La "ley corta" que buscará acelerar inversiones en materia de telecomunicaciones podría tener su dictamen consensuado la próxima semana, momento en que también podría ingresar al Senado para su inmediato tratamiento. Es lo que quedó manifestado en la reunión de este jueves de la comisión de medios, sistemas y libertad de expresión de la Cámara alta, donde se concretó el último encuentro destinado a discutir esta norma, justo en el día mundial de Internet.

Todo esto ocurre en un contexto de país donde las desigualdades en materia de infraestructura, conectividad, acceso y calidad de servicios de telecomunicaciones son cada vez más notorias. Si la penetración de internet fija es de 57,78%, y parece alentadora, según los datos abiertos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a octubre de 2017, cuando se pone la lupa sobre las 24 provincias la historia es otra.

Así, mientras en Córdoba la penetración es de 63,3%, ese mismo valor se reduce al 21,27% en Formosa. El contraste sería más grande si se osara en rascar un poco más en el interior de cada una de ellas.

De ahí que el objetivo oficial de la llamada "ley corta" sea acelerar inversiones en materia de infraestructura para comenzar a resolver estas disparidades. Aún cuando, a veces, las exposiciones que se escuchan en el ámbito legislativo parecen estar lejos de lo que ocurre efectivamente en el sector, en el país, y con los servicios que reciben los ciudadanos.

Desde su ingreso en el Senado, hace algo más de un mes, el objetivo fue avanzar rápidamente en una ronda de consultas y tener un dictamen consensuado. Esto podría concretarse la próxima semana, cuando también podría entrar en el recinto.

En este último encuentro se escuchó a operadores de telecomunicaciones y de televisión, a asociaciones de defensa de consumidores, a los cineastas Luis Puenzo y Marcelo Piñeyro, a expertos académicos en telecomunicaciones y a productoras de contenido de las provincias.

La cita comenzó con una sorpresa. Al dar inicio a la reunión, el presidente de la comisión, Alfredo Luenzo, sorprendió al auditorio cuando dijo que a partir del texto original que ingresó en ese espacio, "aparecieron modificaciones que envió el Ejecutivo" y que el objetivo sería "tener un dictamen la próxima semana", y bajar con ese texto al recinto.

El auditorio se quedó fuera de juego. Todos dudaron en la exposición que harían dada la novedad y sin estar al tanto de esas modificaciones que, supuestamente, habían entrado a última hora de la noche del miércoles.

Luego, la situación se aclararía. Pero hubo que esperar a que la reunión terminara para entender lo que estaba pasando con el texto. El senador Federico Pinedo escuchó a los expositores del día para manifestar, al final, que era optimista respecto a la posibilidad de "llegar a un consenso amplio en comisiones", sobre el texto final.

Señaló que se debe avanzar en

-la protección adicional a pequeños prestadores locales,

-habilitar la movilidad por la vía del espectro a esos pequeños operadores

-promover una competencia efectiva, equilibrada e igualitaria con obligaciones que deben ser similares sin importar el medio tecnológico que utilicen.

"Está claro que hay que expandir las posibilidades para que todos los argentinos tengan acceso a internet de alta velocidad para que tengan las mismas oportunidades. Y la política pública no puede dejar afuera el conectarse con otros, comerciar, interactuar, dar y recibir cultura. Expandir la posibilidad de acceso es esencial", enfatizó el legislador.

La intención de Pinedo era emitir dictamen este mismo jueves pero ni los senadores presentes lo avalaron como tampoco lo hizo, al menos con sus gestos, el presidente de la comisión, Alfredo Luenzo.

El supuesto nuevo proyecto parece no haber sido tal, según luego aclararía a este medio el propio Pinedo. Sí enfatizó que se buscará la manera de "vincular los plazos de protección (de los operadores pyme) con los plazos de adecuación de las redes", es decir, el tiempo que les lleve actualizarse por la vía de la inversión.

iProfesional había dado cuenta de que había voluntad de estirar un tiempo más la fecha del 1° de enero de 2019 para el inicio pleno de la competencia. Aunque por ahora ese plazo no está claro.

También confirmó Pinedo que los prestadores locales podrán acceder a espectro local o regional, aunque no dio detalles técnicos. Aseveró, a su vez, que se impondrán obligaciones mínimas para la difusión de los contenidos locales. Ambos son reclamos que se escucharon a lo largo de los encuentros destinados a discutir la "ley corta", incluido el de este último jueves. 

Posturas diversasLos temas sobre los que giró este último encuentro se vincularon con infraestructura, derechos de consumidores, concentración económica, contenidos nacionales y cuota de pantalla. Y pudieron observarse posturas muy distintas sobre uno y otro tema.

Abrió la ronda de expositores Pablo Bello, director ejecutivo de la Asociación de Telecomunicaciones para América latina (ASIET) quien destacó el valor de discutir este proyecto de "ley corta" para cerrar la brecha digital y "avanzar en infraestructura e inversiones".

Resaltó que la Argentina viene debatiendo la convergencia pero también subrayó que "hay un retraso en el marco regulatorio cuando se la compara con el resto de la región. Resolverlo es la clave avanzar de manera concreta, indicó.

El directivo de ASIET, que representa a las principales empresas de telecomunicaciones que actúan en Iberoamérica, expresó la necesidad de trabajar en la eliminación de las asimetrías para incentivar inversiones en infraestructura y favorecer a los usuarios.

Consideró positivo avanzar en la compartición de infraestructura, tal como lo propone la primera parte del borrador, como en el tema de los contenidos donde, indicó, también es necesario que haya competencia.

Debido a que el texto propone debatir sobre la reserva preferencial de espectro de Arsat, Bello advirtió que, según cómo se trate el tema, se corre "un riesgo de discrecionalidad importante" y señaló que la resolución de la asignación de Arsat puede ser mejorada. Al volver a destacar que se trata de "un muy buen proyecto de ley", aunque no resuelve todos los problemas, "es urgente aprobarlo, tiene la chance de poner a la Argentina por delante de los países de América latina", concluyó.

Como el proyecto aborda el tema de los contenidos, los cineastas Puenzo y Piñeyro también dieron su opinión, con una fuerte carga de nostalgia, tal vez producto de su misma actividad.

Ambos se refirieron, con distinto tono, a la necesidad de defender la producción nacional y a contar con una cuota de pantalla, similar a la que impulsa Europa con los OTT, como Netflix, tal como sostuvo Puenzo.

DirecTV también tuvo su espacio. Francisco Barreto, VP External Affairs para el Cono Sur de la empresa, se refirió al must carry, es decir, la obligación de incorporar a la grilla de programación contenido específico. Advirtió que el satélite "tiene restricciones" para cumplir con ello.

Argumentó que la tecnología satelital "no es la mejor para la distribución local" y que debe "buscarse una solución posible de ser cumplida". Esto a raíz de las fuertes críticas que existen principalmente de señales de las provincias que quieren ser incorporadas en esa grilla por ser uno de los principales operadores de TV paga del país.

A la hora de pedir, Barreto propuso incluir en las futuras discusiones sobre la convergencia el problema de la piratería por el impacto que provoca tanto en proveedores de servicios como productores de contenidos.

Los consumidores también estuvieron representados por la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores (ADDUC). Osvaldo Bassano, de la entidad, señaló que "no es beneficiosa la alta concentración (de empresas de comunicaciones) en pocas manos". Y connsideró que el proyecto en discusión ignora el artículo 42 de la Constitución Nacional y la ley 24.240 de Defensa de los Consumidores.

Para Bassano, el problema del sector comenzó con el dictado del DNU 267, que introdujo cambios en la ley de medios y Argentina Digital. "No podemos dejar en pocas manos la internet porque afecta la libertad de las personas". Y en tren de críticas, sostuvo que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que se instauró a partir del mencionado decreto "no controla nada" y que no deben dictarse normas que favorezcan la concentración.

Finalmente, fue el turno de Martín Becerra, investigador en telecomunicaciones del Conicet. Enfatizó que "el proyecto puede tener impactos duraderos en infraestructua, contenidos y comunicaciones personales" razón por la que deben estudiarse esos efectos largos. Y que "regular la infraestructura es regular los contenidos, por acción u omisión, por asimetrías, por desigualdad económica".

Y que si se avanza sin mirar esos aspectos "unos pocos podrán hacer todo y muchos estarán condenados a divergencias por el no acceso a espectro".

Productoras de contenido de las provincias y diputados que ya están tomando nota de lo que ocurre en el Senado expusieron sobre las necesidades de que la norma contemple la producción audiovisual local y regional porque, en definitiva, son también generadoras de trabajo en sus zonas. 

Los planteos quedaron expuestos y a partir de ahora comenzó el conteo regresivo. El Ejecutivo tiene urgencia porque esta ley se apruebe.