma laboral el próximo mes, el malhumor social causado por el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria y el dictado del decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre reforma del Estado pusieron ese plan en el freezer.

“El Presidente ha tomado la decisión de no convocar a sesiones extraordinarias en febrero y trabajar, a partir de su mensaje el 1 de marzo, en un calendario legislativo regular para, de esta forma, poder dar todos los ámbitos de debate y desarrollo normal a la vía parlamentaria”, informó el jefe de Gabinete Marcos Peña durante una conferencia de prensa.

El ministro coordinador dijo que la decisión fue “tomada en conjunto con las autoridades parlamentarias” y “en función de trabajar en la normalización de la actividad parlamentaria en sesiones ordinarias”.

Consultado por la negativa hacia el proyecto de reforma laboral por parte de Miguel Pichetto, quien comanda el bloque Justicialista en el Senado, el funcionario negó que haya habido “cortocircuitos” con el PJ y argumentó que el no llamado se debe a “una discusión casi de días”.

El PJ “marca la cancha”
De acuerdo a las fuentes off the record del oficialismo y de la oposición consultadas por iProfesional, el Gobierno no contaba –en el contexto actual- con los votos necesarios en el Congreso para avanzar con ninguna de esas propuestas.

Es que dirigentes del radicalismo ya comenzaron a plantearle sus dudas a sus pares del PRO sobre el número ajustado que tendrían para aprobar los cambios a las leyes laborales y los posibles planteos de inconstitucionalidad del decreto dictado la semana pasada que modificó casi una veintena de leyes.

Y aprobar estas normas –aún con apoyo de parte de la oposición- sería gastar casi todo el rédito político que le quedó tras las elecciones legislativas de octubre. Parte de ella, reconocen, se gastó tras la sanción de la denominada reforma previsional.

Por lo pronto, el oficialismo sabe que no podrá apoyarse en el massismo ni en el bloque Justicialista para avanzar con la ratificación del DNU.

Si bien el jefe de Gabinete dijo que ese decreto “es muy importante” porque “elimina muchísimas trabas que se habían ido acumulando con el tiempo, muchas normativas de muchas décadas atrás que ya habían quedado obsoletas, que ya no se implementaban en muchos casos pero trababan el proceso de inversión y generación de empleo”, desde la oposición ya le “marcaron la cancha”.

A través de un comunicado, el bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, que integra el interbloque Argentina Federal, cuestionó esa norma y manifestó que “atenta contra el rol del Congreso y la transparencia”.

“El Gobierno tiene que respetar el debate parlamentario, no se puede saltear al Congreso de la Nación en una reforma que contempla áreas verdaderamente sensibles para el funcionamiento del Estado y el futuro de los argentinos”, sostuvieron los diputados nacionales.

“Con este mega decreto en pleno verano el oficialismo pretendió encontrar a los argentinos desprevenidos, si no se analizan con seriedad estos cambios pueden generar resultados muy nocivos para el país”, advirtieron.

Para justificar la “necesidad y urgencia”, Peña indicó que “es una herramienta constitucional que consideramos perfectamente legítima para el uso, sobre todo, en estos plazos de receso parlamentario”.

En tanto, el líder del kirchnerismo Agustín Rossi salió a alertar sobre la intención de “cerrar el Congreso” y llamó a la oposición a unirse para impedirlo.

Con la nueva composición, Cambiemos se aseguró la mayoría en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los DNU dictados por el Gobierno.

La bicameral es la única que trabaja durante el verano, pero todavía no se constituyó ya que resta designar a los representantes del Senado. Cambiemos tendrá ocho integrantes sobre un total de 16 en la comisión, y podrá desempatar a su favor con el voto del presidente, que este año será un legislador del oficialismo.

Según la Ley 26.122, sancionada en 2006, “el Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”. Ese cuerpo “debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento”.

La reforma laboral, el gran objetivo de este año
Tras la aprobación de la reforma previsional, el Gobierno tuvo la intención de avanzar con la modificación de las leyes laborales y convocar a sesiones extraordinarias en febrero. Sin embargo, no contó con el visto favorable de una parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) ni de un amplio sector del peronismo.

El martes, el jefe de Gabinete indicó que esa idea quedaba descartada porque escucharon “a los distintos bloques parlamentarios que creen que se puede debatir en sesiones ordinarias de una manera más extensa, construir mayores consensos”.

“Lo más importante es que estemos de acuerdo en los objetivos, que es mejorar las condiciones de los trabajadores, tener más trabajo formal, poder avanzar en el blanqueo laboral para los trabajadores informales, generar mayores herramientas de capacitación”, agregó.

En el Senado, el titular del bloque peronista no kirchnerista, Miguel Pichetto, que cuenta con 25 legisladores y es clave para apoyar las medidas del oficialismo, decidió no avanzar con el tema porque no existe una postura unificada del sindicalismo.

Pichetto y su bloque decidieron acompañar, aún con varios cuestionamientos, los proyectos de reforma jubilatoria y tributaria, pacto fiscal, consenso fiscal, y Presupuesto 2019 por pedido de los gobernadores peronistas. Pero, a pesar de la insistencia oficialista, no aceptaron debatir los cambios a las normas laborales.

El proyecto original podría fragmentarse para lograr el apoyo de las centrales sindicales. Algunos de los puntos que despiertan mayor resistencia son el concepto de irrenunciabilidad, el fondo de cese y la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones.

Respecto de los temas que habían sido incorporados en el temario para diciembre y no llegaron a tratarse, el Jefe de Gabinete aseguró que existe “un grado de consenso muy alto, con lo cual esperamos que en las primeras sesiones del año ya podamos estar hablando de un avance en estas leyes”.

Estos temas son los proyectos de Financiamiento Productivo (mercado de capitales), la nueva ley de Defensa de la Competencia y la ley de Compre Argentino, todos con media sanción de Diputados. También está la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, un proyecto que parecía no tener escollos por haber sido elaborado por Federico Pinedo y Miguel Pichetto, pero que se frenó por críticas de especialistas contrarios a la desaparición de fiscalías creadas por Alejandra Gils Carbó.

Punto por punto, qué incluye la reforma laboral
- Según la propuesta presentada hasta el momento, y que estaba lista para ser debatida en febrero, un ambicioso plan de blanqueo otorgará beneficios a empleadores que "sinceren" empleados en negro.

Esto incluye la extinción de la acción penal: no correrán riesgos de ser condenados por haber omitido el ingreso de aportes y contribuciones. Además, se implementa la condonación de multas y la salida del REPSAL (registro público de empleadores con sanciones laborales). También modifica artículos de la Ley de Empleo (24.013) en los que se prevén multas por mala o nula registración.

- Otro ítem modificado (art. 12 de la LCT) es el de la irrenunciabilidad: si bien el empleado podrá renunciar a sus derechos, para ello requerirá de una homologación administrativa y asistencia letrada o sindical.

Responsabilidad solidaria por subcontratación: no será aplicable a los servicios contratados para las actividades complementarias (limpieza, seguridad, gastronomía, servicios médicos o de transporte, montaje de instalaciones).

- Reinstala la indemnización de tres sueldos en caso de falta de entrega de las certificaciones de trabajo (en el primer borrador se apuntaba a eliminarla).

- Pone fin al polémico "banco de horas", que permitía a los empleadores no pagar horas extras o extender las jornadas si luego compensaban con una reducción del horario.

- Incorpora dos licencias nuevas, además de la ampliación de paternidad a 15 días y la de "razones personales" sin goce de sueldo por 30 días. 

- Agrega diez diez días anuales para audiencias previas a los trámites de adopción y cinco días para tratamientos de reproducción asistida.

Indemnizaciones por despido: se excluye de la base del cálculo "la parte proporcional del sueldo anual complementario, la bonificación abonada sin periodicidad mensual y en base a una evaluación de desempeño y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador le efectúe al trabajador".

- Crea un fondo de cese tripartito para así afrontar las indemnizaciones.

Prohíbe dar sumas de carácter no remunerativo: sólo serán válidas si son de carácter excepcional y por tiempo determinado.

- Mantiene la prescripción vigente de dos años, eliminando la intención de reducirla a un año.

- Modifica el régimen vigente de pasantías (contiene un capítulo sobre "prácticas formativas") y crea un fondo de cese por actividad.

Febrero será un mes clave en materia laboral. El Gobierno pudo festejar un 2017 favorable en el plano legislativo. Pero aún le resta sortear este escollo

Por lo pronto, ya puso manos a la obra para asegurarse un buen arranque del año en el Congreso.

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