Los próximos días serán decisivos para conocer el futuro del ex Grupo Indalo y de sus 4.000 trabajadores. Hoy en manos del fondo OP Investment que rebautizó como Grupo Ceibo es más que probable que la desaparición de algunas de sus empresas, la quiebra de otras y la venta a nuevos dueños sea el destino final del conglomerado de empresas creado por Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa durante el anterior gobierno kirchnerista.

Es más, por estas horas Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, los socios de OP Investment, analizan las variantes para continuar con su proyecto de reestructuración del grupo. 

La situación se tornó cada vez más complicada para ambos ejecutivos debido a las insistentes negativas de la AFIP a aceptar todas las propuestas de salvataje financiero presentadas ante los juzgados que intervienen en las causas que involucran a varias de las empresas del ex Grupo Indalo. La principal tiene que ver con Oil Combustibles, la petrolera con la cual Cristóbal López financió al expansión del holding a partir de no girar $8.000 millones al ente recaudador que hasta hace unas semanas dirigía Alberto Abad -producto de haberse quedado con varios años de la recaudación del denominado Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC)-.

La decisión impulsó una denuncia de la AFIP por defraudación y evasión que derivó en la prisión para Cristóbal López y Fabián De Sousa y dio origen a la operación mediante la cual Rosner y Dellatorre desembarcaron en Indalo. También, en las causas que llevan adelante los jueces Julián Ercolini en el fuero penal, y Javier Cosentino, en el civil y comercial y a través de las cuales se investigan varias supuestas maniobras delictivas y el pedido de apertura del concurso preventivo para Oil Combustibles.

En las últimas horas se conoció un informe de los coadministradores designados por el juez Cosentino en el cual se detallan pagos desde Indalo a varias figuras políticas y del ambiente económico y los honorarios que venían cobrando los socios de OP Investment por sus funciones al frente del rebautizado Grupo Ceibo. Además de este documento, iProfesional accedió a otro informe redactado por los mismos veedores judiciales que marcaría la decisión casi tomada de Rosner y Dellatorre de dar marcha atrás con sus planes para refundar el conglomerado empresario.

Se trata de un documento que rechaza el pedido del fondo para que Oil pueda comprar combustible en el mercado local a partir de dos contratos de abastecimiento con Pampa Energía, para nafta, y Trafigura para gasoil. El convenio daba cuenta de la necesidad de cerrar ambos convenios para sostener las actividades de la red de estaciones de servicio de Oil y permitir así la continuidad laboral de los 400 trabajadores de la compañía.

De hecho, desde que la refinería de San Lorenzo dejó de abastecer a las estaciones de servicio, Oil ya perdió el 10% de sus 400 bocas de expendio. Y, de continuar la situación con el actual escenario de desinversión, es posible que más estaciones de servicio se sumen a los cambios de bandera, como ya lo hicieron 40 establecimientos hasta ahora.

En OP Investment admiten que esta situación se profundizará, más teniendo en cuenta que los coadministradores judiciales de Oil se oponen a esta solicitud que OP Investment hizo ante el juez Cosentino como última posibilidad para mantener a la petrolera activa y evitar su cierre. El pedido se hizo luego de que, por falta de fondos, debió frenar las actividades de su refinería de la localidad santafesina de San Lorenzo. A la petrolera tampoco se le autorizó la importación de combustible que le iba a proveer el gigante ruso Lukoil por presiones de la AFIP.

Ahora, los coadministradores judiciales Carlos Bianchi, Francisco Carrega y Luiva Lencova Bisheva, le enviaron al juez Cosentino un documento de cinco páginas en el cual argumentan las razones por las cuales se oponen al pedido de compra de nafta y gasoil presentado por Oil para seguir abasteciendo a su red de estaciones de servicio.

Si bien describen la crítica situación financiera por la que atraviesa la petrolera y la necesidad de adoptar medidas urgentes para mantenerla operativa, advierten que esta situación "no puede servir de plataforma para celebrar un contrato que, prima facie, no pareciera ser beneficioso para la concursada". En este sentido, cuestionan la oferta de Trafigura, grupo holandés dueño en Argentina de la marca de estaciones de servicio Puma, por ofrecer menor cantidad de gasoil que la necesaria y formas de pago desfavorables para Oil, entre otros aspectos.

Agrega que el uso de cheques en cartera para cancelar este contrato "implica utilizar los últimos niveles de liquidez que presenta la empresa, lo cual es sumamente delicado en atención a las urgencias financieras que la concursada exterioriza". A modo de ejemplo, aseguran los coadministradores que Oil no podrá abonar $50 millones de obligaciones fiscales por falta de fondos".

Por lo tanto, los firmantes del documento consideran que se trata de un contrato "que no sería beneficioso para la concursada y adicionalmente no contribuiría a evitar un incremento del pasivo post concursal ni a reducir el pasivo ya generado".  Según la causa judicial que lleva adelante el juez Cosentino, en el primer caso se trata de una deuda de casi $1000 millones generada en los últimos meses por falta de pago del ITC. En el segundo aspecto, la deuda reclamada por la AFIP supera largamente los $10.000 millones.

De hecho, OP Investment propuso a la AFIP y a la justicia cancelar el pasivo post concursal con fondos provenientes de estos acuerdos y de dinero que hoy está embargado por el ente fiscal y que reclama se libere. En el caso del pasivo incluido en el concurso preventivo, sería cancelado con un plan que se presentaría una vez que el juez Cosentino habilite a Oil su proceso concursal, lo cual todavía no ocurrió.

En relación a la propuesta de Pampa Energía, el informe de los coadministradores sostiene que se encuentran "abocados a comprender su viabilidad técnica y comercial en el marco de la eventual reanudación de las actividades productivas de la concursada". Considerando que Oil Combustibles y el negocio petrolera es para los dueños de OP Investment un sector estratégico, el eventual rechazo de la justicia al plan de compra de combustibles en el mercado local dejaría ya casi sin chances de reactivación al negocio.

Este escenario y el ahogo financiero que la empresa sufre, más que nada por las insistentes negativas de la AFIP a permitir cualquier estrategia de salvataje, provocarían la quiebra de la empresa, el cierre definitivo de su refinería, el cambio de bandera de toda su red de estaciones de servicio y el despido de los 400 trabajadores. Esto además causaría un efecto cascada en el resto de las empresas del ex Grupo Indalo que también entrarán en default o serán vendidas en el marco de los procesos judiciales en los cuales están involucradas.

Otro caso es el de la constructora CPC, que tiene sus actividades totalmente paralizadas, no participa de las licitaciones de obras públicas lanzadas por el Gobierno y tampoco tiene chances de cobrar los contratos ya vencidos con varios organismos públicos.  En el caso del grupo de medios que gerencian los dueños de OP Investment también bajo el paraguas de Grupo Ceibo, la única alternativa aún vigente es la oferta presentada por Daniel Vila , José Luis Manzano y Claudio Belocoppit, dueños del Grupo América.

Se trata de una propuesta que solamente involucra a las tres radios y los dos canales de cable. Es decir, Radio 10, Mega y Pop, además de C5N y CN23, con una oferta que presentaron ante el juez Cosentino pero que todavía no fue considerada por el magistrado. En el caso de las productoras La Corte e Ideas del Sur, el futuro sería la quiebra, mientras que para el diario Ámbito Financiero hasta ahora no se ha encontrado una solución, salvo que pueda ser gerenciado por el staff periodístico actual. 

Con este escenario de incertidumbre, fuentes cercanas a Rosner admiten que la cantidad de señales negativas recibidas tanto desde la justicia como desde la AFIP hacen cada vez más difícil seguir sosteniendo el objetivo de sostener al ex Grupo Indalo. Se cree en la existencia de un plan oficial para forzar la desaparición del hoy conocido como Grupo Ceibo. De hecho, hasta se advierte sobre que el destino del grupo ya está decidido, más que nada por el mismo gobierno nacional.