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Confirman juicio oral a Báez por lavado de dinero

22-06-2018 El empresario kirchnerista Lázaro Báez será juzgando en un tribunal oral por maniobras de lavado de dinero al rechazar la Justicia pedidos de la defensa que retrasarían el juicio                                                                    
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El empresario kirchnerista Lázaro Báez será juzgando en un tribunal oral por maniobras de lavado de dinero al rechazar la Justicia pedidos de la defensa que retrasarían el juicio.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pronta elevación de juicio oral y público contra Lázaro Báez, acusado de maniobras de lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

La Sala IV no hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Báez, quien se encuentra detenido, por lo que respaldó la decisión del Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) de la Capital, que había rechazado un planteo de nulidad de la elevación de la causa a juicio.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa rechazaron las quejas interpuestas de la defensa del empresario, que también pretendía retrotraer el avance de las actuaciones hasta tanto el resto de los presuntos implicados en la maniobra investigada se encontrara en situación de ir a juicio, entre ellos, la expresidenta Cristina de Kirchner.

La Sala IV, como en otras oportunidades, reiteró la "necesidad de otorgar celeridad a los juicios por corrupción", señaló el Centro de Información Judicial (CIJ).

El TOF 4 juzgará a Báez y a otros 20 imputados por la presunta comisión del delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares con facturación apócrifa simulando gastos en los contratos de obra pública con el Estado nacional.

Para los magistrados, el pedido de Báez "no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del Código Procesal Penal, ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena".

"El impugnante no logra hacer excepción a la regla mencionada, en tanto no demuestra fundadamente que se encuentre en juego una cuestión de índole federal, a los fines de solicitar la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio", agregaron los jueces.

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