A principios del mes próximo, el sistema financiero argentino tendrá un banco menos operando. Será el Finansur, hoy propiedad del ex Grupo Indalo y cuyo futuro estaría sellado: desaparecer con institución autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que terminará por liquidarlo. El 9 de marzo vence el plazo de inhabilitación dispuesto por la entidad rectora del sistema financiero local debido a que los dueños del Finansur no han logrado avanzar en un plan creíble de reestructuración de sus actividades.

De hecho, se trata de la cuarta suspensión consecutiva desde noviembre del año pasado, con lo cual el banco, que ahora es controlado por el fondo OP Investment, a su vez dueños del Grupo Ceibo, acumulará 120 días sin brindar servicios. Esto es el plazo máximo de suspensión para una entidad que permiten las normas bancarias. Por lo tanto, son dos los caminos que podrá seguir el Finansur. Su venta a otro banco o su liquidación final. Y en el mercado aseguran que la opción más probable es la segunda. 

De tomarse esta determinación el Finansur se convertirá en el primer banco en ser liquidado después de 16 años, ya que el anterior fue el Scotiabank en 2002, cuyos activos fueron absorbidos por los bancos Macro y Comafi. La entidad, en ese momento manejada por capitales canadienses, había sido suspendida por primera vez en abril del mismo año "en virtud de los problemas de liquidez" que padecía y que habrían sido originadas en virtud de  resoluciones judiciales surgidas de amparos contra el corralito.

En el caso del Finansur, en el mercado advierten que para seguir el mismo camino que el Scotiabank la liquidación debe tener el visto bueno del juez federal Julián Ercolini, quien ordenó una inhibición general de los bienes de los anteriores dueños de Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, en el marco de la causa donde se procesa a ambos empresarios por defraudación al Estado. Es la misma causa que investiga la maniobra mediante la cual los empresarios usaron $8.000 millones de un impuesto a los combustibles que debían liquidar ante la AFIP para la expansión de Indalo durante el gobierno kirchnerista.

Con ambos presos, Ercolini debería permitir el levantamiento de una medida cautelar que ordenó la inhibición de los activos para que el Central pueda proceder a liquidar el Finansur. De hecho, se asegura que la AFIP ya le habría enviado una carta al magistrado solicitando ese proceso. Sin embargo, fuentes del Grupo Ceibo aseguran que no hace falta tener la venia judicial en un caso de liquidación como el del Finansur. Y sostienen que solamente debe definir el Banco Central.

Agregan que una vez liquidado, los clientes del Finansur con depósitos en la entidad pasarán a operar con el Banco Galicia. En el caso de los empleados, que son cerca de 130, alrededor de 73 continuarán como personal del Galicia y otros deberán ser indemnizados. Mientras tanto, los clientes con préstamos formarán parte de un fideicomiso. En el caso de las 10 sucursales, es probable que también sean adquiridas por el Galicia.

Según los abogados del Grupo Ceibo, la situación se resuelve de dos formas. Una puede ser la liquidación del Finansur al estilo de una quiebra. En ese caso, tanto los depositantes como el personal deberán iniciar acciones legales para poder cobrar. La otra opción permite la venta de los activos y algunos pasivos privilegiados del Finansur para hacer frente a las deudas. Y el resto se liquida como en una quiebra. Se trata de la propuesta realizada por el Galicia ante las autoridades del Banco Central, en la cual el resto de los acreedores deberán esperar la liquidación para cobrar. 

Más allá de la variante que se termine usando, a las arcas del Grupo Ceibo no ingresarán fondos, a pesar de la necesidad que este conglomerado tiene de obtener capital para poder sostener el resto de sus operaciones.

El fondo OP Investment, propiedad del financista Ignacio Rosner, heredó la crisis tanto del Finansur como del resto de las empresas del ex Grupo Ceibo luego de hacer una oferta para adquirir las operaciones de este conglomerado creado por Cristóbal López en los años del kirchnerismo. En el caso del banco, mantuvieron el contrato con Martín Redrado que había firmado López para que el ex presidente del Banco Central acercara un posible comprador. Incluso, se alcanzó un acuerdo con la familia Fiorito que fue presentada ante el Central que terminó por rechazarla.

Este hecho, sumado a la orden de prisión para Cristóbal López y Fabián De Sousa, además del proceso abierto por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que involucra al Finansur, habrían alejado a otros posibles candidatos a comprar el banco. En especial, porque la investigación del organismo a cargo del control sobre el lavado de dinero podría derivar en multas por hasta $1.200 millones.

En la actualidad, el Grupo Ceibo, heredero de los activos del holding creado por Cristóbal López, es propietario del 70% del capital del Finansur. Otro 23,54% se mantuvo en manos de la familia Sánchez Córdoba, fundadora del banco pero que fue separada de su administración cuando desembarcó un equipo de exfuncionarios del BCRA capitaneados por Juan Basco y Raúl Planes y coordinados desde afuera por Martín Redrado. En tanto el ex Exxel Group, Jorge Demaría, posee el 5,9% restante.

Cristóbal López, quien pasa sus días en una celda de la cárcel de Ezeiza, adquirió el banco en marzo de 2012 y se supone que el dinero para la operación provino de los fondos que no giró Oil Combustibles, a la AFIP en concepto del impuesto a la transferencia de combustibles durante, por lo menos, seis años.

Esa maniobra generó la causa por defraudación que llevó a López y a su socio Fabián De Sousa a prisión y el reclamo de la AFIP de una deuda que hoy llega a los $17.000 millones.

En cuanto al Finansur, los nuevos dueños del ex Grupo Indalo no lo consideran como un activo estratégico y le pusieron el cartel de venta.