Economía

Luz, gas, agua y transporte: el Gobierno evalúa moderar el aumento de tarifas para calmar la inflación y el malhumor social

18-04-2018 Ante las críticas de sus propios aliados y tras el reconocimiento de un "efecto contagio" que agravó la inflación, el Gobierno evalúa un freno en su plan de aumentos en servicios públicos. El ala política del macrismo teme la reacción social cuando empiecen a llegar las facturas invernales
Por Claudio Zlotnik
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En medio de una fuerte agitación política en el seno de Cambiemos por la escalada inflacionaria, el Gobierno evalúa dejar en suspenso la próxima etapa de ajustes de las tarifas de los servicios públicos.

La decisión final será tomada por Macri en los próximos días, pero todo apunta a que se postergarán algunos de los incrementos que ya fueron pautados.

El jefe de Estado tiene en su despacho ejercicios con las distintas opciones que le prepararon los funcionarios del área energética. Hacia adelante, restan por aplicarse alzas en las tarifas de luz, gas y transporte público.

Deberá convalidar qué aumentos se llevarán a cabo y cuáles no. No obstante, la decisión política ya está tomada: el Presidente quiere cumplir con lo dicho en el Congreso, el 1° de marzo último, cuando en la apertura de las sesiones ordinarias anunció que "lo peor ya pasó".

El mayor malhumor social por la constante suba de precios venía siendo detectado por las distintas encuestas de opinión pública. Pero este tema tomó un verdadero impulso político cuando Elisa Carrió puso el grito en el cielo.

"Lilita" advirtió que iba a presentar un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, diera explicaciones sobre los cuadros tarifarios y los controles que se les aplican a las compañías de servicios públicos.

El radicalismo -socio de Macri en la alianza Cambiemos- acompañó el reclamo de Carrió, y directamente pidió una moderación en las alzas tarifarias.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, habló de "errores políticos" al referirse a los aumentos concedidos por el Ejecutivo.

El radicalismo sospecha que parte de esos ajustes serán utilizados para que las empresas recuperen algo de la rentabilidad perdida durante el kirchnerismo. Y que, por lo tanto, no tienen nada que ver con la necesidad de achicar el desequilibrio de las cuentas públicas.

Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, sinceró el debate que se da puertas adentro: "Tenemos un planteo interno en el Gobierno de gente que pide que los aumentos se dilaten un poco, que se hagan más lentos", admitió el senador, uno de los interlocutores más cercanos del jefe de Estado.

De todas maneras, recordó que el camino tomado ha respetado cierta dosis de gradualismo: "Este año estamos pagando los incrementos que tendrían que haber sido el año pasado. No por las elecciones, sino porque era muy duro en ese momento", afirmó.

En este contexto, Marcos Peña dijo que accederá a darle explicaciones a Lilita. Y trató de "actitud demagógica e irresponsable" al reclamo de Cristina Kirchner de retrotraer los niveles tarifarios a inicios de 2017.

Por lo pronto, en Casa Rosada están decidiendo qué hacer con las subas que ya están en agenda. Es decir, con las que aún no han sido aplicadas pero que fueron comprometidas por el Gobierno ante las compañías.

Aranguren previó el cambio de clima
Un indicio de que el esquema previsto sufrirá alteraciones lo dio el propio ministro de Energía, Juan José Aranguren (uno de los "halcones" del Gobierno), partidario de los reacomodamientos de las tarifas y el más apuntado por Carrió, UCR y oposición.

En una planilla oficial, ya rebajó el precio al que debería llegar la tarifa del gas para el próximo año: corrigió esa meta de u$s6,80 por millón de BTU (unidad de medida del gas) a u$s6,40.

Esa merma implica de por sí un menor reconocimiento a las compañías gasíferas que vienen reclamando incrementos. Esta corrección deja bien en claro que los propios funcionarios están tanteando el límite del público a los ajustes.

Además, fuentes oficiales y analistas del sector admitieron a iProfesional que el precio del gas en boca de pozo (es decir, el que recibe el productor antes que sea transportado y distribuido en la red) podría permanecer un tiempo más en torno al valor actual (u$s4,70), pese a que el cronograma vigente haga referencia a una suba en octubre (a u$s5,30).

Este ajuste, del 13%, se trasladaría al costo de los hogares. En el esquema del Gobierno, el precio del gas al consumidor debería elevarse cerca de un 20% adicional en el segundo semestre, si se mantuviera el plan original.

En otras palabras, el metro cúbico para el segmento residencial, que hasta el año pasado incluía 53% de subsidios, debía pasar al 37% (subsidiado) en 2018 y a tan sólo 10% en 2019.

El precio del fluido no es el único incremento en carpeta. Todavía resta un retoque en la energía eléctrica, en el tramo de la generación.

En su momento, Aranguren estimó que las tarifas de luz subirían entre un 25% y 30% hasta fines de 2019, más los ajustes semestrales por inflación.

En el calendario también queda un 26% de suba en las boletas de Aysa (agua potable), empresa que atiende en la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense.

Pero el golpe más duro para el bolsillo llegará del transporte público, para el que también se viene cumplimentando un cronograma.

El boleto mínimo en el área metropolitana se elevó de $6 a $9 bajo el régimen multimodal y debería escalar a $10 en junio.

También está previsto un ajuste para el subte: el pasaje debería elevarse de los actuales $7,50 a los $11.

Estos incrementos se harán. Lo que evalúa ahora el Gobierno es dejar en un impasse cualquier ajuste durante el segundo semestre, una puerta que dejó abierta el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El Ejecutivo reconoce, puertas adentro, que los aumentos en colectivos, trenes y subtes pegan directamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos que diariamente se movilizan a sus trabajos. Y que ir más allá de lo ya anunciado podría trabar el crecimiento económico y potenciar la ya complicada dinámica inflacionaria.

Inflación y política
El último revuelo político en torno a las tarifas se inició cuando el INDEC dio a conocer la elevada inflación de marzo (2,3%) y al trascender que abril será peor a raíz -precisamente- de los aumentos en el transporte público aplicados este mes.

El hecho de que los ajustes tarifarios se trasladen a los precios de los alimentos de la canasta básica agitó la interna. Y la voz imperante de Lilita Carrió completó el escenario.

La inflación viene siendo identificada por los ciudadanos como el problema más grave. La sitúan incluso por delante de la inseguridad o el temor a perder el empleo.

Este cuadro no era el previsto por Macri hace algunas semanas, cuando en el Congreso dijo que lo peor había pasado y que ahora llegaban "los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse".

El senador Pinedo puso blanco sobre negro la situación: "El Presidente pensaba que el agua del otro lado de la orilla iba a estar más cerca. Siente que estamos a poco más de la mitad del río y que dar vuelta sería muy negativo".

"Más que enojado (por la situación económica) está preocupado y ocupado", sostuvo el legislador oficialista.

En este agitado contexto, en Casa Rosada ya está evaluando moderar el calendario de subas, pero la cuestión central pasa por qué decisión tomar en el caso de los ajustes ya pautados.

Algunos de ellos, como el de la electricidad, no deberían implicar la rebaja del déficit fiscal, porque no tienen que ver con la merma de subsidios sino con mejorar la rentabilidad empresaria.

Por eso mismo, varios dirigentes de la UCR le han reclamado al Gobierno ponerle más atención a las demandas de la sociedad que a los pedidos de los ejecutivos de las compañías.

Un prominente dirigente radical confesaba, en diálogo con iProfesional, el temor al impacto político que puede recaer sobre el Gobierno cuando empiecen a llegar las boletas de gas con las nuevas tarifas engordadas por el mayor consumo invernal.

Macri, siempre atento a lo que dicen las encuestas de opinión, tendrá que tomar una decisión trascendental: si modera el tarifazo o si apuesta a la aceleración de las reformas estructurales.

La definición tendrá un inocultable rasgo político. Una suspensión del ajuste (o de parte del mismo) significará el lanzamiento de la Casa Rosada a la carrera por la reelección.

A nadie le escapa que, justamente, este 2018 se apuntaba como el año de los sinceramientos tarifarios, porque los argentinos no tienen que concurrir a las urnas.

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