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La organización Avaaz fue intimada por un tribunal de Nueva York a entregar los documentos y comunicaciones que posee sobre su lucha contra el glifosato
23/02/2018 - 19:59hs

La organización de activismo ciudadano mundial Avaaz fue intimada por la justicia de Estados Unidos a entregar información sobre la empresa Monsanto.

Según la ONG el fallo la obliga a revelar datos privados como los nombres, correos electrónicos y mensajes de quienes hayan participado en campañas contra el glifosato, incluyendo la que frenó la construcción de una planta de semillas transgénicas en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, aunque el gigante de agroquímicos niega que el requerimiento involucre a personas en el país e indicó que el respeto por la libertad de expresión es parte de su política.

La Corte Suprema del estado de Nueva York avaló este mes lo que se llama un "subpoena duces tecum" (citación para la producción de evidencia) que, en la ley anglosajona, es una orden de entrega de documentación que debe cumplir la ONG con cerca de 50 millones de miembros en el planeta y, que de no hacerlo, implicará graves multas.

La solicitud de 168 páginas a la que tuvo acceso Télam fue realizada en el marco del caso “Peterson contra Monsanto”, que investiga la acusación de que dos hombres del estado de Illinois contrajeron cáncer de linfoma no hodgkiniano por exposición al Roundup, un producto del gigante del sector agroquímico que contiene glifosato.

La justicia ordenó a Avaaz la entrega de “todos los documentos, incluyendo correos electrónicos con cualquier adjunto" que haya enviado o recibido en sus relaciones públicas sobre el tema glifosato y, en otro punto, también la obliga a suministrar “toda la documentación vinculada a viajes, visitas o contactos (en persona, teléfono o Internet) con el gobierno de Estados Unidos, gobiernos extranjeros o cualquier agencia no gubernamental” en la que también se mencione al herbicida sospechoso de ser cancerígeno.

El fallo especifica que el término "comunicaciones" con el que intima a la ONG a entregar información "busca tener el significado más amplio posible e incluye cualquier contacto o acto en el que se transmite información o conocimiento entre dos o más personas" y enumera que eso engloba emails, documentos electrónicos, presentaciones PowerPoint, mensajes de texto, encuentros cara a cara, videoconferencias y conversaciones telefónicas, entre otros.

En su lectura de la resolución judicial, la organización argumentó que los documentos pedidos incluyen deliberaciones internas, diálogos con funcionarios públicos, conversaciones con periodistas y las comunicaciones con sus miembros en todo el mundo, lo que es información privada resguardada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que protege derechos fundamentales como la libertad de expresión y de libre asociación.

 

"Imaginá un mundo donde cada vez que llamás a tu gobierno para regular una corporación porque la ciencia demostró que sus productos podrían enfermar a la gente, esa corporación podría obligarte a revelar todo lo que vos y tus amigos alguna vez escribieron o dijeron en privado sobre ellos. Ese es el mundo que Monsanto espera crear”, se quejó la subdirectora de Avaaz, Emma Ruby-Sachs.

Contactados por Télam, desde la filial de la multinacional en Argentina negaron esa interpretación, afirmaron que es parte de la política de la empresa respetar los derechos humanos, entre ellos el de libertad de expresión y resaltaron que trabajan con ONGs y asociaciones civiles de todo el mundo, especialmente las vinculadas a la población rural y el medio ambiente del sector agropecuario.

Por otro lado, negaron que el requerimiento judicial incluya datos de argentinos que hayan participado en las campañas de Avaaz en el país. “No se pide información individual de nadie que haya firmado alguna vez de buena fe las peticiones de la organización”, afirmaron.

Resaltaron que la palabra “Argentina” no aparece en ninguna de las páginas de la resolución y que lo solicitado se limita a lo relacionado con los dos casos específicos que se investigan en Illinois ejerciendo su derecho a defensa.

Avaaz sostiene lo contrario y en su apelación ante el tribunal de Nueva York mencionó expresamente su campaña en Córdoba: “La citación, de acuerdo con sus términos, exige la producción de miles de documentos sobre la campaña en curso de Avaaz para detener la fusión entre Monsanto y Bayer y su exitoso esfuerzo de 2013 para detener la construcción de una fábrica de semillas en Argentina”.

"Avaaz venció a Monsanto en Europa y en Argentina, por lo que nos persiguen en los tribunales estadounidenses. Monsanto es famoso por su acoso corporativo, pero esta vez decidieron pelearse con un movimiento de casi 50 millones de personas que van a contraatacar”, manifestó Ruby-Sachs.

La ONG, junto a organizaciones sociales, vecinales y ambientales, lucharon contra la instalación de una planta de semillas de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas, ubicada a 14 kilómetros de la ciudad de Córdoba, proyecto que finalmente fue abandonado tras un acampe que duró más de tres años en el ingreso del predio de 28 hectáreas que pertenecía a la multinacional y varios fallos judiciales en contra de la fábrica.

En 2012 Monsanto había anunciado inversiones superiores a los $1.500 millones para la construcción que de acuerdo a su sitio web iba a estar terminada en dos años, pero en agosto de 2016 levantó el emprendimiento debido a la resistencia de los ambientalistas que a la vez ejercieron fuerte presión ante el Gobierno provincial para evitar la autorización.