Falta una reunión más en la Comisión de Medios del Senado para terminar de delinear un texto que permita avanzar en el proyecto final de "ley corta" propuesto por el Ejecutivo y que apunta a acelerar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones. Pero son tiempos tumultuosos en la Argentina, y el esfuerzo de las pequeñas empresas del sector y operadores independientes apunta a lograr que el texto final incluya una reserva de espectro que les permita ingresar en el negocio móvil. Algunas operadoras de peso con poder de influencia en la opinión pública habrían amenazado con hacerle pasar más malos ratos al Gobierno si no se avanza en esa dirección.

Si las cosas son confusas con el comportamiento del dólar, del "equipo" económico y de la ayuda que se pedirá al FMI, ni hablar de las versiones que circulan, en medio de esta tempestad, en relación a este proyecto de ley, donde también se juegan los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones y de las más pequeñas.

En paralelo a la evolución de las reuniones en el Senado, las distintas empresas pidieron expresamente al Gobierno, a través del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, acceder a frecuencias. Como para que quede claramente ratificado lo manifestado en la comisión del Senado.

Las empresas nucleadas en CABASE, iPlan, las pequeñas cableoperadoras independientes agrupadas en CACPY, la Cooperativa de Santa Rosa, y las de telecomunicaciones nucleadas en CATEL elevaron sus pedidos de frecuencias. Y en todos los casos coincidieron que, en caso de no acceder a espectro, quedarán en inferioridad de condiciones para competir con las grandes operadoras.

Iplan, por caso, pidió espectro en los términos del decreto 1340/2016, es decir, en las mismas condiciones de refarming que le dieron a Nextel. Su objetivo es competir regionalmente con lo que desde la empresa llaman "el oligopolio de las celcos".

Mientras este grupo refuerza su solicitud, hubo versiones que señalaron que otra de las compañías de peso que conforma este pelotón y con participación en el negocio de los medios habría amenazado al Gobierno con iniciarle una campaña en su contra si Telefónica y Claro obtienen el permiso para dar televisión satelital y ellas no acceden a frecuencias para ingresar en el negocio móvil.

Algunos operadores consultados sobre estos rumores consideraron que no sería descabellado que estuviera ocurriendo algo así, mucho menos cuando la zozobra política impera y cada uno encara las estrategias que considera mejores para obtener sus propios beneficios.

"Hubo un comentario respecto de que alguien de mucho poder llamó al presidente y a un ministro y dijo que si no hay frecuencias, tampoco hay DTH (televisión por satélite)", refirió a iProfesional una de las fuentes consultadas. En otras palabras, que si ese prestador no conseguía bandas no había por qué soportar que Telefónica y Claro obtengan la habilitación para dar televisión por el satélite.

Es posible que algo de esta advertencia tenga asidero. Porque alguna de las actuales prestadoras de telefonía móvil ve con cierto recelo que a uno de estos operadores se le entregue frecuencias para dar el servicio celular en zonas populosas, como el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA), sin exigencias sean de inversión y/o de cobertura.

El proyecto de ley corta propone incluir cambios en la reserva preferencial de espectro que le cabe a ARSAT que hoy tiene bajo su poder las bandas que devolvió Arlink (Vila-Manzano) en septiembre del año pasado, y también las que retornó el Grupo Pierri. Allí también recalarán las que vaya devolviendo Telecom-Cablevisión.

Se trata de frecuencias de 3G y 4G, algunas de alcance nacional (como la de 700 mhz, la de 1.800 y la 1,7-2,1) y regional, como la de 2,5 ghz. El Gobierno manifestó su intención de que, una vez que se zanje la cuestión legal vinculada con la disponibilidad de esas frecuencias, se ofrezcan al mercado, aunque deslizó que las nacionales quedarán en poder de las actuales compañías, es decir, Personal, Claro y Movistar.

Mientras algunas compañías pretenden porciones regionales, otras más ambiciosas quieren nacionales. Es ahí cuando comienzan los cortocircuitos. Y eventuales muestras de guapeo unos actores a otros, donde el Gobierno también queda involucrado.

No hay oposición, de parte de las grandes, de que los operadores medianos y pequeños avancen con alternativas de Operador Móvil Virtual (OMV) por regiones. Las objeciones que se escuchan apuntan a las pretensiones que tendrían algunos jugadores de obtener frecuencias de alcance nacional sin exigencias de inversiones y cobertura. El chisporroteo entre ambas partes puestas a uno y otro lado de los tenedores y no tenedores de espectro parece ser real.

Lo cierto es que, más allá de estas versiones, el martes pasado se concretó la tercera reunión en la comisión de Medios, Sistemas y Libertad de Expresión de la Cámara alta, de la que participaron básicamente las empresas vinculadas con el mundo de la televisión.

Las dos grandes ideas fuerza fueron el pedido de una cuota de pantalla para la producción audiovisual nacional, y la incorporación en las grillas de las operadoras de TV paga satelital de las señales que producen contenidos locales, regionales, en alusión directa a DirecTV (que no tiene obligación de hacerlo) y en un futuro a otros prestadores de ese segmento como, se presume, serán Claro y Telefónica.

Alejandro Borensztein, en representación de CAPIT, la cámara de productores de TV, pidió un 40% de cuota de pantalla para producción local, sin repeticiones, para los canales nacionales abiertos, y un 10% para aquellas ubicadas en el resto de las señales.

En caso de tratarse de los canales de las empresas de TV paga consideró que debe seguirse el mismo esquema que para los canales abiertos.Y planteó la necesidad de que los Over The Top (OTT), como Netflix, cubran una cuota de pantalla similar.

También que es necesario encontrar maneras de proteger la industria audiovisual porque, fundamentaron desde CAPIT, son los ingresos publicitarios los que la sustentan y hoy esa fuente se genera a través de la televisión, pero por efecto de la convergencia los OTT plantean nuevos desafíos y a futuro no se sabe si se tratará de aplicaciones o servicios hoy desconocidos.

La Asociación de Televisoras de la Argentina (ATA) planteó que DirecTV incluya en su grilla de programación a los canales privados ubicados en las provincias del país. Lo mismo para las empresas de TV paga de modo que incluyan a los canales locales en su grilla de programación. En ambos casos se busca su sustentabilidad a partir de la generación de ingresos publicitarios.

El jueves de la próxima semana será el último encuentro consultivo en la comisión de Medios. DirecTV, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de América latina (ASIET), una asociación de defensa de los usuarios y el investigador en telecomunicaciones del Conicet, Martín Becerra, serán de la partida.

A partir de ahí se elaborarán un primer texto que, luego, deberá ser girado a la comisión de Educación y Cultura, en un hecho inédito para este tipo de proyectos. La expectativa de las empresas que han participado de las distintas reuniones es que en unos 20 días se emita un dictamen, y el proyecto pueda avanzar.

Situación que hoy comenzó a ponerse en duda por las versiones sobre las posturas que estarían tomando algunos actores del mercado si no se garantiza el acceso a frecuencias móviles a aquellas firmas que aún no han podido ingresar al negocio.

Panorama que se enrarece aún más cuando circulan versiones que aseguran que, si la ley no prospera, se recurrirá a un DNU. Movimiento que ya es calificado por varias de las fuentes consultadas como de una "torpeza y una gravedad institucional" muy serias si así sucediera. Mucho más en un contexto político que es el peor desde que asumió Mauricio Macri a la presidencia. Avanzar a como dé lugar profundizaría la percepción negativa que se expande en distintos sectores de decisión política y económica.