Sobre la hora, Oil Combustibles (OCSA), la petrolera que fundaron Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, logró evitar la quiebra. En la actualidad, se encuentra en concurso preventivo de acreedores y es la punta del ovillo de la causa judicial que llevó a López y De Sousa a prisión durante cuatro meses por haberse quedado con $8000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles que debían liquidar a la AFIP pero que usaron para comprar otras empresas y engrosar el pool de activos del Grupo Indalo.

Por lo menos durante un período de entre tres y seis meses se tomará ahora la justicia para estudiar dos propuestas que se presentaron para adquirir los activos de la empresa cuyo proceso concursal está a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5, que orienta Javier Cosentino.

El magistrado recibió los sobres con las ofertas de los grupos Trafigura y Prarex International para acceder a la información que sobre Oil Combustibles tiene en su despacho en el marco del proceso de cramdown abierto por Cosentino con el fin de atraer interesados en quedarse con las operaciones de Oil y también con una deuda que hoy se ubica en los $17.000 millones que posee mayormente con la AFIP.

El objetivo del magistrado es el de encontrar un nuevo dueño para la petrolera que hoy está intervenida y es controlada por un triunvirato formado por funcionarios designados por el juez. De hecho, Cosentino abrió el cramdown tras un pedido impulsado por Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, los socios del fondo OP Investments que entre noviembre del año pasado y fines de febrero estuvieron al frente de Oil y negociaron la compra de la petrolera, aunque sin éxito.

La petrolera es la principal accionista de la mayoría de las otras compañías que también engloba el holding kirchnerista. Por lo cual, de su suerte depende el futuro de las otras firmas vinculadas a diferentes sectores como los de medios de comunicación, energía, construcción y alimentos, varios de los cuales se encuentran bajo el paraguas del concurso preventivo de acreedores.

La propuesta de Trafigura sería la más concreta y completa, mientras que Prarex invocó el artículo 48 del Código Procesal, Civil y Comercial referente a la acción de un gestor y en el cual se permite pedir la comparencia como gestor en un acto procesal urgente "de quien no tuviere representación conferida". Ahora, tendrá un plazo de 40 días hábiles para entregar la documentación requerida y para indicar para quien trabaja y expresar las razones que justifiquen "la seriedad del pedido".

Teniendo en cuenta el uso de este instrumento legal para acercar las ofertas al cierre del plazo del cramdown, en el mercado se sospecha que podría haber actuado en sociedad con Cristóbal López y Fabián De Sousa para ganar tiempo en el proceso judicial que involucra a ambos empresarios, a Oil y a todo el Grupo Indalo. "Puede ser un fronting para evitar la quiebra de la petrolera y de todo el holding", especulan quienes siguen de cerca este proceso.

Es que no se le conocen a Prarex demasiados antecedentes en el mercado petrolero local. De hecho, en su página web explica que opera en varios sectores además del de la energía, como servicios financieros, proyectos de inversión en general, automotriz, comercio exterior, biotecnología y desarrollo de recursos humanos. A nivel global, forma parte del fondo de capitales árabes y europeos Eurofinaz, que quiso comprar una de las plantas de SanCor en la localidad cordobesa de Brinkmann. Además, habría estado ligado al grupo Perez Companc en ciertas operaciones.

En el caso de Trafigura, las fuentes judiciales, empresarias y gremiales consultadas por iProfesional coinciden en que presentó la propuesta más seria y con los fundamentos adecuados para ser considerada por el juez Cosentino. De hecho, había sido señalada como una de las dos opciones que el fondo OP Investments evaluó para asociarse junto con la del holding ruso Luckoil, que fue finalmente el elegido por Rosner y Dellatorre. Luego, también presentó una propuesta para abastecer de combustible importado a Oil, tras el cierre de la refinería que la petrolera de Indalo operaba en la localidad santafesina de San Lorenzo.

La propuesta fue desechada por el juez Cosentino, pero Trafigura mantuvo su interés por los activos de Oil.  Se trata de un trader de combustibles de origen holandés que desembarcó en el mercado petrolero argentino a mitad del 2016. Ese año lanzó un ambicioso programa regional de inversiones cercano a los u$s450 millones para abastecer de combustible a la Argentina, Paraguay y Bolivia, desde una terminal de almacenamiento y distribución que adquirió en la localidad bonaerense de Campana, a orillas del Paraná.

La terminal tiene 150 hectáreas, 670 metros de costa y una gran capacidad de almacenamiento prevista de 251.000 metros cúbicos para líquidos y 625.000 toneladas para minerales, hierro y carbón. Tiene además dos muelles para buques oceánicos y barcazas y seis posiciones de carga para camiones.

El grupo pretende sumar la refinería de San Lorenzo a la que ya opera en el puerto de la localidad bonaerense de Campana con el objetivo de incrementar su capacidad actual de procesamiento. También apunta a los tres muelles de Oil en el mismo puerto en los cuales puede despachar y recibir barcos de calados importantes, además del parque de tanques de almacenamiento de grandes dimensiones y considerado atractivo en la industria petrolera. 

Como parte del cramdown también figuran los contratos que Oil tiene con alrededor de 250 dueños de estaciones de servicio que deberán cambiar la bandera una vez concretada la operación.  En la actualidad, Trafigura compite en el segmento minorista bajo la marca Puma Energy, que actualmente opera 23 locales pero que se encuentra en un proceso de embanderamiento de otros 250 locales que le compró a Pampa Energy.

La operación con el grupo de Marcelo Mindlin se concretó a fines del año pasado por u$s90 millones y el empresario le traspasó a Trafigura todas las estaciones que le había comprado a la filial argentina de Petrobras, además de una refinería en Bahía Blanca, una planta de lubricantes en Avellaneda y una terminal en Caleta Paula, en la provincia de Santa Cruz.

Esta transacción todavía se encuentra en proceso de traspaso de los activos. Pero al terminar le dará a la marca Puma un posicionamiento importante en el segmento del downstream donde Trafigura está además ofreciendo hasta u$s200.000 a dueños de estaciones de bandera blanca para que instalen su marca Puma. De ser aprobada su propuesta por Oil, el grupo holandés sumaría otras 250 estaciones de servicio. Con lo cual pasaría a operar un red de casi 600 establecimientos, convirtiéndose en un actor importante en el sector de la comercialización de combustibles.

Para evitar problemas con el personal de Oil, cerca de 400 trabajadores, Trafigura también propuso hacerse cargo de los salarios a partir de mayo bajo la condición de que si su oferta no es aceptada por el juez Cosentino y se define la quiebra de la petrolera, se le devuelvan los fondos que deba usar con esta finalidad.

Pero mas allá de estos datos, el grupo europeo también tendrá que demostrar capacidad para cancelar la deuda post concursal de Oil que llega a los $1400 millones y que en el marco del cramdown, el juez Cosentino obliga a cancelar en 40 días. A esto debe sumar el pago del pasivo concursal que solamente con el ente fiscal asciende a $17.000 millones y que debe ser completado en un plazo no mayor a las 12 cuotas.

Cosentino obliga además a los interesados a presentar un plan de negocios para reflotar las operaciones de Oil Combustibles, de su refinería mediante la presencia de equipo de profesionales adecuado y un proyecto técnico y financiero preciso al efecto. Hace referencia además a la necesidad de recuperar las tareas de la terminal portuaria y llevar adelante operaciones complejas y delicadas de carga y descarga de buques, "en donde no es admisible la imprecisión ni la inexperiencia".

Reclama además que se adjunte certificación contable sobre liquidez o acceso inmediato a liquidez suficiente para la puesta en marcha del plan tanto como el pago de las obligaciones pendientes y un depósito de $50.000.