Además de haber sido apartados de la administración de Oil Combustibles S.A. (OCSA), Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre fueron acusados de vaciar la compañía y de haber cobrado más de $44 millones en concepto de honorarios durante los cuatro meses que estuvieron al frente de la petrolera.

Así se desprende del fallo del juez Javier Cosentino por el cual se decidió la intervención de la empresa fundada por Cristóbal López y que desde octubre del año pasado venía siendo administrada por los dueños del fondo OP Investment.

El magistrado, a cargo del concurso preventivo de acreedores de Oil Combustibles, decidió separar a Rosner y Dellatorre, y reemplazarlos por los actuales coadministradores designados por él, luego de haber analizado los informes redactados por estos funcionarios judiciales sobre el proceder de ambos en la empresa petrolera.

En sus presentaciones, los coadministradores enumeran un gran cantidad de supuestas irregularidades que terminaron por convencer al juez Cosentino de intervenir la compañía.

Por caso, se asegura haberse verificado falta de suministro de información sobre la sociedad; "notable" aumento del pasivo post concursal, tanto impositivo como comercial; aprobación de honorarios por sumas de importante magnitud a pesar de que la sociedad se encuentra en concurso preventivo e incluso en situación de reducción de capital obligatoria.

También se cuestiona la conformación de un "Centro de Costos Corporativos" que implicó un pasivo de más de $2 millones en dos meses a cargo de OCSA, que se halla en una situación de crisis extrema. Se habla de contrataciones de servicios externos "por sumas relevantes" sin que al menos en algunos casos se haya justificado la prestación de tales servicios. 

Se critica la "desatención de la regla de prudencia y austeridad aconsejada invariablemente por la sindicatura y se informa que Rosner y Dellatorre fueron tomados como personal en relación de dependencia desde el 14 de diciembre del año pasado, al igual que otro grupo ejecutivos recientemente sumados "sin asignación específica de sector y con importantes salarios".

Además, hacen referencia a "ciertas irregularidades detectadas en torno a algunas contrataciones, que no se compadecen con la situación de la empresa y que no la benefician". 

Verificaron la existencia de una serie de contratos por servicios profesionales externos prestados en beneficio de terceros (ex directores y otras sociedades del grupo) cuyos honorarios fueron afrontados por OCSA sin que en algunos casos se haya constatado si efectivamente esos servicios fueron prestados.

Los coadministradores hacen referencia también a la creación, en diciembre del año pasado, de un Centro de Costos Corporativo por decisión del Directorio al cual se sumó un grupo de colaboradores con un gasto de $2,2 millones desde su creación a febrero pasado. 

Aseguran que hubo contrataciones irregulares de servicios a empresas también propiedad de Rosner y Dellatorre como el caso de la consultora OP Management, sin haber advertido que las tareas profesionales de esta sociedad "se hubieran prestado en beneficio de OCSA sino de sus Directores, y no imputados debidamente a sus cuentas particulares".

Advirtieron también sobre duplicidad de tareas entre ejecutivos incorporados por Rosner y Dellatorre y personal que ya  cumplían las mismas funciones en la petrolera o prestaban servicios para el rebautizado Grupo Ceibo. 

"En cuanto a los contratos de servicios externos, algunos de ellos fueron asumidos por el actual directorio y prestados por profesionales de renombre, por montos impactantes al menos en tres supuestos", agregan los coadministradores en su informe.

Ahora convertidos en interventores de Oil Combustibles, los funcionarios judiciales hacen referencia también a un informe de la sindicatura presentado en marzo del 2017, donde ya se advertía sobre un exceso en el pago de honorarios de Directores y Síndicos y se reclamaba la adopción de una "política mucho más austera" dada su crítica situación.

Se agrega que en otro informe posterior, de diciembre del año pasado, se informó sobre un saldo acumulado "de la provisión al 31/12/17 correspondiente al ejercicio iniciado el 01/07/17 (equivalente a seis meses de gestión) por $44.858.364,72, de los cuales $14.518685,33 (el 32,37% del total) corresponden a los movimientos del mes de diciembre, con una nueva recomendación de adopción de una política de austeridad".

Se sostiene en ese documento que, en total, los directores habían percibido en el semestre $29.157.937,08 y que a partir de diciembre los directores Rosner y Dellatorre además habían comenzado a percibir sueldos como empleados en relación de dependencia. 

En cuanto a las deudas, se estableció un pasivo post concursal por $1.482 millones al 1/03/18. Es decir, casi $300 millones más que el informado a fines de diciembre del año pasado.  Y se asegura que el Sindicato de Petroleros habría alertado a sus afiliados para que resguarden las reservas de stock en planta ante una eventual "maniobra de vaciamiento", además de ciertos hechos verificados en la planta de San Lorenzo relativos a su seguridad. 

Los ahora interventores verificaron además transferencias "relevantes" hacia otras sociedades del grupo sin que en principio ello pudiera derivar en algún crédito para OCSA, que en el mismo período paralizó su refinería y desabasteció a sus estaciones de servicio generando gastos corrientes por u$s2,7 millones.