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Lo dice la Justicia: estaciones de servicio de Oil Combustibles no podrán rescindir mientras dure el salvataje

13-04-2018 La disposición rige para aquellos que aun no hayan decidido desactivar el vínculo unilateralmente antes del 11 de abril                                                                                                              
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Mientras se mantenga el período de siete días otorgado por la Justicia para que las empresas interesadas en los activos de Oil Combustibles presenten sus ofertas, los expendedores que integran la red de estaciones de servicio no podrán efectuar ningún reclamo para rescindir los contratos que los relacionan comercialmente.

Así lo dispuso el Juez a cargo del concurso preventivo, Javier Cosentino a través de una medida de “no innovar”, con el fin de preservar la red y su valor durante el tiempo del salvataje.

La disposición rige para aquellos que aun no hayan decidido desactivar el vínculo unilateralmente antes del 11 de abril.

Asimismo, y en el marco de la resolución 1879/2005, la compañía informó a los operadores que extendió la libertad para abastecerse de otras marcas hasta el 15 de mayo, sin necesidad de incurrir en gastos para acreditar notarialmente la falta de entrega de los productos.

La empresa no entrega naftas ni gasoil desde principios de marzo, cuando por falta de fondos se vio imposibilitada de adquirir crudo para procesar discontinuando su actividad de refinación. La AFIP tampoco la autorizó a comprar combustibles para distribuir.

La planta de procesamiento ubicada en la localidad de San Lorenzo cuenta con un pasivo ambiental tan importante como la deuda que la petrolera mantiene con el fisco, evalúan fuentes del sector.

“Esta situación, que debe contemplarse en el proceso de salvataje, podría desalentar a más de un interesado ya que por su magnitud haría inviable la operación”, opinó al sitio Surtidores un importante consultor energético.

“Es un dato fundamental porque la cuantía del proceso de remediación podría ser millonaria”, advirtió. Ya las autoridades de la provincia de Santa Fe habían intimado a la empresa a presentar un plan de cierre seguro y un estudio de riesgo suponiendo un escenario futuro de estado total de abandono de la planta con el fin de informar al juez cuáles serían los perjuicios en ese caso.

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