Horas antes de una audiencia clave para Cristóbal López y Fabián De Sousa, la Cámara de Casación -integrada por Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi-, rrechazó un recurso en el que se solictaba que la Corte decidiera si era competente el fuero federal para tramitar la causa donde se investiga a Oil Combustibles por no pagar $8.000 millones a la AFIP correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles 

Carlos Beraldi, abogado de los empresarios había formulado este pedido el año pasado, cuando aún se encontraban detenidos por orden del juez Julián Ercolini. 

El recurso se planteó ante una anterior sentencia de la Casación, según la cual el expediente debía seguir tramitándose en el juzgado de Julián Ercolini, quien lo investigaba por defraudación al Estado y no por retención indebida de tributo, que es un delito propio del fuero Penal Económico. La queja de la defensa no avanzó “porque no se fundó un agravio como tampoco la arbitrariedad manifiesta” para conceder el recurso.

Por este motivo Ercolini lo había procesado por defraudación, pero la Sala I de la Cámara Federal porteña -con el voto de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah- modificó la calificación del delito investigado y la "rebajó" a una retención de tributo, tal como López había intentado conseguir el año pasado ante la Casación.

Además, los camaristas les concedieron la libertad a los dueños de Oil, y les bajaron el embargo de $17.000 millones a $8.945 millones 

Este jueves, López, De Sousa, el abogado de la AFIP y el fiscal Germán Moldes están citados a una audiencia ante la misma sala I de la Casación, para exponer los motivos por los que la querella y el ministerio público fiscal solicitaron que se revoque la cuestionada decisión tomada el mes pasado por los jueces Farah y Ballestero.

En esa resolución, que motivó duras críticas y que derivó en un pedido de juicio político para los jueces, se había resuelto revocar la prisión preventiva de López y de su socio Fabián de Sousa y disponer que el delito atribuido no se trataba de una defraudación sino de una evasión.

Con esa decisión el empresario podría solicitar una moratoria de su deuda con el fisco que además le permitiría evitar el proceso penal.