La Corte Suprema lanzará un plan para la "transformación profunda" de la Justicia. Se trata de un paquete de reformas que va a proponer el Poder Judicial, en un trabajo que será coordinado y liderado por la propia Corte.

La idea es que los cambios abarquen desde el horario de los tribunales y la digitalización de los expedientes hasta modificaciones procesales para acelerar los casos de corrupción, una nueva composición del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la oficina de escuchas judiciales.

Los textos de los proyectos no están redactados. El plan de la Corte es que los consensúen jueces de todo el país, que recibirán en sus correos una invitación a reunirse en nueve comisiones que van a trabajar en el Palacio de Justicia el 6 y el 7 de marzo, justo después del acto de apertura del año judicial que encabezará el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, el 6, a las 12.

Ante los reclamos crecientes a los jueces, la Corte busca mostrar magistrados conscientes de las demandas. Parte del diagnóstico de que el Poder Judicial "necesita una transformación profunda para mejorar su funcionamiento con la finalidad de lograr una tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos" y anticipa que "lo que se pretende es implementar y no declarar reformas".

Lorenzetti acordó con los otros ministros de la Corte el plan de acción y redactó la guía sobre la que se va a trabajar en las comisiones. Ese documento, al que accedió La Nación, se titula "Políticas de Estado para la transformación del Poder Judicial, la abogacía y la educación legal". Dice que los objetivos, que incluyen fortalecer la independencia judicial, son siempre compartidos, pero que el problema está en la implementación.

En los últimos años, las propuestas más amplias de reformas judiciales las llevó adelante el Poder Ejecutivo. El gobierno kirchnerista, con la "democratización de la Justicia", y el actual, con su plan Justicia 2020. La Corte quiere que ahora los jueces tomen la iniciativa y planteen un cambio sistémico.

"El agente del cambio debe ser el propio Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en base a un consenso de todos los poderes del Estado", afirma el documento del máximo tribunal. En los últimas semanas, Lorenzetti adelantó su plan a altos funcionarios del Gobierno.

Algunas de las reformas podrá hacerlas directamente la Corte. Por ejemplo, la modificación del horario de los tribunales y la feria, algo que los jueces han sido reacios a cambiar y que Mauricio Macri les reclamó públicamente; pero otros dependerán del Consejo de la Magistratura o requerirán leyes que deberán ser aprobadas por el Congreso.

Por eso, el plan prevé un paso final, que es el "consenso básico" con los otros dos poderes del Estado.

A las reuniones en comisión serán invitados, además de los representantes de los tribunales, asociaciones judiciales, gremios, colegios de abogados y facultades de derecho. El temario de asuntos a discutir incluye la currícula universitaria y aspectos concretos de la práctica de la abogacía, como los "sistemas de habilitación profesional".

Los invitados podrán enviar propuestas concretas y específicas hasta el 5 de marzo. El trabajo de las comisiones terminará "expresando la opinión del Poder Judicial", afirma la Corte. Después, habrá consultas con la sociedad civil.

En su documento, el alto tribunal admite que el cambio debe alcanzar "aspectos externos de especial interés social", como la celeridad de los juicios penales y el tratamiento del delito de corrupción y de la problemática del narcotráfico. Pero pone un límite a aquello de lo que se hacen cargo los tribunales. Dice que "es importante distinguir el valor 'justicia', que toda la sociedad persigue, de lo que puede hacer el Poder Judicial como institución".

Hay temas, como la reforma del consejo, que están a debate en el Congreso. El documento hace mención de ellos y al plan Justicia 2020. Dice que "hay que aprovecharlos" y "servirán para el desarrollo de las actividades".

En cuanto a la Justicia Electoral, un tema siempre delicado para el poder político, se propone discutir la "relación entre el fuero electoral y el Poder Ejecutivo".

Además, postula la ampliación de dos estructuras que dependen de la Corte: el cuerpo de peritos del Poder Judicial y la oficina de escuchas judiciales (que antes manejaba la SIDE), y se propone convertir en "una oficina de investigación criminal sofisticada que acelere la averiguación de delitos complejos". En cuanto a los peritos, el documento dice que el Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto, pero advierte que "el organismo debe ser judicial".