Un juez brasileño decidió prohibir protestas y campamentos en los aledaños de la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el sur de Brasil, donde el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a cumplir la pena de 12 años de prisión por corrupción. 

Según fuentes oficiales, la decisión fue tomada en la noche del sábado por el juez Ernani Mendes Silva Filho tras verificar "aglomeración de personas y movimientos que pueden ocasionar transtornos a los vecinos de la región y grave lesión al orden de la seguridad".

Durante la noche, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, había convocado a la militancia de izquierdas a "ocupar" Curitiba hasta que el expresidente brasileño sea liberado.

"Ahora mismo comenzamos la campaña. Vamos para Curitiba, vamos acampar allá hasta conseguir la liberación del compañero Lula", había advertido Hoffmann frente a las puertas del sindicato en que el expresidente se atrincheró después que el juez Sérgio Moro dictó una orden de prisión en su contra, a la que resistió hasta hoy, cuando anunció su entrega.

Hoffmann se dirigió a miles de personas que se habían apiñado desde el pasado jueves frente a ese sindicato en apoyo al expresidente y aseguró que desde este domingo las fuerzas de izquierda iban a estar en Curitiba, exigiendo la libertad de Lula ante "los magistrados golpistas de la Corte Suprema".

"No vamos a descansar", enfatizó la presidenta del PT, cuando Lula aún estaba en el sindicato tras dirigirse a sus simpatizantes y anunciar que se iba a presentar a las autoridades para comenzar a cumplir la pena de doce años que le fue impuesta por corrupción asociada a los escándalos en la estatal Petrobras.

En la que fue su última aparición pública ante sus seguidores antes de ir a la cárcel, Lula había adelantado que iba a acatar la orden de prisión para mostrar "lo que es responsabilidad" y "probar" su inocencia.

"No estoy por encima de la Justicia. Si no aceptase la justicia no habría creado un partido político sino promovido una revolución", agregó, pero apuntó: "Creo en la Justicia, pero en una Justicia justa, con un proceso basado en pruebas concretas".

Lula fue condenado en enero en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por cargos de corrupción en el contexto del Lava Jato, una megacausa que salpica a casi toda la clase política brasileña.

La Justicia rechazó varios recursos de su defensa para evitar una orden de arresto, aunque los abogados de Lula sostienen que aún no se agotaron todas las instancias, y por lo tanto esta orden de arresto les resulta arbitraria.

Lula ya pasó su primera noche en una "sala especial" reservada para él, que tiene apenas 15 metros cuadrados. Se ubica en el cuarto piso de la sede y ha sido habilitada en virtud de su condición de exmandatario.

La Policía indicó además que el líder del Partido de los Trabajadores solo podrá recibir visitas los miércoles de sus familiares más próximos, mientras que el resto necesitará una autorización judicial.

En la sede de la Policía Federal de Curitiba se encuentran 20 detenidos, siete de ellos por el caso Petrobras, el gigantesco escándalo de corrupción destapado en el seno de la petrolera estatal por el que ha sido condenado Lula, además de otros importantes políticos y empresarios.