La oleada de despidos iniciada a fines del año pasado viene generando un impacto negativo en la opinión pública, algo de lo que el Gobierno viene tomando nota. 

Las fuertes protestas callejeras, que elevan su queja por los trabajadores que quedan en la calle, y hasta la reacción de la oposición en el Congreso, con proyectos que intentan suspender las cesantías, son algunas muestras del descontento. 

Sin embargo, en el macrismo vienen haciendo foco en otra tendencia: la reconversión del empleo. 

En contraste con el termómetro social, los funcionarios resaltan que se está transitando un intenso cambio en el mercado laboral, que si bien genera la pérdida de puestos, también alienta la creación de nuevas fuentes, especialmente en el área de servicios. 

En ese marco, la consultora Tendencias Económicas detectó en diciembre y enero 7.500 desvinculaciones, la mayoría en el sector público (4.756) y, en menor medida, en el privado (2.814).

Los datos relevados reflejan un volumen inferior al registrado el mismo período del año pasado. Además, equivalen a un 2% de los 253.000 trabajadores formales nuevos que se registraron en noviembre pasado. 

Sin embargo, a juzgar por las protestas, en la calle la sensación térmica es diferente.

El reclamo no solo fue impulsado por los gremios estatales, que el jueves se movilizaron a plaza de Mayo. También lo incorporó el propio Hugo Moyano a su protesta convocada para el próximo 21 de febrero.

Inicialmente, la marcha se limitaba a demandas gremiales. Pero, ante el aislamiento propiciado por el Gobierno, el líder camionero decidió ampliar el repertorio de sus consignas y contener a los sectores más duros.

Frente a esta avanzada sindical, en el Gobierno minimizan el efecto de los despidos sobre la percepción social. Las encuestas que manejan los funcionarios muestran que el tema ocupa "el cuarto o quinto lugar" en el ranking de preocupaciones de la gente. 

Como contrapartida, la inflación se impone con holgura, un rubro en el que los números oficiales revelan las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para controlarla.

"No tenemos ninguna preocupación sobre el tema laboral, como sí la hubo cuando estuvimos 100.000 empleos por debajo", afirmó una fuente oficial a iProfesional.

La consolidación de la tendencia positiva es una de las principales metas que el Gobierno espera profundizar este año, de la mano la reactivación de la economía.

De acuerdo con la postura oficial, los nuevos puestos generados compensan las bajas previas y las que se registran ahora en determinadas ramas de actividad. 

"Siempre hay despidos, todos los meses. Pero ese número no es el neto", señalan desde la cartera de Triaca.

El informe de noviembre del Ministerio de Trabajo, en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), registró 12 meses seguidos de suba del empleo formal, con un total de 12,3 millones de asalariados del sector privado y público así como de independientes y monotributo social.

Desde noviembre de 2015 al mismo mes del 2017, la cifra de trabajadores formales ascendió en 293.000.

Monotributistas, los más dinámicosEn su lista de prioridades, el Gobierno se propuso este año frenar la inflación, incrementar la demanda laboral y alcanzar un crecimiento del 3,5% del PBI.

Para lograr parte de esos objetivos será clave el impulso de la obra pública con el programa de participación público-privada, para la construcción de rutas, aeropuertos y viviendas.

Pero modificar el mercado laboral no será una tarea fácil. La radiografía actual refleja que los asalariados registrados del sector privado representan el 51% del total, el empleo estatal el 26% y los monotributistas el 13%.

El resto se reparte entre beneficiarios de planes, independientes o autónomos y asalariados de casas particulares.

Si se observa la evolución en los últimos dos años de los ocupados formales, los rubros que más crecieron fueron monotributistas (1,4 millones), independientes (409.000) y beneficiarios (354.000).

Todos ellos superaron el aumento de empleados públicos (62.000), domésticos (32.000) y privados, que quedaron en último lugar (10.400), según los datos del SIPA.

La menor participación del Estado es uno de los principales cambios respecto de años anteriores, cuando el sector público era el principal motor de la ocupación.

El otro aspecto novedoso es el auge de los monotributistas, que tiene una doble lectura: refleja la formalización de personas antes en situación irregular, como así también un mecanismo de contratación precaria o bien la reconversión de despidos en "emprendimientos".

Ganadores y perdedoresSegún expertos, la economía argentina necesita generar año a año más puestos de trabajo para atender el crecimiento demográfico.

Los especialistas señalan que se estaría en condiciones de cubrir la "población demandante" de puestos de trabajo con un piso de 200.000 empleos anuales. 

A la par del Gobierno, los analistas también observan una mejora del mercado laboral, luego de que se perdieran 100.000 puestos entre octubre de 2015 y abril de 2016.

"La situación es difícil, pero estamos lejos de las afirmaciones de dirigentes gremiales, ya que en 2017 se dio una recuperación de lo que se había perdido el año previo y se consolidó un crecimiento que se ubicó un poco más arriba que la tasa de variación de la población económicante activa", señaló a Javier Lindemboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped).

Pero, a diferencia del macrismo, los especialistas también advierten límites para la creación de más puestos y de mejor calidad.

Al igual que en el segundo mandato de Cristina Kirchner, la demanda de trabajo por parte del sector privado sigue prácticamente estancada.

Según los datos oficiales, después de dos años de gestión por parte de Cambiemos, las empresas sumaron apenas 10.400 asalariados (poco más de 8.000 en forma desestacionalizada).

Se trata de un volumen que, con alzas y bajas, está dentro de los promedios registrados desde 2012 en adelante.

A su vez, dentro del sector privado, hubo ganadores y perdedores. Construcción y Comercio registraron en noviembre 24.000 y 12.000 empleados formales más que en el mismo mes de 2015.

Como contrapartida, la industria sigue abajo, con 66.000 puestos menos, por lo que algunos analistas lo llaman el "agujero negro".

Para 2018, se espera un crecimiento del 1,8% del rubro manufacturero, una cifra que sería insuficiente y que se ubicaría por debajo de los niveles de 2015, tras caer 5% en 2016 y haber recuperado un 2% en 2017.

Los despidos de los últimos meses se localizan en las ramas textil, metalmecánica, alimentos, autopartes, frigorífica, cerealera, calzados y en el sector azucarero.

En algunos casos, incluso, fueron acompañados en el verano por el cierre de empresas, como ocurrió con el ingenio San Isidro en Salta, que empleaba a más de 700 personas; o la autopartista ITEC (antes Delphi) en San Juan, propiedad del extitular de la UIA, Héctor Méndez.

También alertan por problemas en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el principal polo manufacturero del país.

"Se están produciendo algunos despidos por la suba de tarifas y la caída de la demanda", afirmó Silvio Zurzolo, titular de la Asociación de Industrias de la provincia (ADIBA).

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, tomó nota de esas problemáticas en las reuniones que mantuvo con las regionales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en donde también asomaron quejas por las importaciones.

Además de la política económica, los especialistas señalan que hay factores de carácter estructural a nivel global que inciden en el decaimiento del empleo industrial, como el desarrollo tecnológico. 

La expectativa está puesta ahora en la demorada reactivación de Brasil -principal socio de la Argentina-, que podría impulsar este año al rubro automotor y a otras ramas de actividad. 

"La economía brasileña dejó de demandar buena parte de los autos que dinamizaron a la industria en los últimos años, pero si se recupera entonces podríamos ver una mayor demanda laboral", explicó Lindemboim.

En este contexto, un factor que habría amortiguado los despidos fueron las suspensiones masivas del año pasado, que se dieron principalmente en el rubro automotor y siderúrgico.

Estas medidas reflejan el interés de los privados de reducir costos sin deshacerse de sus dotaciones, con la mira puesta en aumentar el uso de la capacidad instalada frente a una eventual recuperación de la economía.

Inversiones, en deuda El Gobierno confía en el impulso de la economía: si el PBI crece como está planteado, entonces la generación de puestos de trabajo se incrementaría 1 punto, según marca la relación entre ambas variables. 

Pero la gran incógnita pasa por la inversión, un factor clave para generar nuevos puestos.

Si bien empezaron a registrarse señales más claras, todavía predomina la incertidumbre: 

-Desde que asumió el Gobierno de Cambiemos, casi 650 empresas anunciaron más de 820 proyectos en la Argentina por u$s103.800 millones.

-Sin embargo, hasta ahora, sólo 120 se concretaron, por un monto total de u$s6.000 millones.

-En tanto, 185 están en ejecución (por u$24.000 millones) y el resto no arrancaron. 

En el Ejecutivo afirman que los anuncios poco a poco van llegando, especialmente luego de que el macrismo aprobara la reforma tributaria, que prevé una reducción de aportes patronales.

La otra medida destinada a crear empleo, según el Gobierno, era la reforma laboral. Sin embargo, la misma se debió congelar hasta marzo por el rechazo de los gremios duros, liderados por los Moyano, a la pérdida de beneficios laborales.

En la Rosada siguen con especial atención el desarrollo de proyectos privados. Macri encabezó recientemente el lanzamiento de un nuevo modelo de Fiat en Córdoba; mientras que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, participó del anuncio de inversiones de Tecpetrol, la petrolera de Techint, en Vaca Muerta. 

En la misma línea, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, protagonizó la semana pasada el primer vuelo de Norwegian, una de las nuevas compañías low cost.

Pero igualmente subsisten las dudas, las cuales se vieron plasmadas en la última gira oficial por Europa.

El volantazo que pegó la Casa Rosada, cuando anunció los cambios en las metas para 2018, desconcertó a los financistas.

Bancos y fondos de inversión no se lo negaron al ministro Dujovne: no confían en que el Gobierno cumpla los objetivos que se propuso para este año, tanto en materia de inflación como de crecimiento. Y hasta dudan sobre la sustentabilidad fiscal.

Así, entre el optimismo oficial y los reparos que siguen poniendo desde el exterior, hoy por hoy se debate la demorada "lluvia de inversiones", fundamental para dar inicio a la "revolución" del empleo que quiere impulsar el macrismo.