El dictamen de la llamada "ley corta" de telecomunicaciones previsto para que se consensúe esta semana en la comisión de medios del Senado podría tener algunos días más, y en el Gobierno están dispuestos a conceder ese changüí dada la delicada situación política que está produciendo con las tarifas de servicios públicos y la fuerte pulseada que se juega en el Congreso.

Así lo reconoció a iProfesional, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien sostuvo que "la racionalidad y el sentido común nos permiten contemplan que los senadores puedan tomarse esta semana y la otra para tener el dictamen", dada la discusión tarifaria que este miércoles se dará en el Senado.

Pero sin decirlo directamente, dio a entender que esto tendrá un plazo porque "creemos que hemos hecho un trabajo serio y porque la ley prevé todas las protecciones para los distintos sectores. Se acabaron las discriminaciones y las prerrogativas en favor de unos pocos que perjudican a la mayoría", dijo a este medio en el marco del II Foro de Ciberseguridad y Género que se realiza hasta este miércoles en el Palacio San Martín.

Ibarra aseguró que la iniciativa prevé la protección de todos los sectores. "Está bien segmentado lo que se debe proteger en las localidades de menos de 80.000 y demás. Y además, entendemos la problemática de los que invirtieron y de los que quieren invertir. En todos los casos se van a tomar los recaudos para que recuperen la inversión", destacó.

Pero aprovechó para enfatizar que si se busca el desarrollo de internet en el país "tiene que haber más competencia, tiene que haber internet satelital, tiene que existir la posibilidad de licitar espectro, porque de esto dependen los servicios de calidad a mejor precio".

Si bien en la comisión de Medios, Sistemas y Libertad de Expresión, continúan trabajando con el objetivo de lograr un dictamen este mismo miércoles, si no es posible, se tomarán una semana más. Hay varios puntos en los que no hay acuerdo. Algunos lo atribuyen a visiones completamente distintas sobre cómo abordar el proyecto de ley.

Y es que, mientras el Ejecutivo busca que se aprueben aspectos puntuales vinculados con la compartición de infraestructura, el espectro y la posibilidad de que las telefónicas den televisión de pago por la vía satelital, varios legisladores quieren que esto se amplíe a otros aspectos más, incluido el tema de los contenidos.

Si bien los contenidos también están incluidos en los borradores sobre los que se trabaja, no tiene el alcance que se reclama desde algunos sectores.

Más allá de este punto, que merece un capítulo aparte, con el espectro, la compartición de infraestructura y la cuestión satelital hay bastante sobre lo que trabajar.

Y es en cada uno de estos puntos donde se dirimen diversas batallas. Especialmente porque, suponiendo que el proyecto de ley avanzara sin inconvenientes y con todos los acuerdos sellados, habrá algunas cuestiones vinculadas con el federalismo que no podrán soslayarse.

Más allá de la leyLa realidad muestra que, por más que se quiera impulsar la compartición de infraestructura -aspecto que tiene un cierto consenso entre todos los actores, públicos y privados porque ayudaría a desplegar más rápidamente las redes, aunque hay excepciones- habría grandes dificultades para ejecutarlo. Especialmente a nivel de los municipios, donde las prestadoras coinciden en que es donde se desatan la mayor parte de los problemas. 

Y el tema es que los municipios, al ser autónomos, dictan sus propias leyes. Y las nacionales no siempre las alcanza. El antecedente histórico es el relativo a la instalación de nuevas antenas móviles, donde cada municipio establece sus condiciones según criterios propios, muchas veces arbitrarios. Con la compartición de infraestructura esto podría todavía profundizarse más.

Los casos sobre las dificultades que tienen las distintas empresas, grandes, medianas y pequeñas, para usar los postes o ductos de un tercero (sea municipio, empresa de energía, de telecomunicaciones o de lo que sea) sobre los que montar las propias redes son innumerables.

Tal el de Coseidi, proveedor de internet del Gran Buenos Aires, que encuentra serias dificultades para poder realizar nuevos tendidos. "Hay municipios que dicen que no dan más permiso para tendido aéreo en la zona céntrica, que tiene que ir soterrado. Y el costo de construir una red subterránea es 10 veces superior a la que va por aire", explicó a iProfesional, Esteban Tocalini, presidente de la compañía.

El problema no sería tanto exigir el soterrado. El punto radica en que la exigencia corre para los nuevos entrantes, mientras que las empresas que no fueron alcanzadas por la nueva disposición pueden seguir haciendo uso del espacio aéreo. "Eso dificulta la inversión porque no puedo competir con la empresa que va por arriba", lamentó.

A esto se suma que muchas de las empresas con postes ya firmaron acuerdos con diversos prestadores para utilizarlos. "Pero si firmó la exclusividad con una compañía, no puede sumar a un tercero. Entonces, llegamos a la conclusión que va a ser la empresa eléctrica la que termina eligiendo quién será el proveedor de telecomunicaciones de una zona, casi de por vida", añadió Tocalini.

"La realidad es que los municipios ya tienen sus ordenanzas. Y si hay que plantear algo nuevo, dicen que hay que promover una excepción en el Concejo Deliberante, que es como luchar contra los molinos de viento. Eso sí, el argumento es que ellos tienen que cumplir con la normativa", agregó, con ironía.

La maraña de regulaciones municipales por un lado, y los acuerdos entre privados por el otro, podrían ser dos de los grandes problemas de ejecución que pudiese tener la futura ley corta en cuanto a compartición de infraestructura.

Al ser consultado sobre este aspecto, el ministro Ibarra señaló que si bien se va a respetar la ley y el federalismo "vamos a definir todo lo que sea necesario desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para no alterar los despliegues. Buscaremos soluciones de distinto tipo para evitar estos problemas. Porque estas situaciones que suelen darse en los municipios no sólo afectan a los habitantes de ese lugar sino también a los del municipio de al lado". Y apuntó que se emitirán todas las resoluciones y disposiciones necesarias para favorecer los despliegues.

Desde uno de los sectores que representan a las pyme de telecomunicaciones señalaron que "lo más importante va a ser la reglamentación, porque el problema aparece en donde no te ponés de acuerdo. Cuando pedís el uso de infraestructura y el dueño la bloquea, no la da o la cajonea". Ahí, se traba todo.

Esto se profundiza cuando se avizora a entes y municipios capaces de desarrollar una red completa pero que no la operarán. ¿Cómo se facilitará su uso compartido desde la ley?, se preguntan algunos actores del mercado. Ese será uno de los temas que más atención demandará, especialmente a la hora de la reglamentación, aspecto sobre el que los legisladores que trabajan en la normativa no quieren dejar a la libre interpretación del Ejecutivo.

Un dato más, casi de color: si todos compartieran los postes sin inconvenientes, el problema podría plantearse sobre la real posibilidad de que esos postes se banquen el peso de dos cables o más. Hay columnas que no soportan más que eso. Y si se le suma uno más, se puede caer.

El factor movilidadEl espectro es otro de los grandes temas a resolver. Todavía pujan quienes quieren espectro de verdad, tales los casos de iPlan y Telecentro que, en particular, en la última ronda de consultas pidió convertirse en el cuarto operador móvil.

El Gobierno está dispuesto a entregar porciones de espectro a nivel regional. Que las pyme telco accedan a ese recurso será vital para poder brindar diversos servicios múltiples y convergentes. Aunque algunas se sinceran y admiten que "tener espectro regional sería lindo pero cuando hay que poner la plata sobre la mesa no está. El espectro vale mucha plata".

Por eso consideran más factible tener suficiente protección en sus zonas de influencia a fin de que puedan continuar desplegando redes de fibra óptica y estar fortalecidas para competir con los servicios de televisión paga por satélite. Que es lo que más preocupa a otro sector de las pyme telco.

"Para el negocio móvil, creo más en el Carrier Grade WiFi", reconoció la fuente consultada. Se trata de una especie de avanzada del Operador Móvil Virtual (OMV) que, justamente, les permite a las empresas tener movilidad. Y así ofrecer múltiples servicios. 

"Necesitamos tiempo (para desplegar redes de fibra), infraestructura y frecuencias. Porque si no, se va a cumplir ese temor de que los más grandes se queden con todo", añadió.

Hasta ahora, ese tiempo estaría concedido. La competencia plena, en vez de arrancar en 2019, podría arrancar en 2020. Aunque las diversas cámaras y pyme telco han pedido, como mínimo, tres años, y hasta un máximo de 10 años de protección, tal lo planteó en actitud provocadora una de las asociaciones de operadores de TV por cable.

"¿Por qué no hacen al revés y en vez de darnos sólo un año a las pyme para desarrollarnos que a las operadoras de telecomunicaciones les den tres años antes de entrar al mercado de TV paga por satélite y en la medida en que ellas despliegan fibra óptica de manera acelerada les adelantan el tiempo?", se preguntó una de las pyme de internet consultadas.

Los planteos están todos echados en la comisión de medios del Senado. Y por estos días será incesante el trabajo para llegar al dictamen de consenso, sobre el que ya está poniendo un ojo la comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados. De su aprobación y puesta en marcha dependerá parte de la aceleración de inversiones en infraestructura.