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El Gobierno autorizó el traslado de Eduardo Farah, uno de los camaristas que votó la excarcelación de Cristóbal López

El Gobierno autorizó el traslado de Eduardo Farah, uno de los camaristas que votó la excarcelación de Cristóbal López

Irá al Tribunal Oral en lo Penal Económico 1. Se oficializó la movida un día después de la renuncia del otro juez que firmó ese fallo, Jorge Ballestero

10.05.2018 11.02hs Legales

El Gobierno autorizó el traslado del juez de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah hacia el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1. Se trata de uno de los magistrados que firmó la excarcelación del empresario Cristóbal López y la oficialización del traslado ocurre un dí­a después de la renuncia del otro responsable de ese fallo, Jorge Ballestero.

El traslado fue a pedido del propio camarista y en cumplimiento de la recomendación formulada por el Consejo de la Magistratura

La medida fue adoptada mediante el decreto 429, publicado en el Boletí­n Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Farah es uno de los camaristas que firmó el fallo que dispuso la excarcelación de Cristóbal López y el cambio de carátula en una causa por retener pagos al Fisco por $8.000 millones que Oil Combustibles habí­a recaudado en condición de agente de retención de impuestos, decisión luego revertida por la Cámara Federal de Casación Penal.

El 26 de abril último, el Consejo de la Magistratura habí­a aprobado recomendar al Poder Ejecutivo Nacional su traslado de la Cámara Federal porteña al Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1, como habí­a pedido el cuestionado camarista.

El plenario del Consejo dio el visto bueno a la salida de Farah de la Cámara por ocho votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones.

El camarista recibió cuestionamientos, junto a su par Jorge Ballestero (quien presentó su renuncia) por el fallo que permitió la excarcelación de Cristóbal López y de su socio Fabián De Sousa y el cambio de carátula en la causa por no haber abonado $8.000 millones por el impuesto a la transferencia de combustibles.

La decisión que benefició a los dos empresarios fue revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, que dictaminó que ambos debí­an volver a la cárcel.


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