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Retiro voluntario: en la Provincia estiman salida de 12.000 estatales

26-05-2018 Buscan reducir la planta de empleados públicos. Quienes opten por dejar la administración pública cobrarán entre 10 y 30 cuotas de indemnización
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Unos 12 mil agentes podrían dejar la administración pública bonaerense para cobrar las indemnizaciones por retiro voluntario que establece el mecanismo oficial.

La administración de María Eugenia Vidal dispuso abrir un registro de retiros voluntarios, con el objetivo de reducir el plantel de personal. La medida, que en principio regirá por seis meses, incluirá a empleados de la planta permanente pero no alcanzará a la Policía ni a los agentes del Servicio Penitenciario.

La Provincia cuenta con cerca de 380 mil docentes y unos 290 mil agentes policiales, penitenciarios, administrativos y personal de Salud. Vidal siempre habló de una planta “sobredimensionada” de personal y puso en marcha una serie de medidas para reducirla. 

De acuerdo al decreto que será publicado en el Boletín Oficial, estarán comprendidos en la medida todos los agentes que revisten en las plantas permanentes con estabilidad del Poder Ejecutivo, organismos de la administración centralizada y descentralizada.

No están incluidos policías y penitenciarios, pero se faculta al director de Cultura y Educación a adherir a la medida con lo cual podrían quedar incorporados los docentes.

En su artículo 3, el decreto establece que podrán optar por el retiro voluntario todos aquellos agentes que revisten las plantas permanentes con estabilidad que a la entrada en vigencia de este régimen registren una antigüedad de 2 años o más e inferior a los 24 años en la administración pública y le faltaren más de 5 años para acceder a la jubilación.

De acuerdo a la iniciativa oficial, se establece una escala para la indemnización que cobrarán aquellos empleados que se acojan al régimen que contempla el pago en cuotas según la antigüedad de cada uno.

Así, por ejemplo, un agente con un antigüedad entre 2 y 5 años percibirá un pago inicial al momento de la baja de cuatro cuotas juntas. Y luego, percibirá 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Con una antigüedad entre 6 y 7 años, quien se retire cobrará un pago inicial de 6 cuotas y otras 9 mensuales.

El total de cuotas será de 20 para quienes tengan entre 8 y 9 años de antigüedad; 24 para los de 10 y 11 años de empleo y de 30 para los de más de 12 años de antigüedad.

Sin embargo, esas cuotas no se calcularán de la misma forma. Las que se cobrarán al momento del retiro surgirán “en base a la remuneración mensual normal y habitual bruta de cada agente”. Para las restantes, en cambio, se tomará como base “la remuneración mensual normal y habitual neta percibida luego de efectuadas las deducciones legales”. De esta manera, las primeras serán más abultadas que las segundas.

También se establece que para el cálculo de la indemnización se deberá tomar la mejor remuneración mensual “normal y habitual percibida por el agente en los seis meses anteriores al acto administrativo que dispone la aceptación del retiro, incluyendo todos los conceptos de pago mensual, adicionales, bonificaciones y sumas no remunerativas”. Pero se excluyen las sumas percibidas en concepto de viáticos, horas extras y aguinaldo, además de “todo concepto de frecuencia de pago no mensual”.

Respecto de las cuotas, se establece que el pago inicial se realizará a los 30 días de la aceptación por parte del Estado del retiro voluntario. En tanto, las cuotas restantes se abonarán del siguiente modo: la primera al cuarto día hábil del mes siguiente y las de más en el mismo día de los meses posteriores hasta agotar las cuotas correspondientes a cada caso.

Por otra parte, el decreto consigna que los agentes que se retiren contarán con la cobertura del IOMA por un período de dos años contados a partir del cese. Finalmente se dispone que el Instituto de la Administración Pública organizará programas de formación destinados a facilitar la reinserción de los adherentes en el ámbito de la actividad privada.


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