El macrismo no convocó a sesiones extraordinarias al Congreso para tratar la reforma laboral, pero de todas maneras no será un febrero tranquilo en materia legislativa. Es que este martes se reúne la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, para emitir dictamen del DNU sobre “desburocratización” del Estado. 

La reunión está prevista para las 15.30, en el Salón Illia del Palacio Legislativo, y en primer lugar deberá constituirse la comisión, en la que Cambiemos tiene asignados 8 de los 16 lugares, y reclamará la presidencia de la misma, que ahora pasará a la Cámara alta. 

Dicho cargo será ocupado por el radical formoseño Luis Naidenoff, que ya presidió esa comisión en 2016, y quien ahora es el titular del interbloque Cambiemos en la Cámara alta.

Integrarán esa comisión los también senadores oficialistas Silvia Giacoppo y Pedro Braillard Poccard, mientras que por la oposición estarán los senadores María Teresa González, Daniel Lovera y Guillermo Snopek, del bloque Justicialista; la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, y la salteña Cristina Fiore Viñuales. De Diputados estarán Pablo Tonelli, Fernando Iglesias, Ezequiel Fernández Langan, Martín Hernández y Luis Petri, todos de Cambiemos; los kirchneristas Marcos Cleri y Máximo Kirchner, y el justicialista Pablo Kosiner.

El decreto 27/2018 introduce modificaciones o deroga normas relacionadas al SENASA, sociedades, Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor, actividades portuarias, aviación civil, sistema métrico legal, marcas y patentes, fondo de garantía argentino, sociedades de garantía recíproca, firma digital, energía, obras de arte, promoción del trabajo, administración de bienes del Estado, Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, licitaciones en obras públicas, industria, seguros y de potestades y funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El Gobierno ordenó defender el texto de la norma a como de lugar, pero solo tiene garantizado un dictamen favorable en la mencionada Bicameral. 

Es que la oposición ya tendría los votos necesarios para rechazarlo en los recintos de Diputados y Senadores, una vez que se inicie el período ordinario de sesiones en el Congreso.

La oposición cuestiona que esa normativa permita embargar las cuentas sueldo y que se habilite a operar en el mercado financiero al Fondo de Garantía de la ANSeS, entre otras cuestiones. Y plantean que, por ejemplo, ese DNU contradice una ley sobre las cuentas sueldo que el Congreso dictó en noviembre de 2016.

Y coincide en señalar que “no existió ni necesidad ni urgencia” para redactar un decreto que anula 19 leyes y modifica sustancialmente otras 140 durante el receso legislativo y que se podría haber convocado a sesiones extraordinarias.

Además, destacan que la norma modifica cuestiones penales y tributarias que son facultades exclusivas del Congreso y vedadas expresamente del ámbito del Poder Ejecutivo por la Constitución Nacional. De aprobar un DNU que contemple este tipo de normas, se puede dar lugar a un peligroso precedente, indican a iProfesional.

En este sentido, señalaron que el DNU regula en materia penal “cuando modifica normas que atañen la Unidad de Información Financiera (UFI) y a la denominada ‘Ley Antilavado’”; y lo hace en materia tributaria en “la modificación del artículo 147 de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT), en el caso de que el embargo previsto en la norma proviniese de autoridad o Ente Público, ocasión en que redundaría en perjuicio ‘fiscal’ del trabajador”.

El jefe del interbloque Argentina Federal en Diputados, Pablo Kosiner, sostuvo que “el Gobierno está a tiempo, como en la reforma laboral, de transformar el DNU en una, dos o varias leyes. Y llevar la discusión a las ordinarias. Y evitar el DNU”. 

En ese sentido, el Gobierno está en plena revisión de su estrategia legislativa, ante el temor de que algunas de sus principales proyectos de reforma puedan chocar contra la pared infranqueable del rechazo peronista. La solución que encontraron es fraccionarlo en varias leyes y negociarlas con el PJ dialoguista.

“Como hicimos con la ley de ART, si ahora se trata de transformar un DNU en una ley, con algún que otro cambio, nosotros estamos dispuestos”, dijo el presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, a Radio Mitre. 

De todos modos, Massot explicó que “el DNU es válido, hasta que sea rechazado por ambas Cámaras. Es un proceso bastante largo, en cualquier caso. Y yo, por otro lado, no creo que las intenciones de las distintas facciones de la oposición sean las mismas”. 

De acuerdo a las fuentes oficialistas consultadas por iProfesional, habrá que ver que ocurre, por ejemplo, con la posibilidad que estableció ese decreto de embargar las cuentas sueldo de los trabajadores que tengan deudas con el sistema financiero. Este punto tiene una férrea negativa de parte de todo el peronismo y el sindicalismo cegetista y no superaría el debate legislativo. No habría problemas en aprobar las propuestas que agilizan trámites en organismos públicos o que modifican normas societarias.

En concreto, el oficialismo estaría dispuesto a negociar modificaciones al DNU una vez que tenga el aval legislativo, pero desde la oposición peronista le dijeron a este medio que podrían proponer los cambios a esa norma en la misma sesión en que se trate y luego que sea analizado por la otra cámara para su sanción definitiva.

De acuerdo a la Ley 26.122 de 2006, que establece el camino legislativo de los decretos de necesidad y urgencia, la Comisión Bicameral Permanente (encargada de controlar la legalidad de estas normas) debe expedirse acerca de su validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales (si hubo o no necesidad y urgencia) y sustanciales (si se trataron temas no vedados al Ejecutivo) establecidos constitucionalmente para su dictado.

Luego, se eleva al plenario de ambas cámaras, para que éstas le den “inmediato y expreso tratamiento”. No pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, por lo que deben aceptarlo o rechazarlo en su totalidad mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

No es posible aceptarlo parcialmente. Esta situación complica los planes del Poder Ejecutivo porque toda la oposición cuestiona alguna parte de la norma y afirmó que votarán contra ella.

La Ley 26.122 indica que el ambas cámaras deben rechazarlo expresamente para lograr su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Si la aprueba cualquiera de ellas se ratificará su vigencia.