El Gobierno aliviará las presiones que existen sobre la continuidad de OCA. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), le extenderá la licencia para que la empresa siga operando en el mercado postal.

Será de manera provisoria y le permitirá mantener sus actividades hasta el 30 de septiembre. La decisión forma parte de la estrategia oficial para apartar a su dueño, Patricio Farcuh, a quien ya no le creen y lo consideran "poco confiable" para seguir al frente de la compañía y cumplir con las promesas de pago de todas sus deudas.

El objetivo es quitarlo del medio amparándose en las resoluciones judiciales vinculadas con los procesos legales que involucran a OCA y su propietario y así permitir el ingreso de un nuevo inversor en la compañía, a la cual también se liga a Hugo Moyano como su verdadero dueño.

Ocurre que, una vez finalizado el plazo de seis meses, el juez que tiene a su cargo el concurso preventivo de OCA deberá tomar una resolución de fondo, extendiendo el proceso o decretando la quiebra de la compañía.

Fuentes cercanas al juez Pablo Tejada, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 10 de Lomas de Zamora, admiten que la quiebra es el destino más seguro. Y trazan un paralelismo con el derrotero de Oil Combustibles, la empresa creada por Cristóbal López que también fue a concurso preventivo de acreedores y terminó en una quiebra con continuidad.

De hecho, por estos días se buscan interesados para quedarse con los activos de la petrolera, cuya deuda se acerca a los $21.000 millones solamente con la AFIP y que la Justicia intentará cobrar a partir de denuncias civiles y penales presentadas en contra de López y su socio, Fabián De Sousa.

En el caso de OCA, también el ente fiscal es el mayor acreedor, con $5.000 millones, de los cuales $3.500 millones se encuentran dentro del concurso preventivo, y el resto se generó luego de este proceso.

Para evitar un mayor endeudamiento, el juez Tejada ya designó a Marcelo Griffi como coadministrador en OCA que se hizo cargo de gerenciar la compañía y quitarle poder de decisión al propio Farcuh.

Más ahora que el empresario fue procesado por retención indebida de aportes a la seguridad social por el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, quien además lo embargó por $400 millones.

También se abrió una cuenta bancaria por orden judicial que será inembargable y en la cual el coadministrador irá depositando los ingresos que OCA genere con sus operaciones y con dinero que el Estado le adeuda a la empresa se irá cancelando en las próximas semanas.

Dichos fondos serán usados para empezar a cancelar la deuda con la AFIP y sostener el pago de los salarios de sus casi 7.000 trabajadores.

Mientras tanto, los veedores que en marzo pasado designó el Enacom y el síndico nombrado por el juez Tejada, irán elaborando informes sobre la situación comercial y financiera de la compañía que le serán entregados al magistrado al finalizar el período de licencia temporal.

Ya el mes pasado, los funcionarios entregaron al Enacom un crítico informe en el cual aseguraron que Farcuh no cumplió con ninguna de las obligaciones que se le impusieron en el momento de la designación de los cuatro veedores.

Estos funcionarios debían controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la empresa postal, que debía acreditar ante el Ente la aplicación de la totalidad de los fondos provenientes del levantamiento de embargos judiciales existentes a la cancelación de sus deudas fiscales.

También tenía que acreditar el pago de todas las obligaciones fiscales. Con este crítico documento en sus manos y con los informes que también deberá elaborar el coadministrador, el magistrado resolverá si decreta o no la quiebra de OCA.

En este sentido, las fuentes estiman que la decisión será por el default pero con continuidad. Es decir, lo mismo que ocurrió con Oil Combustibles.

Esa determinación permite al juez la posibilidad de limpiar la empresa de deuda y buscar nuevos inversores.

Así, el Gobierno se evitaría el costo político de cerrar de manera definitiva una empresa con 7.000 empleados que quedarían directamente en la calle, generando un efecto negativo para la administración de Mauricio Macri.

Además, se frenaría un posible conflicto entre dos organismos públicos. Es decir, entre el Enacom y la AFIP.

En la jerga legal se llama ética de la responsabilidad y se vincula a que dos agencias del Estado no pueden tener una opinión diferente sobre un mismo tema.

Esto se debe a que si el Enacom le quita de manera definitiva la licencia, el ente fiscal no podrá cobrar ni la deuda post concursal.

Mientras que con la quiebra, se le podrá reclamar el pasivo al propio Farcuh, tal como se le reclama a Cristóbal López, y se permitirá que la empresa siga operando y generando ingresos para terminar de cancelar todo su endeudamiento, mientras se le busca un nuevo propietario.

Otras fuentes del sector judicial estiman que antes de dictar la quiebra, el juez Tejada puede abrir un período de cramdown en busca de interesados en hacerse cargo tanto de los activos como de los pasivos de OCA.

Se trata de otra similitud con lo que ocurrió con Oil, que también tuvo su período de cramdown pero que no tuvo éxito ya que la AFIP no permitió cancelar la deuda con quita o en cuotas de muy largo plazo.

En el caso de OCA, la diferencia estaría dada porque la empresa postal ya posee dos planes de pago otorgados por el organismo a cargo de Leandro Cuccioli, orientados a reducir su pasivo post concursal.

Además, la jueza Liliana Heiland ya le redujo fuertemente los embargos preventivos precisamente por el aval de la AFIP a esas propuestas de cancelación de sus deudas, lo cual le permitió disponer de $600 millones para también poder ir pagando impuestos corrientes.