Un juez federal le pidió al Gobierno nacional un informe sobre el último aumento de la tarifa de gas antes de resolver el pedido de una asociación civil para frenar esa suba de todos los usuarios residenciales de todo el país.

La medida fue tomada por el juez federal de La Plata Adolfo Ziulu el mismo día en que la Casa Rosada anunció que no habrá marcha atrás con la suba, aunque sí dispondrá facilidades para el pago de facturas.

El magistrado aceptó tratar el pedido de amparo colectivo de Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Se trata de la misma entidad que inició la causa por la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó en 2016 el primer aumento de gas del gobierno.

CEPIS reclamó que nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones 300 a 309 del ENARGAS a través de las cuáles se dispusieron un aumento del 40 por ciento en la tarifa del gas. La entidad entiende que el aumento debe regir desde el 1 de mayo y no desde el 1 de abril, como se dispuso.

"Se encuentran reunidos los requisitos necesarios de viabilidad para una acción de índole colectiva, en razón de la idoneidad de quien los representa y la homogeneidad de las cuestiones individuales de hecho y derecho invocadas", sostuvo el juez Ziulu.

Así, el juez le pidió al ENARGAS y al Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, que en tres días presente un informe sobre la demanda presentada. Luego de eso quedará en condiciones de resolver si acepta el pedido de medida cautelar para frenar el aumento o si lo rechaza.

El magistrado rechazó una medida previa para frenar la suba antes de recibir los informes. "No se encuentran acreditadas prima facie las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifiquen el dictado de una medida interina previa a la contestación del citado informe", resolvió el magistrado.