Finalmente, la sesión en la que iba a debatirse el proyecto de reforma de la ley de mercado de capitales se postergó la semana próxima.

La decisión llegó tras la fallida sesión especial en la que iban a debatirse los proyectos impulsados por la oposición contra el tarifazo en los servicios públicos. Pero desde las bancadas opositoras no obtuvieron el quórum y el clima se crispó, escándalo con el diputado Alfredo Olmedo de por medio.

Por apenas un diputado, la oposición no alcanzó el número de 129 legisladores sentados en sus bancas necesario para abrir la sesión especial, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, levantó el llamado.

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria-PJ (FpV-PJ) Agustín Rossi, le reclamó más tiempo de espera, a lo que Monzó le recordó que el oficialismo no pudo juntar quórum para la reforma previsional y esa sesión se levantó "a los 40 minutos".

Si bien los bloques peronistas junto a la izquierda se habían abroquelado para buscar infringirle una derrota a Cambiemos, el diputado salteño Alfredo Olmedo decidió retirarse del recinto con el argumento de que ya se había pasado el tiempo y que él estaba "desde las 11" horas.

Ante este escenario caldeado, la ley de mercados de capitales se postergó. Vale recordar que el proyecto volvió en segunda revisión desde el Senado a pedido del justicialismo, que eliminó la posibilidad de que, transcurridos 60 días sin pronunciamiento de esa cámara, quedaran firmes las designaciones en la Comisión Nacional de Valores.

Asimismo, estaba previsto que se removieran las exenciones y beneficios impositivos que daba la iniciativa votada inicialmente en Diputados, ya que la reforma tributaria sancionada en diciembre pasado por el Congreso grava la compraventa de acciones.

Entre sus principales objetivos, el proyecto apunta generar instrumentos para facilitar a las pymes el acceso al crédito, incluye la posibilidad de securitización de los créditos hipotecarios, y suprime el artículo 20 de la actual ley de Mercado de Capitales, el cual le otorga a la CNV la facultad de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.

Asimismo, se elimina el acuerdo "ficto" del Senado para la designación del titular de la CNV. Éste establecía que transcurridos 60 días sin pronunciamiento de la Cámara quedaban firmes las designaciones" y "se adoptó el texto del artículo 7 de la Carta Orgánica del Banco Central", es decir con acuerdo del Senado de la Nación.