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Son cada vez más frecuentes los pedidos de bloqueo de sitios de juego de azar on line desde Capital Federal. Los alcances reales y los riesgos existentes
02/05/2018 - 11:40hs

En tiempos en donde los flujos de información circulan por las redes del mundo casi sin obstáculos queda cada vez más evidente que la territorialidad se lleva mal con internet. Y que en materia judicial hay actores que entienden poco del tema, o a su manera, y malgastan recursos y tiempo en emitir oficios que quedan en la nada. Es lo que está pasando con el mundo del juego on line en la Ciudad de Buenos Aires.

Marzo fue el mes de la catarata de oficios de parte de algunas fiscalías porteñas que ordenaron el cese del funcionamiento de una treintena de direcciones de internet que llevan a páginas de juegos de azar.

El juego de azar on line está expresamente penalizado cuando no se posee la habilitación correspondiente, según lo expresado en el artículo 301 bis del Código Penal. Sin embargo, esos sitios señalados por las fiscalías, generalmente "ubicados" en otros países, son elegidos por miles de argentinos para hacer sus apuestas sin importarles si son nacionales o extranjeros.

Como cada jurisdicción puede tomar decisiones propias respecto del juego, a finales del año pasado la provincia de Córdoba, atenta a lo que sucede con los juegos de azar, decidió avanzar con un impuesto al juego on line donde las tarjetas de crédito -el medio de pago para realizar las apuestas- oficiarían como agentes de retención.

La previsión, en ese momento, era que la actividad podría aportar unos u$s4,32 millones al fisco, de acuerdo a lo que se había previsto en el proyecto de ley de presupuesto. En vez de prohibir, la propuesta fue por la alternativa recaudadora.

En la Capital Federal, la movida va en otra dirección. Una gran parte de los oficios que se emiten con el objetivo de bloquear el acceso a los distintos sitios de juegos on line proviene de la fiscalía a cargo de Martín Lapadú, el mismo que ordenó el bloqueo de la aplicación de Uber en la Ciudad de Buenos Aires. Algo imposible desde el punto de vista técnico porque una aplicación, como un sitio web, no puede bloquearse en un lugar sí y en otro no.

Tal vez envalentonado porque el año pasado este mismo fiscal logró dar de baja en todo el país el sitio de apuestas on line de la Lotería de Misiones bajo el argumento de que "no contaba con la habilitación en Buenos Aires para levantar las apuestas", ahora en marzo se inició la nueva disparada de oficios sin tener en cuenta ni el tema de la jurisdicción real ni el de la virtual porque en internet no hay fronteras. Ni siquiera cuando se hacen apuestas.

La acción contra la Lotería de Misiones, ocurrido hace un año, mostró el conflicto a nivel de territorio. Pero no en cuanto al derecho al acceso que tiene todo ciudadano, inclusive para ingresar en una página de apuestas de on line. Con todo derecho, los apostadores en aquella oportunidad podrían haber demandado a los proveedores de internet que dieron de baja el sitio.

Tarjeta roja a la ignoranciaEn líneas generales, los oficios que vienen saliendo desde marzo desde las fiscalías, ordenan "el bloqueo del acceso al dominio ..." al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dejando a salvo que en caso de no contarse con la tecnología que permita esa limitación territorial parcial, se dispone la restricción de manera total a fin de hacer cesar la comisión de la conducta prevista y reprimida en el artículo 301 bis del Código Penal", según puede leerse en algunos de esos textos.

El artículo en cuestión habla de jurisdicción. Justamente, lo que entra en conflicto cuando se trata de juegos de azar on line es que desde Buenos Aires se pretenda el cese del funcionamiento en todo el país.

Y esto ocurre más allá de que sea el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC) el que "habilite" apuestas en Buenos Aires, en Tierra del Fuego y hasta en las Islas Salomón, o sea un holding de apuestas on line con servidores distribuidos en distintos lugares del mundo cuya única dirección postal aparece escrita en ruso.

Pero Lapadú y otros fiscales actúan de todos modos, en nombre del respeto a la ley. Pero lo hacen desconociendo, en simultáneo, derechos y cuestiones técnicas que surgen del mismo mundo de internet.

Como enviar un oficio a una dirección ubicada en otro país resulta trabajoso y los tiempos son más lentos -solo hay que pensar en la demora de los pedidos judiciales que existen en la causa Nisman para advertir la complejidad- el camino que eligen las fiscalías porteñas es reclamar al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), entre cuyas funciones está la de controlar el funcionamiento de internet a través de los proveedores del servicio (ISP, su sigla en inglés).

Al organismo llegan diariamente una amplia variedad de oficios para notificar a los proveedores de internet de las órdenes de bloqueo y a asumir la responsabilidad de su cumplimiento. En ellos se le exige al regulador que informe de tal situación en un período de 72 horas y, en caso no cumplir con la orden, se le advierte de estar incurriendo en el delito de desobediencia.

Parece que son todos desobedientes. U obedientes a medias. Porque, realmente, resulta difícil cumplir con las exigencias expresadas.

Una vez que la orden de bloqueo llega al Enacom, este a su vez la remite a CABASE, la cámara que nuclea a las empresas de internet del país. Y la entidad informa, asimismo, a cada uno de sus socios sobre el oficio en cuestión.

¿Por qué las fiscalías envían los oficios al Enacom? Porque como no saben dónde están asentadas estas empresas de juegos on line, o como se dijo más arriba, no se toman el trabajo de hacer llegar un oficio a un pueblo del interior de Rumania, por dar un ejemplo grosero, es más fácil hacer llegar la carta a Perú 103, sede del regulador.

Las empresas de juegos de azar on line identificadas en las decenas de oficios liberados en marzo -y continuados en abril- llevan diversos nombres como marathonbet.com, hippodromeonline.com, gol.casino, pinnacle.com, bet365.com, o rivalo.com, entre otros. En algunos casos es posible encontrar alguna dirección postal. El problema es cuando están escritas en caracteres rusos. Ahí, el traductor de Google no parece ser suficiente.

Vale recordar. El juego es una potestad territorial. Por eso cada provincia pone sus regulaciones. Y, así como los casinos flotantes eligieron las aguas del Rio de la Plata para eludir los controles de la Ciudad de Buenos Aires en su momento, las empresas de apuestas on line poseen direcciones que pueden estar establecidas en cualquier lugar del mundo. Sin que ello implique necesariamente una voluntad de eludir ley alguna. Es así. Internet lo propició.

¿Qué pasa cuando la CABASE les informa a sus socios del oficio del Enacom que hizo llegar tal o cual fiscalíaDeja a criterio de cada uno de ellos la decisión a tomar.

Y los proveedores de internet ¿qué hacen? La mayoría, nada. Es imposible bloquear el acceso a un sitio reduciéndolo a la Ciudad de Buenos Aires. Y si un proveedor de internet lo hace y un usuario de Santiago del Estero, por ejemplo, quiere acceder a esa página de juego involucrada y no puede hacerlo, podría denunciar a ese ISP por impedir su acceso, por filtrarlo, comportamiento que está expresamente prohibido en las leyes locales.

"Bloquear direcciones de internet, URLs, es algo muy complejo de hacer, además de ser descabellado porque, en términos jurídicos, no procede", dijo a iProfesional, una fuente del sector.

Todo queda ahí. En lo que podría llamarse la "nebulosa" de internet. Mucho menos asible que la nube.

Las licencias que habilitan el juego on line en la Argentina son escasas y, por efecto de la territorialidad del juego de azar, la expectativa es que esa autorización sólo aplique a la jurisdicción para la que se lo autorizó. Y una vez más: internet no sabe de división política.

Es la razón por la que resulta difícil cumplir con la orden que emiten las fiscalías para lograr el cese de la conducta. El tema resulta nebuloso. Y como toda nebulosa, queda ahí, boyando, mientras desde los círculos que pretenden diluirla se malgastan recursos que podrían dirigirse, por ejemplo, al control del juego clandestino.

"En general no hay bloqueos", reconoció una fuente del sector. "Pero los que bloquean lo hacen hacia abajo, es decir, concentrados en sus usuarios de internet", agregó. Esto sucede aún a riesgo de que cualquiera de sus clientes, o clientes de otro proveedor de internet, también puedan reclamar por la vía judicial por ese bloqueo. El conflicto circular sumaría otro frente de mayor gravedad porque se vulneran derechos más amplios.

Más allá de la decisión que toma cada empresa en particular, los oficios se responden. Suele ser la Cámara la que toma la responsabilidad y devuelve con los argumentos que protegen su actividad. Y todo va quedando ahí, como en una cinta de moebius.

Uber, ese antecedenteLas restricciones que solicitan las fiscalías para los juegos de azar on line son idénticas a las que, en otras ocasiones, han impulsado contra Uber. En todos los casos, las empresas de internet dejaron claro que el bloqueo en cuestión no es factible desde el punto de vista técnico. Y que, en caso de aplicar una prohibición de acceso a los sitios en cuestión en todo el territorio nacional, excedería la competencia del Tribunal que solicita tal medida.

Aunque internet tiene más de 25 años como medio, las cámaras empresariales todavía deben explicar a las autoridades regulatorias y judiciales sobre las imposibilidades de cumplir con cualquier pedido de filtrado, bloqueo o clausura de sitios en un determinado lugar pues afectaría los derechos de los usuarios establecidos en otras geografías.

También señalan que el principio de desarrollo de internet se basa en la innovación. Y que, ante la toma de este tipo de medidas, conviene preguntarse si la determinación no restringe otros derechos tutelados, incluyendo según el caso el acceso a determinada prestación de servicios.

Además, el hecho de bloquear el acceso a un sitio en un lugar y permitirlo en otro da lugar a una internet fragmentada y si eso ocurre se está vulnerando el principio del acceso como derecho básico, explicaron las fuentes.

Desde la CABASE se han visto obligados en infinidad de oportunidades a explicar que no corresponde a los proveedores de internet tomar medidas contra actividades presuntamente ilícitas que se cometen en la web. Y en ese sentido, señalan que las medidas que se adopten contra las actividades ilícitas que se realizan en internet deben ser dirigidas a sus responsables.

Y aquí comienza de nuevo la historia. ¿Falta de regulaciones? ¿Falta de comprensión? ¿Falta de criterio? Lo concreto es que el tema del juego on line pone en evidencia todo esto, junto. Y las acciones que se ponen en marcha desvían esfuerzos hacia direcciones que no llegan a ningún lado. Se malgastan recursos y hasta se corre el riesgo de vulnerar derechos.