Todas las alianzas políticas están siendo puestas a prueba en estas horas en el Congreso, a raíz de la polémica por los aumentos en los servicios públicos.

Las críticas y la presentación de proyectos de ley sobre el sistema tarifario que llevaron adelante la expresidenta y actual senadora Cristina Kircher y la diputada Elisa Carrió, movilizaron tanto al oficialismo como a la oposición.

Es que durante los últimos días, tanto el peronismo dialoguista como el antimacrismo pusieron en el centro de la discusión el incremento del costo de los servicios públicos y la inflación que, de seguir en este ritmo, superará las expectativas oficiales. 

Pero el tema no quedó solo en el discurso sino que es muy probable que comience a ser debatido en el Congreso.

Todos los bloques opositores buscan sumar voluntades para poder tratar distintos proyectos en el recinto de Diputados este mismo miércoles.

De todas maneras, fuentes consultadas por iProfesional consideraron que las probabilidades de que ello ocurra son bajas, si bien no descartaron que pueda ser estudiada en el futuro.

Las propuestas para frenar los “tarifazos” son de todo tipo y provienen de todos los colores políticos.

El más polémico de todos es el impulsado por el cristinismo, que busca "congelar y retrotraer tarifas".

La propuesta de la senadora consiste en suspender los aumentos en las tarifas de luz, gas y agua para usuarios residenciales, pequeñas y medianas empresas y cooperativas de trabajo y se retrotraiga su costo al 1 de enero de 2017.

En tanto, mientras que los referentes del Frente Renovador y Argentina Federal (la fuerza de los gobernadores opositores pero con diálogo aceitado con el Gobierno) en Diputados comenzaron a redactar un proyecto que propone indexar los aumentos de servicios al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Los seguidores de la exmandataria se mostraron -en un principio- muy entusiasmados con la posibilidad de lograr una sesión especial para debatir los proyectos que molestan al oficialismo.

El impulso resurgió luego de que escucharan los cuestionamientos de Carrió (aliada pero crítica de algunas medidas tomadas por Macri) y de un importante sector del radicalismo.

Pero el camino en el Congreso que piensan llevar los aliados del macrismo es diferente, ya que éstos elevarán un pedido al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que informe sobre “la aplicación de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos por parte de las empresas prestatarias, y los controles realizados por los entes reguladores y el Poder Ejecutivo".

La iniciativa de Carrió está en la comisiones de Defensa del Consumidor y de Energía, por lo que la Coalición Cívica-ARI apostará a esa discusión y, según indicaron, no hay ninguna posibilidad de avalar la iniciativa K en la sesión solicitada para este miércoles. Tampoco darán quórum.

Desde el seno del macrismo no se mostraron molestos con la propuesta de la líder de la Coalición Cívica. "Nunca votará junto al kirchnerismo", confían.

Más allá de las críticas de la UCR y Carrió y de su predisposición al "diálogo" con sus aliados, el Gobierno no prevé cambios en su política tarifaria.

"Sigue trabajando", como señaló Marcos Peña, para cumplir con la meta del 15% de inflación, a pesar de los pronósticos internos y externos (como los del propio Fondo Monetario Internacional) que la ubican cerca del 20 por ciento.

Si bien no se sumarán a la propuesta del cristinismo, desde el denominado "peronismo dialoguista" y el Frente Renovador trabajan en los lineamientos finales de una iniciativa para que el precio de las tarifas se ajuste de acuerdo al aumento de sueldo.

De acuerdo al Bloque Argentina Federal, la idea es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de 2016, que ordenó que el incremento de los servicios sea justo, razonable y responda a razones objetivas, y se impidan aumentos que superen el promedio de las subas salariales.

Los diálogos y llamados telefónicos entre los referentes opositores son constantes. El kirchnerismo quiere convencer al resto a que baje al recinto para tratar de lograr el quórum y comenzar a debatir las distintas propuestas.

En tanto, el Frente Renovador y el bloque Argentina Federal son más cautos y, por el momento, destacan que es positivo que el Gobierno comience a poner los temas económicos en la discusión.

Es poco probable que la retracción de las tarifas pedida por el kirchnerismo sea debatida en el Congreso porque un sector importante del peronismo no quiere “quedar pegado” a lo que decida o impulse esa fuerza.

De todas maneras, éstos últimos tratan de alentar el debate con el objetivo de “enviar un mensaje” al Ejecutivo. Pero la puerta está abierta a los otros proyectos.

Es que varios bloques también quieren llevar el tema a la discusión parlamentaria. La diputada del Bloque Peronismo para la Victoria, Lucila De Ponti, afirmó que "los sucesivos tarifazos destruyeron el poder adquisitivo de la sociedad argentina y están dañando legalmente la actividad productiva de las Pymes".

En total, en Diputados hay seis proyectos en los que reclaman medidas tales como “dejar sin efecto los aumentos tarifarios de los servicios públicos de gas, electricidad, agua potable y cloacas” o crear un Régimen de acceso igualitario a servicios esenciales y bienes públicos.

Desde la izquierda también quieren congelar las tarifas y crear una Comisión para la Auditoría, balance y revisión de las mismas.

La diputada peronista Araceli Ferreyra sostuvo que “los tarifazos del ministro empresario Aranguren fueron autorizados sin justificación, con evidente desprecio por la situación de los usuarios afectados y total desinterés respecto de las consecuencias en la competitividad de la economía”. 

Según la legisladora, “el Congreso tiene que retomar facultades que le son propias, en vista de la acuciante situación de los usuarios y la falta de voluntad por parte del Poder Ejecutivo, de solucionar el verdadero desbarajuste económico causado por los tarifazos. Y mientras tanto, proponemos que a los usuarios se les facture únicamente el cincuenta por ciento de los precios, tarifas e impuestos vigentes”.

Qué pide Cristina

En su iniciativa, la expresidenta propone que, en el caso de las Pymes y las cooperativas de trabajo, el beneficio se aplicará “siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras, sin justa causa, hasta el 31 de diciembre del 2019, sin importar su modalidad contractual. Esta protección tarifaria caducará de forma automática en caso de que incumplan esta cláusula”.

Por otra parte, crea en el ámbito del Congreso el “Comité Nacional de Emergencia Tarifaria” con la finalidad de supervisar, controlar e implementar la ley. 

Entre otras atribuciones, este comité tendría a su cargo la revisión tarifaria integral de las actas acuerdo de renegociación de todos los contratos llevados a cabo con las empresas prestatarias de los servicios públicos, desde el 1 de enero del año 2017 hasta la culminación de la emergencia pública en materia tarifaria.

Esta revisión sería vinculante y, según la propuesta de la exmandataria, tiene por objeto adecuar los cuadros de valores hacia una tarifa “justa y razonable”.