El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó el lunes su renuncia al cargo, en medio de la polémica por figurar como propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que manejó al menos u$s1,2 millones a través de un banco de Andorra.

"A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los que estuve en la actividad privada", aseguró Díaz Gilligan en la carta de su renuncia dirigida a su jefe inmediato, el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis.

Fuentes oficiales de la Casa Rosada evitaron adelantar quien será su reemplazante.

El ahora exfuncionario estuvo este lunes unas seis horas en la Casa Rosada, adonde había ingresado a las 10 y se retiró a las 16, y después de varias reuniones con hombres de la primera línea del macrismo presentó su renuncia a De Andreis.

En las últimas horas hubo un cambio de postura en los más alto del Gobierno sobre este escándalo, ya que este domingo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había defendido al subsecretario general de la Presidencia, al señalar que las cuentas en el exterior que se le investigan se abrieron "previo a su paso" por el Ejecutivo y no se trata de "fondos públicos".

"Continuaré contribuyendo con las exigentes metas de transparencia que nos propusimos demostrando mi inocencia en todos los ámbitos en que se me reclame. Como manifesté públicamente, las acusaciones que se hicieron en mi contra son falsas y así quedará debidamente comprobado", agregó el funcionario saliente en su misiva.

Y finalizó: "Aprovecho esta oportunidad para manifestarle mi agradecimiento por las responsabilidades que tuve a cargo durante este tiempo, manteniendo las convicciones de que nuestro espacio representa la verdadera posibilidad de transformación y desarrollo que Argentina necesita para las próximas décadas".

Previamente, la Oficina Anticorrupción (OA) había corroborado que Díaz Gilligan no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta en Andorra, en el marco del episodio desatado por una publicación del diario El País de España.

La cuenta estaba a nombre de la sociedad "Line Action", una empresa de Gran Bretaña dedicada a la intermediación de jugadores, de la que Díaz Gilligan fue representante y accionista.

En distintas entrevistas, el exfuncionario había dicho que el dinero que estaba en la cuenta era del empresario Francisco "Paco" Casal.

"A principios de 2013, cuando veía que podía ingresar a la función pública, le dije a Paco 'yo salgo'. La cesión tardó en materializarse unos meses, y en el medio comencé a ser funcionario. No hubo intención de ocultar nada, no era dinero mío ni había ganado nada con eso", explicó Díaz Gilligan en un reciente reportaje que le dio a un matutino porteño.

Además de la previsible presión que inició la oposición sobre el caso del subsecretario, también habían surgido reclamos de sectores internos de la propia alianza oficialista, como el caso de Mario Negri, presidente de bloque UCR y del Interbloque Cambiemos, quien pidió la "separación del cargo" de Díaz Gilligan.

En la misma línea, la diputada y dirigente de la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto Lago, había reclamado a Díaz Gilligan que dé explicaciones "en la Justicia" y no ante la Oficina Anticorrupción.

Denuncia del kirchnerismo

El diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade había denunciado este lunes ante la justicia federal por presunto lavado de activos a Díaz Gilligan.

La denuncia del diputado, que también solicitó que se investigue a Díaz Gilligan por supuesta "omisión maliciosa" por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos, cayó en el juzgado de Claudio Bonadio y tendrá como fiscal a Alejandra Mangano.

"Díaz Gilligan, mínimamente habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad", sostuvo Tailhade en la denuncia.

"Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País", sostuvo el denunciante tras citar la nota completa publicada el fin de semana por el diario español.

"No podemos soslayar que en su 'defensa' el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra", remarcó el diputado kirchnerista.

"Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave. La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político", remarcó.

El delito de lavado de dinero tiene una pena de tres a diez años de prisión y prevé una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación.

En su defensa, en declaraciones a distintos medios, el funcionario cuestionado había dicho que "no hay fondos públicos involucrados" en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra.

Críticas del massismoDirigentes del Frente Renovador habían pedido este lunes que actúe un fiscal y no la titular de la oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en el caso de Díaz Gilligan.

La jefa de bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, expresó: "Estamos en presencia de la posible comisión de un delito. Debe actuar un fiscal, no Laura Alonso. Basta de circo para evadir los temas de corrupción que los involucran. ¿Cambiemos?".

Por su parte, la diputada Carla Pitiot manifestó: "Díaz Gilligan se suma a la lista de funcionarios del gobierno que ocultaban cuentas y millones de dólares en paraísos fiscales. Hoy la Oficina Anticorrupción tiene la oportunidad de demostrar independencia".

En tanto, que el diputado nacional Alejandro Grandinetti sostuvo: "Hoy, Laura Alonso, titular de la OA, va a recibir las explicaciones de Díaz Gilligan sobre su maniobra para ocultar 1,2 millones de dólares en una cuenta en Andorra".

"Esperamos que el Jefe de Gabinete Marcos Peña, no consienta otro ejemplo más de corrupción dentro del Gobierno", continuó, y agregó: "Confío en que Elisa Carrió exija la renuncia de este y los demás funcionarios corruptos del gobierno".