Corría el 2012 cuando Mauricio Macri tomó consciencia del poder de los metrodelegados.

Fue un paro de 11 días que marcó un récord a nivel mundial en el transporte subterráneo y le ocasionó al entonces jefe de Gobierno un desgaste díficil de olvidar.

Además de la pérdida de más de 8 millones de viajes, tuvo que soportar las críticas de la presidenta Cristina Kirchner, cuya gestión era responsable de obstaculizar la personería gremial al sindicato alternativo (AGTSyP), pese a ostentar la representación mayoritaria en el subterráneo.

El conflicto que estalló ayer en el subte empezó a reflejar un cambio en las relaciones de fuerzas.  

Ese fue el mensaje que enviaron los funcionarios de la Ciudad al respaldar el fuerte operativo policial bajo tierra ordenado por la Justicia, que concluyó con el desalojo de una protesta de los trabajadores y la detención de 15 personas, incluido el secretario adjunto Néstor Segovia, una decisión que fue respondida con un paro total en las seis líneas y el premetro.

La señal más clara de los nuevos vientos que soplan surgió durante una conferencia de prensa en la que las autoridades se ampararon en un fallo reciente de la Corte Suprema para desconocer la representatividad del sindicato creado en 2008 y calificaron de "delitos" las medidas de fuerza lanzadas por ese sector ayer por la mañana, en reclamo de la reapertura de paritarias.

"No pueden discutir paritarias", sentenció ayer por la tarde el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en su interpretación de la decisión del máximo Tribunal.

En marzo pasado, la cúspide del Poder Judicial dejó firme una sentencia que anuló la resolución del Ministerio de Trabajo firmada el 26 de noviembre por el entonces titular de esa cartera Carlos Tomada, quien le otorgó la personería gremial a la AGTSyP dos semanas antes de concluir su gestión.

Esa figura jurídica, consagrada en la Ley de Asociaciones Sindicales y administrada por el Estado, es la que en teoría le permite a los gremios ejercer su participación en las paritarias, entre otros derechos exclusivos. En la práctica, en cambio, suele ser decisiva la representación real y la capacidad de movilización.

El macrismo tomó nota del guiño de la Justicia y el 23 de abril pasado cerró con Metrovías y la Unión Tranviaria Automotor (UTA) una suba en tres tramos del 15%, en línea con la pauta oficial, y se aplicó además un descuento del 1% a todos los trabajadores del subterráneo en beneficio de ese gremio, de buen diálogo con el Gobierno.

De inmediato, los metrodelegados desconocieron el acuerdo e iniciaron un plan de lucha progresivo, que ayer incluyó un paro por la mañana en la Línea E y H, medida que terminó con el desalojo de los manifestantes.

"La Ciudad no puede desconocer el fallo de la Corte. Esa es la diferencia con años anteriores en la que mostrábamos voluntad de diálogo", afirmó a iProfesional una fuente del Gobierno porteño.

Del otro lado, los dirigentes de la AGTSyP también observan un escenario diferente al de los últimos 15 años en los que se habían costumbrado mal que bien a una dinámica de tire y afloje, por la cual la UTA firmaba las paritarias pero en la práctica los metrodelegados podían modificar las condiciones del acuerdo.

"Ahora no nos convocaron en los últimos tres meses, han decidido desconocernos, siempre lo intentaron desde 1998 todos los gobiernos, pero de una manera u otra lográbamos ser parte de la discusión colectiva", explicó a este medio el delegado de la línea B, Claudio Dellecarbonara.

Las tensiones ocurren en medio de un contexto en el que la Casa Rosada decidió "acelerar" el ritmo del ajuste y evitar a la vez una reapertura de las paritarias, una opción que es debatida en el ámbito sindical para compensar el efecto de la devaluación sobre los precios que dejó la crisis cambiaria.

Con esa preocupación, la AGTSyP reclama ahora un incremento salarial superior al 30% ya que el número que habían discutido previamente -una recomposición del 10% por lo perdido en 2016 y del 20% por 2017- "quedó desfasado". Su expectativa de inflación está en torno al 25%.

El otro condimento es político. Un asesor histórico de los metrodelegados le anticipó meses atrás a los sindicalistas del subte que ésta vez la pelea con el Gobierno iba a ir más allá de la cuestión salarial o las condiciones de trabajo.

"El conflicto es más profundo, se los vengo anunciando, van a intentar quebrarlos y favorecer a la UTA porque está en juego la política económica. Macri no les perdonó nunca el paro de 11 días", dijo a este medio Luis Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.

Pero ese no es el único motivo. Además de desafiar la pauta salarial y realizar huelgas, los metrodelegados son conocidos por denunciar la falta de mantenimiento de vagones, la inundación de las estaciones cuando llueve y el virtual hacinamiento en que viajan los pasajeros en horas pico, en ocasiones con interrupciones del servicio por fallas técnicas.

Por caso, la AGTSyP forzó en febrero el retiro de tres vagones importados de España por la posible presencia de un material tóxico conocido como asbesto. Y la semana pasada la Justicia frenó el aumento de tarifas en el subte tras un amparo firmado entre otros por Dellecarbonara.

El acercamiento a los Moyano como parte de un nuevo armado sindical tambien inquieta al Gobierno.