La extensión hasta 2056 de la concesión del principal centro de esquí de la Argentina trasladó a Bariloche la intensa grieta política y social abierta en el país tras los 12 años de gobierno del kirchnerismo.

Es que la decisión de la municipalidad local –y de la mayoría de su Concejo Deliberante, dominado por un partido local y el PRO– de prorrogar por 30 años más la explotación del Cerro Catedral generó un conflicto entre el oficialismo y el Frente para la Victoria (FpV). Y dividió a la sociedad de esa ciudad rionegrina.

De hecho, la determinación está frenada actualmente por un amparo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, que hizo lugar a una denuncia judicial y dictó una medida de no innovar, evitando la prórroga anticipada del contrato que vence en el 2026 y favoreciendo a la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA).

La decisión judicial fue apelada por el intendente Gustavo Gennuso, del partido Juntos somos Bariloche, y criticada por el propio gobernador Alberto Weretilneck, quien calificó la decisión como "una acción sistemática del kirchnerismo para obstruir toda decisión que tenga como objetivo que Bariloche mejore y tenga trabajo".

Ocurre que la medida judicial en contra de la prórroga fue impulsada por legisladores y concejales del espacio político que tiene a la expresidenta Cristina Kirchner como referente, a pesar de que el convenio también había alcanzado el apoyo de la mayoría de la población de esa ciudad turística del sur del país.

En este sentido, el jefe de Gabinete barilochense, Marcos Barberis, aclaró a iProfesional que el fallo fue apelado y defendió el contrato al sostener que le reconoce a la comuna el poder concedente, genera nuevas inversiones, crea más puestos de trabajo y mejora la infraestructura del cerro.

Además, el funcionario argumentó que CAPSA "prevé la inversión de obras en infraestructura, como el anillado de electricidad para la conexión nueva, la generación de mayor electricidad en la villa y la creación de un repositorio de agua con las diferentes vertientes que tiene la montaña".

El convenio El acuerdo con CAPSA fue sometido a un proceso de revisión en audiencia pública y luego fue votado favorablemente por el Concejo Deliberante para ser finalmente aprobado por una ordenanza municipal el 16 de abril.

El contrato extiende por tres décadas la concesión que vencerá en el 2026 y obliga a CAPSA a invertir u$s22 millones en los medios de elevación del Cerro Catedral, además de habilitar el desarrollo inmobiliario en los alrededores del complejo turístico. 

El grupo, también dueño de la empresa de transportes Vía Bariloche, obtiene así la ampliación en un 50% de la superficie esquiable a cambio de renovar los medios de ascenso –para eliminar las interminables colas que se generan en momentos de temporada alta– e incorporar 20 cañones para producir nieve artificial.

En cuanto al canon anual, el municipio recibe el pago de un monto equivalente a 12.500 pases de alta temporada hasta el 2023, otros 13.000 a partir del 2024 y 13.500 desde el 2025.

El año pasado, el pase diario de alta temporada para un adulto tuvo un costo de $1.330, con lo cual las arcas del municipio recibieron casi $17 millones. En 2016 pagó $13,3 millones y en 2015 el monto fue de $12,3 millones.

En este sentido, se determinó también que el 30% del canon se destinará a obras y servicios de infraestructura para los barrios de la ciudad ubicados en las zonas 3A y 3B, definidos por las ordenanzas Fiscal y Tarifaria.

Además, se crearán pases peatonales gratuitos para residentes en la última semana de las temporadas de invierno y verano, y descuentos de hasta un 50% en los pases para principiantes. Y se inaugura una nueva zona de acceso público y gratuito en la base del cerro.

El nuevo contrato acepta un modelo de explotación inmobiliaria público-privada mediante la creación de un fondo fiduciario que le permite al municipio, en su carácter de fiduciante, percibir ingresos genuinos como beneficiario del acuerdo.

Sin embargo, no se encuentra vigente por la cautelar judicial, en la que se fundamentan como causas del freno que la renovación de la concesión no siguió los pasos administrativos que exige la legislación y que los planteos de la Municipalidad sobre la urgencia de prorrogar la concesión antes de su fecha de vencimiento no son suficientes para pasar por alto normas ambientales y procedimientos establecidos en las licitaciones públicas.

"Los argumentos no parecen causales de justificación suficiente ni constituyen un estado de necesidad palmario y relevante para sacrificar principios y garantías constitucionales indispensables para el poder político, como eludir los protocolos ambientales, soslayar los procedimientos ordinarios previstos para elegir a los contratantes públicos o arriesgar el dominio municipal", aseguran los jueces de la Cámara que congelaron la extensión de la concesión.

A favor y en contra Para los funcionarios locales, el fallo avanza sobre decisiones políticas y pone en riesgo proyectos privados que benefician a la sociedad local, frenando el crecimiento del empleo y los planes de inversión poco usuales para Bariloche.

Por su parte, el legislador del FpV, Jorge Vallaza, advirtió que la presentación en tiempo récord de la prórroga anticipada a CAPSA para que siga explotando el Cerro Catedral por otros 30 años "genera críticas, dudas y peguntas, que aún no tienen respuesta para amplios sectores de la ciudadanía, como las razones por las cuales no se quiere llamar a una licitación internacional argumentando razones de necesidad y urgencia".

Asimismo, Vallaza cuestiona que el contrato no ajusta el canon anual que CAPSA debe pagar por explotar el centro turístico. Según su visión, un monto que la empresa recauda en un solo día de alta temporada.

"Hoy ya es significativamente bajo y lo va a ser aún más sin una readecuación porque la empresa va a multiplicar su rentabilidad con los nuevos emprendimientos inmobiliarios que le van a permitir encarar", acusa en diálogo con iProfesional.

También reclamó la participación ciudadana en la determinación, algo que el FpV intentó mediante la recolección de firmas para tratar de frenar el contrato, un movimiento que encabezó la exintendenta María Eugenia Martini junto con Martín Soria, actual jefe comunal de la localidad vecina de General Roca y aspirante a la gobernación de Río Negro por el kirchnerismo.

La campaña obtuvo casi 3.500 firmas, pero el pedido de apertura de un referéndum popular fue negado por el intendente Gennuso haciendo referencia a que se precisan 9.300 (el 10% del padrón electoral).

Igualmente, el caso abrió una profunda grieta en los habitantes de esta ciudad en donde muchos defienden la concesión y otros tildan de traidores al gobierno comunal y a los vecinos que están a favor del proyecto. De hecho, hasta culpan al presidente Mauricio Macri de haber presionado para evitar el referéndum y de favorecer a los dueños de CAPSA.

Desde la empresa prefirieron no hacer declaraciones, aunque fuentes cercanas a sus propietarios recordaron que las nuevas inversiones prometidas para el contrato representan en su totalidad un capital de u$s57 millones, necesarios para brindar los servicios de la estación de esquí y que se corresponden con un nuevo plazo de 30 años de extensión para el contrato de concesión.

También entienden la necesidad de que las instituciones funcionen con celeridad para resolver el problema, teniendo en cuenta que se promueve a Bariloche como un destino de nieve de excelencia y que, en ese marco, el funcionamiento del Catedral es fundamental.