Luego de cinco meses de haber desembarcado en Indalo para encarar un plan de rescate del grupo creado por Cristóbal López, los dueños del fondo OP Investment abandonan el objetivo.

Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre inician este fin de semana la retirada del holding que habían rebautizado como Grupo Ceibo a modo de despegarse de la mala imagen que el empresario kirchnerista tiene ante la sociedad y, en especial, ante el Gobierno y la Justicia.

Ambos financistas tomaron la decisión de "salir del negocio" tras la liberación de López y De Sousa el viernes 16 de marzo y las declaraciones del empresario K identificándose como el único "dueño" de Indalo. Tampoco van a esperar la reunión del lunes próximo entre el juez comercial Javier Cosentino y enviados de la AFIP para consensuar un plan de pagos de la deuda que la petrolera Oil Combustibles (OCSA) tiene con el ente fiscal.

Y menos mirar cómo los interventores designados por el magistrado a cargo del concurso preventivo de acreedores de la nave insignia del grupo inician el camino del desguace de la petrolera y del resto de los activos.

Ni les interesaría ver la insistencia de López para retomar, junto a su socio Fabián de Sousa, el control del holding que había entregado a Rosner y Dellatorre en noviembre del año pasado con la firma de un contrato de compra-venta. En ese momento, la estrategia de Rosner y Dellatorre era iniciar un proceso de reestructuración a partir de Oil Combustibles, la nave insignia del holding.

Hasta llegaron a ofrecer la incorporación el grupo ruso Lukoil como socio estratégico de la petrolera para inyectar inversiones y pagar la deuda de más de $8.000 millones con la AFIP. También propusieron la venta de activos que consideraban no estratégicos, como los medios de comunicación de Indalo y otras empresas alejadas del negocio de los hidrocarburos.

Sin embargo, el contrato con los fundadores de Indalo nunca se concretó. Debía tener la aprobación de la Justicia. Más que nada, del juez federal, Julián Ercolini, quien lleva la causa penal por la cual López y De Sousa fueron encarcelados y pasaron cuatro meses en los penales de Ezeiza y Marcos Paz.El magistrado nunca autorizó la venta y usó el contrato para justificar su fallo por el cual envió a los dos empresarios a la cárcel.

Todo este cóctail de problemas, sumado a la negativa de la AFIP a los planes de salvataje propuestos por OP Investment y a la crisis que abrió en la justicia la excarcelación de López y De Sousa, terminaron por convencer a Rosner y Dellatorre de abandonar sus objetivos y correrse.

"Tras haber recibido oposición de la AFIP a todas nuestras propuestas tendientes a normalizar la situación operativa, económica y financiera de de Oil Combustibles S.A. (OCSA), y tras haber trabajado durante más de cuatro meses en desarrollar planes de negocios con diversos socios estratégicos, incluyendo el presentado el 15 de noviembre en la justicia nacional en lo comercial (Justicia Comercial), hemos decidido empezar a transitar nuestra salida", sostienen ambos financistas en un comunicado.

Agregan haber advertido desde un principio "que la implementación de las soluciones que propusimos eran urgentes debido al descalabro financiero existente, y que de otro modo se cortaría el suministro de combustibles con el consecuente riesgo de pérdida de la red de estaciones de servicio (principal activo de la empresa)".

Entre las explicaciones esgrimidas para su salida agregan:

i) La AFIP rechazó todas las propuestas que recibió sin siquiera molestarse en proponer o sugerir cambios que pudieran hacer las mismas aceptables.

ii) La demora desde noviembre de 2017 de la justicia nacional en lo criminal y correccional federal (Justicia Penal ) en aprobar la transferencia de la propiedad de las acciones de OCSA a OP Investments, entre otras, para poder garantizar a los inversores opciones de ingreso al capital, la identidad de con quién contratan y la licitud de dicha contratación, condiciones necesarias para un inversor pueda cumplir con las normas de KYC. lavado de dinero, FCPA, entre otras.

iii) Que no se han podido liquidar activos no estratégicos para fondear capital de trabajo y pagar deuda fiscal, al no obtenerse las autorizaciones necesarias por la existencia de inhibiciones sobre los activos de OCSA y sus sociedades controladas, improcedentes por haber sido trabadas en causas de naturaleza penal contra sus accionistas, lo que ha impedido formalizar innumerables potenciales operaciones de venta de activos no estratégicos.

iv) La indisponibilidad de contar con cuentas bancarias para operar un giro de negocios por cerca de $17.000 millones.

v) La incertidumbre creada en torno al pasivo concursal en relación al monto, por un lado conforme a las disposiciones de la ley 27.260 que dispone la posibilidad de adherirse a un plan de pagos, aplicable en el marco del Concurso Preventivo, contra los $17.000 millones que dice adeudársele la AFIP en razón de la acción civil iniciada ante la Justicia Penal por el Dr. Gil Lavedra, abogado contratado por la misma AFIP. Ello hace que sea incierto el monto del pasivo fiscal y la condición de pago para los potenciales inversores.

vi) La inseguridad jurídica e institucional que genera la caída y reapertura del Concurso Preventivo, la intervención de diversos fueros en un tema puramente comercial, la conducta errática de la AFIP y la indefinición del Poder Ejecutivo Nacional.

vii) La confusión y daño que produjo no separar la responsabilidad de los accionistas o directivos, de la responsabilidad de las empresas, tal como mandó establecer la resolución de la Sala D de la Cámara Comercial conforme a los principios básicos de derecho comercial argentino y otras legislaciones modernas.

Esa indebida confusión entre los titulares de las acciones y nosotros, alentada mediáticamente en forma desmesurada, nos puso en un "estado de sospecha" que no hemos podido revertir.

viii) La falta de voluntad de seguir el principio rector de la Ley de Concursos de la conservación de la empresa y la preservación de las fuentes de trabajo sumado al desinterés de la AFIP de buscar soluciones que permitan cobrar, en la máxima medida posible su crédito fiscal dentro de los parámetros fijados por la Justicia Comercial.

ix) La imposibilidad de los ejecutivos de atender de forma simultánea a los requerimientos de la Justicia Comercial, de la Justicia Penal, de los Coadministradores, de los Síndicos, y de los veedores de OCSA a la par de atender y solucionar en tiempo real una emergencia comercial, financiera y económica.

En función de estos fundamentos decidieron iniciar ordenadamente la salida.

"Nuestros asesores legales están evaluando distintas alternativas, entre ellas poner a disposición nuestra posición contractual respecto de OCSA, terminar el contrato de compra por las acciones de OCSA, prestar el consentimiento para renunciar al período de exclusividad de modo de posibilitar la apertura del salvataje legal ("cramdown") en favor de un candidato que asegure la continuidad de la empresa", sostienen.

Y agregan que también consideran "el pedido urgente de venta de activos para cancelar deuda y generar capital de trabajo y otras alternativas viables para la continuidad de la empresa y la preservación de los puestos de trabajo".