El juez en lo Comercial Javier Cosentino decretó formalmente la quiebra de la empresa Oil Combustibles, propiedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes están detenidos por el no pago de más de $8 mil millones en impuestos.

En esa otra causa, el juez en lo Comercial dispone el "desapoderamiento de los bienes" de los empresarios y los activos quedan a cargo de la Justicia.

Tal como adelantó iProfesional, la quiebra es "con continuación de la explotación de la empresa por 30 días para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo" resolvió el juez y de esta manera para que sigan vigentes los empleados de la refinería de San Lorenzo.

En la causa además está desde el año pasado una intervención judicial decretada por el juez federal Julián Ercolini, y ahora dicha medida fue extendida por unos 60 días.

Por otra parte, el magistrado fijó un plazo de 72 horas para las empresas interesadas en adquirir la compañía se presenten con propuestas.

"Se abre un período de 72 a partir de la notificación por nota de la presente a fin de que potenciales inversores privados interesados en la eventual adquisición de la empresa en marcha, presenten sus propuestas en autos en sobre cerrado y debidamente individualizado para su correcta identificación, o lo hagan de considerarlo pertinente, a los interventores designados en la causa", expuso en su resolución el juez.

Se trató, según el juez Cosentino, de un "peculiar proceso universal que por su complejidad y trascendencia que ha motivado diversas reacciones en variados ámbitos de la sociedad".

"No hay dudas, una mera revisión de la causa en suma a las medidas adoptadas y cumplidas ante tan drástico escenario no permiten otra salida, mal que pese, que proseguir con el cauce previsto dentro del ordenamiento concursal", señaló.

Mientras tanto, Cristóbal López y De Sousa siguen presos pues un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó una decisión de segunda instancia obligó a que los empresarios vuelvan a cumplir prisión preventiva mientras la causa por administración fraudulenta al Estado avanza hacia la etapa de juicio oral y público junto con el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray también como acusado.

Medidas adicionalesJunto a la quiebra, el magistrado aplicó medidas adicionales para permitir la continuidad de las operaciones de la empresa y de las fuentes laborales. En especial, de los 400 trabajadores que cumplen funciones en la refinería de la petrolera ubicada en la localidad santafesina de San Lorenzo.

Se trata del mayor activo que posee OCSA, que está localizado sobre la Hidrovía del Río Paraná y en el corazón agrícola del país. Tiene una capacidad para procesar 8.000 m3 por día de crudos livianos y medios, lo que representa el 8% de la capacidad de refinación del país.

La planta refinadora se ubica en un corredor por el que se mueve el 70% de la producción nacional de granos, en una zona privilegiada para el abastecimiento a los remolcadores de la hidrovía como así también para los barcos mercantes que se llevan la producción agrícola que se exporta. Acaba de cumplir 80 años desde su creación y hasta ahora procesaba petróleo crudo que proviene por vía marítima de las cuencas Neuquina, Austral, del Golfo San Jorge y también del exterior.

Posee tres unidades de destilación atmosférica, dos de destilación al vacío, una de cracking térmico, tanques de almacenamiento de crudos, productos intermedios y finales e islas de despacho tanto para productos livianos (nafta y gasoil) como para productos pesados (fuel oil, IFO y asfalto).

Tiene también tres muelles y una playa de 84 tanques para almacenar petróleo crudo, asfaltos, fuel oil, IFO, naftas y destilados medios entre otros productos; lo que brinda una capacidad de almacenaje de 340.000 metros cúbicos.

Estos activos son los que ahora trata de salvar el juez Cosentino, quien mantuvo una reunión con un grupo de delegados del personal de la refinería donde hasta enero pasado se refinaban naftas y gasoil para abastecer a la red de 450 estaciones de servicio que operan bajo el paraguas de Oil.

En ese encuentro, el juez describió cuál será su plan para permitir que, más allá de la quiebra, la compañía vuelva a refinar combustibles para, de este modo, poder ser vendida a uno de los tres grupos que, según el magistrado, hasta ahora mostraron intenciones de hacerse cargo de OCSA, entre los que estarían YPF y Trafigura.

Pero también admitió que el proceso de quiebra licuará la deuda que la petrolera acumula con sus acreedores. En especial, la de más de $21.000 millones que acumula con la AFIP, entre capital e intereses y que el ente fiscal intenta cobrar desde que se inició la causa judicial por defraudación y estafa que llevó a López y De Sousa a prisión.

Es decir, desde que se descubrió la maniobra por la cual ambos empresarios utilizaron fondos del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) para adquirir otras empresas que fueron cobijando bajo el paraguas del Grupo Indalo a pesar de que debían transferir ese dinero a las arcas de la AFIP.

Según el organismo de recaudación tributaria fueron $8.000 millones los que desviaron durante cuatro años para comprar empresas en varios sectores, como el de medios de comunicación, construcción y alimentación.

La investigación derivó en una denuncia penal que hoy se tramita ante el juez Julián Ercolini y tiene también al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, como procesado y embargado, al igual que lo están los dos socios de Indalo.