La Justicia argentina solicitó la ayuda de Uruguay para congelar todas las cuentas y bienes del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, sospechoso de intermediar en las coimas millonarias que la constructora Odebrecht admitió que pagó al equipo del entonces ministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, por el proyecto para soterrar el tren Sarmiento.

El juez federal Sebastián Casanello pidió a la Justicia del país vecino que avance contra las cuentas del "Corcho" Rodríguez allí, en particular las que puedan seguir abiertas en el Banco Itaú, como también su chacra Rosa Amarilla, cercana a Punta del Este.

Según informaron las autoridades uruguayas en respuesta a un requerimiento previo enviado desde Buenos Aires, Rodríguez operó cuentas en dólares y en euros en una sucursal del Banco Itaú en Montevideo. Abiertas a nombre de sus contadores uruguayo y argentino, al completar los formularios adelantaron que recibirían dinero de "subsidiarias" de Odebrecht vinculado al proyecto.

Sin embargo, según las copias de esos registros bancarios que publicó el diario La Nación muestran que las transferencias por un total de u$s9 millones no llegaron de sociedades "blancas" de Odebrecht, sino de cuatro offshore que la constructora utilizó para pagar sobornos y financiar campañas electorales en negro en una decena de países de América Latina hasta que estalló el Lava Jato.

Esos registros muestran que Rodríguez nunca figuró como titular o beneficiario final de esas dos cuentas en dólares y en euros abiertas desde 2012 a nombre de Sabrimol Trading, en una sucursal del Itaú en Montevideo, sino como "cliente" junto a Susana Giménez.

Al frente de esas dos cuentas figuraron los contadores del Corcho Rodríguez en Uruguay, Carlos Dentone, y en la Argentina, Osvaldo Gandini, quienes recibieron u$s9 millones mediante 32 transferencias entre 2012 y 2014, y movieron esos fondos con cheques a terceros y transferencias a Santa Lucía -en el Caribe-, España y Estados Unidos, entre otros destinos.

Rodríguez negó haber participado en cualquier acto ilícito o irregular mientras trabajó como lobista de Odebrecht. Pero al menos dos exejecutivos de la constructora que se convirtieron en "arrepentidos" ante la Justicia brasileña, Marcio Farcia y Luiz Antonio Mameri, lo incriminaron por triplicado. Afirmaron que intermedió en los sobornos que exigió Roberto Baratta, el número 2 de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, para destrabar las facturas pendientes de pago de tres obras: la extensión de las redes troncales de gas, la construcción de una planta potabilizadora para AySA y el soterramiento.

Indicaron que Rodríguez asumió ese presunto rol delictivo a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Pero hasta entonces, indicaron, arreglaron por el Sarmiento con Javier Sánchez Caballero, un ejecutivo de Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri -, y con el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, por los dos proyectos restantes.