La imagen de la petrolera nacional venezolana, Pdvsa, simboliza bien la billonaria corrupción que afectó a la compañía en casi dos décadas.

El último capítulo denunciado, en la que hubo clonación del sistema informático de la entidad estatal para arreglar operaciones y saquear la empresa, acaba de llegar a los tribunales de Estados Unidos, señala ABC de España.

En la trama, en marcha desde 2004, participaron directivos de la propia Pdvsa e importantes compañías de comercio energético, con un daño a la estatal petrolera estimado en más de 5.200 millones de dólares.

Nicolás Maduro aprovechó la ocasión para arremeter contra la gestión de Pdvsa durante el largo tiempo que la presidió Rafael Ramírez.

Ya hubo otras denuncias sobre sobornos a directivos de Pdvsa, pero lo especial de este último caso es que la denuncia la presentó la propia Pdvsa.

En realidad, no se trata de una cruzada por la limpieza y la honestidad, sino que obedece a una lucha de facciones, en un capítulo más de la pugna por el expolio de la empresa, en medio de un pulso entre empresarios vinculados a diferentes sectores chavistas, señala el portal español.

A principios de marzo de 2018, el fideicomiso PDVSA US Litigation denunció ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que dos consultores venezolanos, mediante el soborno a varios directivos de la petrolera, actuaron conjuntamente con varios corredores internacionales de petróleo para beneficiarse de los contratos de venta y suministro de Pdvsa.

La lista incluye a algunos de los principales corredores mundiales, como Glencore, Vitol y Trafigura, y a destacadas compañías energéticas, como Lukoil y Colonial Oil Industries.

La demanda a la que accedió ABC señala que Francisco Morillo y Leonardo Baquero, que crearon la firma Helsinge y se relacionaron comercialmente con Pdvsa, contaron con la ayuda desde dentro de la petrolera de cuatro de sus principales directivos: Marco Malave, jefe del departamento Comercial y de Suministros de 2012 a 2017, y su sucesor, Ysmel Serano (hoy vicepresidente de la estatal); René Hecker, gerente de ese mismo departamento hasta 2013, y Edgar García, gerente del departamento de Flete y Transporte hasta 2008.

Las acciones fraudulentas se desarrollaron desde al menos 2004 hasta muy recientemente, según consta en la demanda, en una trama de millones de dólares en sobornos, pagados muchos de ellos a través de Panamá, y de miles de millones de dólares en beneficio para Helsinge y las compañías corredoras internacionales, enriquecidas por los menores pagos realizados a Pdvsa y el sobreprecio de los productos vendidos a esta.

El abogado del fideicomiso, David Boies, aseguró estimar en u$s5.200 millones lo que Pdvsa dejó de ingresar.

La trama tuvo acceso directo en tiempo real al sistema informático de la compañía estatal mediante la clonación del servidor del departamento Comercial y de Suministros.

El servidor clonado se instaló en las oficinas de Morillo y Baquero en Miami. De esta manera pudieron conocer con antelación las ofertas de otras compañías en procesos de licitación y modificar en su ventaja datos del sistema.

Imágenes de pantallas de ordenador, obtenidas por ABC de España, parecen recoger los rastros de esos movimientos de hackeo.

En una de ellas se aprecia el uso de cuentas de correo electrónico que simulan ser de Pdvsa, pero en las que figura ese nombre sin la ese (pdva.com), llevando al error.

Todo esto obedece a una lucha entre facciones. Detrás de la presentación de la demanda se encuentra Wilmer Ruperti, empresario que en el arranque del chavismo se vio favorecido por Hugo Chávez por haber puesto sus barcos a disposición del Gobierno durante el paro petrolero de 2002-2003.