El Gobierno decidió impulsar en el Congreso Nacional el debate en torno al cobro de la atención médica a extranjeros en el país, en medio de la polémica por el rechazo de Bolivia al pedido de reciprocidad de la Argentina en materia de prestaciones sanitarias.

En este contexto de debate y en línea con la postura de la Casa Rosada, diputados del oficialismo encabezados por el radical Luis Petri presentaron este martes el Congreso un proyecto que establece "un régimen de reciprocidad, compensación y arancel para extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud", aunque le agregaron otro ítem: "La educación universitaria".

El proyecto de Petri, que fue acompañado por los diputados de Cambiemos Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor, entre otros, establece un régimen de "reciprocidad, compensación y arancel" para extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud y educación universitaria.

Según señaló Petri, el objetivo del proyecto es "garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios".

En virtud del proyecto, la situación de quienes revistan la calidad de "residentes permanentes" se mantiene inalterable, pero cuando se trate de aquellas personas que ingresan al país con carácter temporario, transitorio o precario, se establece el acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre que los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países.

De lo contrario –en caso de no existir reciprocidad ni compensación entre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina–, el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados.

Como última instancia –sólo en el supuesto en que no exista reciprocidad de trato, ni exista convenio de compensación entre la Argentina y el Estado del cual proviene el residente transitorio, temporal o precario–, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer "tasas retributivas" o "aranceles" para afrontar el costo de los servicios de salud y educación.

El proyecto en cuestión ya venía siendo trabajado hace tiempo, en sintonía con la posición del Gobierno de Mauricio Macri, aunque tomó la delantera en la agenda oficial en medio de la polémica por la decisión de Bolivia de rechazar el pedido de reciprocidad para que adopte la misma postura que la Argentina y brinde cobertura a los inmigrantes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino, gobernado por Evo Morales, envió un comunicado a la embajada argentina en el que descarta la "suscripción de un Convenio en Materia de Asistencia Médica", en medio de la tensión generada con la administración de Jujuy por este tema.