Antes de abandonar su cargo como titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Alberto Abad se comprometió ante Mauricio Macri en terminar de poner en marcha la parte más importante, en el corto plazo, de la reforma impositiva: la que le permitirá al Gobierno aumentar la recaudación.

Para esto, el organismo ya envió a la jefatura de Gabinete de Marcos Peña los textos de los decretos para que se firmen en Presidencia las dos normas clave que permitirán subir la recaudación mensual: el pago de renta financiera para los no residentes y el "revalúo" como alternativa al ajuste por inflación.

Las dos medidas se suman a la aplicación del IVA a los servicios vía internet y al impuesto a los combustibles que ya están aplicándose. Con estos decretos, y sus correspondientes resoluciones generales, Abad habrá cumplido con el compromiso de poner en práctica los cambios impositivos de aplicación directa y recaudación mensual y quedará para su sucesor, Leandro Cuccioli, completar todo el paquete tributario, señala Ámbito Financiero.

Esto incluye el capítulo más complejo, de la creación y reglamentación del nuevo impuesto a la renta financiera y los mecanismos de toma de ganancias de las inversiones de capital. 

El primer punto a acelerar es el pago del tributo a la renta financiera para las personas físicas no residentes, una modificación que fue introducida en el texto original de la reforma impositiva por el Frente Renovador de Sergio Massa como condición para que aporten sus votos en el Congreso.

A diferencia del impuesto a la renta financiera para residentes, que declaran sus movimientos una vez al año (con lo que la reglamentación puede esperar), en el caso de los extranjeros (que no presentan declaraciones juradas), la liquidación debe concretarse cada vez que se obtiene una renta con lo que el pago es inmediato a cada operación financiera que genere ganancias. 

Sobre el "revalúo", el Gobierno quiere que el sistema que reemplace la amenaza de una aplicación del "ajuste por inflación", esté ya vigente antes de abril.

La idea del Gobierno es que en el texto del Presupuesto para 2018 que el Gobierno presentará en sociedad en septiembre, se incluya una nueva fórmula, basada en un "revalúo optativo" de determinados bienes de empresas afectados por la inflación.

La aplicación del nuevo esquema impactaría entre el 5% y 10% del valor del bien y debería aplicar los reclamos de los privados. Al menos hasta que se discuta un cambio de fondo en la nueva ley de reforma tributaria que se aplicaría desde 2019, las empresas tendrían un primer alivio al aumento de los valores de sus activos por el alza de los precios y no por la mejora en las rentabilidades de sus empresas, señala el matutino.