La crisis que sacude la política económica del Gobierno y que obligó a Mauricio Macri a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir financiamiento de emergencia tiene diversos coletazos. Por ejemplo, también amenaza el éxito de la licitación del programa de Participación Público Privada (PPP) con el que el Gobierno busca mantener el ritmo de obra pública.

El FMI aprovechó la visita de la delegación argentina encabezada por Nicolás Dujovne para dejar trascender su opinión sobre este programa. Para el organismo que encabeza Christiane Lagarde no es adecuado para la coyuntura actual de la Argentina porque se trata de "deuda encubierta", publicó lapoliticaonline.com.

Los resquemores de los técnicos del FMI son lógicos, teniendo en cuenta la historia de la Argentina. Si al crecimiento de la deuda externa se va a sumar el préstamo del organismo, en un contexto de altísimo déficit fiscal, sumarle el peso financiero de los al menos u$s6.000 millones del primer tramo de PPP suena, como mínimo, inoportuno.

Se suma a esta tensión los nuevos pedidos de las empresas, preocupadas por el impacto de la crisis financiera en el negocio.

A las exigencias que plantearon en la previa de la presentación de ofertas para las obras en seis corredores viales, en las últimas horas le sumaron nuevos pedidos para acotar el impcato de la corrida del dólar y la suba de tasas. Es que los vaivenes en el tipo de cambio y la inflación repercutirán en los presupuestos y tiempos preestablecidos para las obras.

En este orden de cosas, el principal pedido de las constructoras tiene que ver con que se flexibilicen las condiciones de financiamiento.

La licitación establece que una vez que se otorgan los proyectos, las empresas tienen la responsabilidad de salir a buscar los fondos para llevar adelante las obras, que suman un total de u$s6.000 millones.

Esto ya era una complicación para muchas firmas -sobre todas las más chicas poco habituadas a salir al mercado- pero con la suba de tasas y las turbulencias del mercado se convirtió en un problema serio para todos.

Es que desde un principio tenían claro que les prestarían a unos 300 puntos básicos más de lo que paga el Estado, lo que llevaría a una tasa en torno al 10% y el consiguiente impacto en el precio de las obras, que en el mercado estiman hasta tres o cuatro veces más que el costo tradicional.

Ahora, cuando el Gobierno desliza que acudir al FMI tiene que ver con evitar el cobro de tasas mucho más altas que en la actualidad (se habla de hasta un 13%), las constructoras ya temen que el impacto se aún mayor para ellas. "Es tanta la desconfianza que todavía no pudieron determinar" la tasa que les cobrarían. "Era complicado hace un mes, imagínate ahora", lamentaron los protagonistas.

Ante esto, desde las empresas están comenzando a pedir al Gobierno que les permita conseguir el financiamiento por tramos y no todo el monto de la obra antes de comenzar.

Es decir, si el monto es u$s1.000 millones, podrían buscar por ejemplo u$s200 millones para iniciar las obras y volver al mercado el año próximo. El argumento es que si en 2019 mejoran las condiciones, las tasas serán menores. "Todo junto no lo vamos a conseguir", agregan desde una constructora local.

Por otro lado, en las empresas quieren que también se flexibilice la exigencia de garantías muy importantes en cada paso del proceso, lo que tiene un costo financiero altísimo. De hecho, solamente para la presentación de las ofertas, algunas firmas tuvieron que poner hasta u$s30 millones. "Es imperativo que lo hagan, nadie llega con todo lo que piden", dicen en el mercado.

Estas turbulencias derivaron en la aparición de algunas dudas sobre las participantes de la licitación. En el mercado circulan versiones muy fuertes de que tres pesos pesados de la obra pública local se bajarían de la disputa. Los nombres que más se escuchan son los del Grupo Roggio, Cartellone y Rovella, publicó lapoliticaonline.com. No obstante, fuentes de la empresa de Aldo Roggio negaron a ese mismo medio que piensen en salir del proceso.

Para el Gobierno el éxito de este programa es clave ya que le permitiría realizar obras estratégicas sin necesidad de aumentar el gasto público y profundizar el rojo fiscal. Mucho más luego del anuncio de una reducción de $30 mil millones en obra pública para este año, lo que deja al PPP casi como el único motor importante en ese rubro.