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Caso Cristóbal López: la Corte Suprema de Justicia pidió investigar a la Cámara Federal que lo liberó

22-03-2018 El Alto Tribunal solicitó al Consejo de la Magistratura que intervenga para discernir cómo se conformó la sala I que excarceló al empresario. Ocurre que Eduardo Farah, quien definió el fallo, no subroga esa sala. Habría sido convocado porque ya había intervenido en el caso. ¿Debió haberse sorteado?
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación instó a que se investigue la conformación de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que días atrás cambió la acusación contra el empresario Cristóbal López y dispuso su liberación y el cambio de carátula, en la causa por la cual está sospechado de no pagar $8 mil millones en impuestos.

Mediante un oficio enviado al Consejo de la Magistratura pidió que se "arbitren los medios" para que se investigue la conformación del Tribunal, integrado por Leopoldo Bruglia, Jorge Ballestero, y Eduardo Farah.

La decisión se debe a que no está claro cómo fue designado Farah, quien no integra esa sala. 

El único juez natural de allí es Ballestero porque Bruglia está subrogando hasta que finalmente se confirme su designación definitiva (resta un decreto presidencial y su jura).

Según trascendió, Ballestero convocó a Farah para integrar el tribunal con el argumento de que este ya había intervenido en una causa conexa.

El trascendido llamó la atención de los jueces de la Corte. Es que de acuerdo a los reglamentos internos, cuando hace falta completar un tribunal debe realizarse un sorteo.

Por tal motivo, se está intentando discernir cómo fue la convocatoria.

En este contexto, el miércoles, la diputada Elisa Carrió también le solicitó al Consejo de la Magistratura que intervenga y que investigue si "hubo dinero" para que Ballestero y Farah se pronunciaran en la forma en que lo hicieron. Y el ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió este jueves darles entidad a los dichos de "Lilita".

En presidente Mauricio Macri hizo público su enojo con el fallo. Dijo que la decisión lo indignó. Farah salió al cruce y le pidió que midiera sus palabras.

Ahora se conoce la decisión suprema.

El fallo de la polémica
El empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, detenidos en diciembre en el marco de una causa por una evasión de $8.000 millones, fueron liberados por decisión de la Cámara Federal.

El juez Leopoldo Bruglia se expresó en contra, pero sus pares del tribunal Eduardo Farah y Jorge Ballesteros definieron la excarcelación.

López estaba detenido en la cárcel de Ezeiza tras entregarse el 19 de diciembre en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional, mientras que su socio apresado el mismo día se encontraba alojado en la cárcel de Marcos Paz.

Ambos empresarios fueron procesados con prisión preventiva por "administración fraudulenta" a raíz del desvío de $8.000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles recaudados en calidad de agente de retención por la compañía Oil Combustibles.

Los procesamientos con prisión preventiva habían sido dictados por el juez federal Julián Ercolini. Ahora fueron revisados por la sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal que ordenó liberar a los empresarios.

"Si el encierro cautelar fuera el modo adecuado de tutelar las acreencias del Estado, no puedo imaginar cuántos otros empresarios debieran estar acompañando hoy, sin juicio de por medio, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. No se necesitaría otra cosa que hacer un repaso por los más voluminosos procesos que transitan en sede comercial", sostuvo Ballestero en su voto por la liberación de los empresarios.

"Me veo en el imperativo de revocar los alcances de la prisión preventiva decretada a Cristóbal López y de Fabián de Sousa, ordenando su inmediata libertad, de no mediar otro impedimento", remarcó el mismo magistrado a cuyo criterio se sumó luego su colega Farah.

"El encarcelamiento de los imputados es incoherente con el criterio adoptado por el mismo juez al mantener la libertad ambulatoria del funcionario público consorte de causa, o el que respecto de ellos mismos se adoptó en otros legajos conexos", sostuvo Farah.

Paralos jueces Farah y Ballestero, el caso de Oil Combustibles era un caso tributario y no un delito penal contra la administración pública.

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