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Videos de corrupción y el caso Odebrecht, las razones que motivaron la renuncia de Pedro Kuczynski a la presidencia de Perú

21-03-2018 El mandatario dimitió a su puesto antes de que se realizara una votación en el Congreso que iba a decidir su destitución. Fue luego de que grabaciones mostraran a aliados del oficialismo comprando votos a cambio de cargos políticos y obras públicas
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El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció este miércoles a su cargo, un día antes de una prevista votación de su destitución en el Congreso y luego de la difusión de videos con imágenes de aliados del mandatario presuntamente intentado comprar votos a cambio de obras.

El gobierno de PPK, como se conoce en Perú a Kuczynski, terminó tras un año y siete meses. El Congreso debatiría y votaría por segunda vez la destitución del mandatario, tras el fracaso del primer intento en diciembre.

No se confirmó cuál será la posición de los vicepresidentes primero, Martín Vizcarra, y segunda, Mercedes Aráoz, que en ese orden deberían reemplazar al renunciante Kuczynski, reportó el diario local La República.

El turbulento gobierno llega a su fin tras constantes fricciones entre el Ejecutivo y el Congreso, lo cual conllevó a la censura de diferentes ministros y también a que se presentaran dos pedidos de vacancia presidencial.

La magnitud de la crisis del gobierno se evidenció cuando esta mañana el secretario general del partido gobernante Peruanos por el Kambio (PPK), Salvador Heresi, le pidió al presidente Kuczynski que renuncie al cargo "por dignidad" ante la crisis desatada por la publicación de videos que muestran a sus aliados intentando comprar el voto de otros congresistas para evitar su destitución.

"Lo que hemos visto en los videos propalados ayer es vergonzoso y afecta gravemente nuestra democracia", enfatizó Heresi, también legislador oficialista, en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter en la que adelanta que votará a favor de destituir al mandatario si Kuczyinski no dimite.

"Le pido que renuncie pensando primero en el Perú. Si no lo hace, anuncio que votaré a favor de la vacancia", escribió y apeló en su reclamo "a la dignidad del Presidente de la República".

También el legislador oficialista Pedro Olaechea se expresó en el mismo sentido. "La investidura presidencial va más allá de las personas. Se necesita proteger las instituciones. Por eso, con mucho pesar, señor presidente, le pido que dé un paso al costado", tuiteó.

La difusión de los videos en los que el legislador Bienvenido Ramírez y uno de los abogados de Kuczynski, Alberto Borea, le ofrecen a un parlamentario opositor empleos en el Estado para colaboradores suyos y obras públicas a cambio de que voten mañana contra la destitución del mandatario que debatirá el Congreso peruano, inclinó la balanza de los votos en contra de la continuidad del presidente, según los medios locales.

La oposición estaría sumando más de 90 adhesiones a la destitución, tres más que las 87 necesarias, luego de que desde la mayoritaria bancada Fuerza Popular difundieran las imágenes del disidente Kenji Fujimori y otros miembros de su bloque intentando torcer voluntades en favor de Kuczynski, informó el diario limeño El Comercio.

Odebrecht
La Justicia peruana exigió hace dos meses el equivalente a unos u$s1.000 millones a la empresa brasileña Odebrecht en concepto de reparación civil en favor del Estado por los daños y perjuicios causados al país por sus prácticas de corrupción.

El procurador especial para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, estimó el resarcimiento en 3.468 millones de soles, equivalentes a unos 1.000 millones de dólares, en consideración a tres proyectos desarrollados por la constructora en los que hubo prácticas de corrupción: el Gasoducto Sur Peruano, la carretera Chacas en Áncash y los tramos 2 y 3 de la ruta Interoceánica Sur, según informó este lunes la prensa local.

Ramírez lamentó que la compañía brasileña haya ofrecido tan solo pagar u$s66 millones de indemnización, aproximadamente el doble del monto que presuntamente pagó en sobornos.

"Nosotros esperamos que la empresa Odebrecht cambie de actitud, no es posible que ofrezcan 66 millones de dólares de reparación civil; considero que ellos tienen que reflexionar y si quieren enmendar espero que propongan un monto mayor", afirmó el procurador en declaraciones al programa local Cuarto Poder.

El portavoz de Odebrecht en Perú, Rodrigo Vilar, respondió a esta propuesta con una nota en la que subrayó la extrañeza de esa petición, que de hacerse realidad apuntaría a que la reparación sería "30 veces superior al total de los pagos ilícitos".

Así, esa cifra superaría "la suma de todas las reparaciones acordadas" con los otros siete países –Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala– con los que Odebrecht tiene un acuerdo de colaboración.

"En todos estos países fueron utilizadas para el cálculo de la reparación metodologías alineadas con prácticas internacionales, basadas entre otros puntos en el valor de los ilícitos practicados, la eficacia de la información brindada para las investigaciones y la capacidad de pago de la empresa", dijo Vilar.

"Considerando estos factores, el promedio de indemnizaciones acordadas está entre dos a tres veces de los valores pagados ilícitamente", agregó.

En tanto, Odebrecht apuntó que esta y otras iniciativas del gobierno y la Fiscalía peruana conspiran contra la lucha anticorrupción, al disuadir a las empresas a que reconozcan hechos delictivos y a querer colaborar con la Justicia.

El caso Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción de América Latina por los sobornos entregados por la compañía brasileña en distintos países para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas, incluyendo pagos para financiar las campañas electorales de candidatos políticos.

Los sobornos entre 2005 y 2014 de Odebrecht en Perú afectan a toda la clase política.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura internacional; Alan García (2006-2011), investigado por sobornos pagados para construir el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva por presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

También están investigadas la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presuntamente haber financiado campañas electorales con fondos de la compañía brasileña.

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