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Está convocada para este martes la Comisión de Salud a los fines de tratar el proyecto que crea la Agencia que evaluará los juicios contra obras sociales
11/06/2018 - 10:18hs

El Gobierno busca bajarle el perfil a los cambios en la legislación del trabajo. Tras el freno a la denominada “reforma laboral” de noviembre, cuando Pablo Moyano criticó el acuerdo entre la CGT y el macrismo, el nuevo mapa de las relaciones entre el PJ y Cambiemos comenzará a notarse con la convocatoria para este martes de la Comisión de Salud a los fines de tratar el proyecto que crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet).

La propuesta normativa forma parte de la tríada de proyectos impulsados por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y que tras la pelea de Pablo Moyano con la CGT, se convirtieron en otras tres iniciativas que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, presentó como propias, indicó el diario La Nación.

Los textos que completan el paquete son el de formación profesional y el del blanqueo laboral. Este último es el más controvertido y el que provocó el cortocircuito en la CGT, ya que, además de la regularización del empleo en negro, impulsa cambios en la ley de contrato de trabajo destinados a bajar los costos laborales, sobre todo en el cálculo de las indemnizaciones.

"Por el momento, el único acuerdo que hay es por la agencia (Agnet), que es un proyecto que quieren los gremios", explicaron voceros del senador Miguel Pichetto, presidente del Bloque Justicialista, al mencionado matutino.

En Cambiemos aseguran que el proyecto de pasantías también tendría luz verde sindical y que si no se tratará esta semana es porque el presidente de la Comisión de Trabajo, Daniel Lovera (PJ-La Pampa), viajó la semana pasada a Ginebra a la cumbre de la OIT.

La Agnet es avalada por los gremios porque, aseguran, les permitirá combatir la "industria del juicio" contra las obras sociales para que se hagan cargo de prestaciones médicas complejas que no figuran en el programa médico obligatorio (PMO).

La agencia tendrá la facultad de analizar y evaluar las prácticas médicas y los medicamentos que deberán estar alcanzados por la cobertura de las obras sociales.

Los que cuestionan esa iniciativa consideran que perjudicará a los afiliados de las obras sociales, ya que reducirá el universo de prácticas médicas a las que podrán acceder.