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Por la renegociación de tarifas, las gasíferas desisten de millonarios juicios contra el Estado

28-06-2018 TGN y Metrogas habían presentado amparos durante el gobierno kirchnerista para presionar por el fin del congelamiento tarifario. Con la llegada de Mauricio Macri lograron renegociar los contratos para obtener fondos que les permitan recomponer sus finanzas
Por Andrés Sanguinetti
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Tras renegociar nuevas condiciones para los contratos de concesión, las empresas del sector del gas comenzaron a desistir de los juicios que habían iniciado contra el Estado nacional por el congelamiento de tarifas.

Un ejemplo es el de Transportadora de Gas del Norte (TGN), que lo hizo como consecuencia de haberse cumplido las condiciones previstas en un acta acuerdo de adecuación de su contrato de licencia.

Mediante una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los accionistas de TGN informan que la empresa "procedió a desistir íntegra y expresamente del derecho y de la acción judicial entablada contra el Estado Nacional fundada en los hechos y medidas dispuestas, respecto de su licencia, a partir de la situación de emergencia establecida por la ley de emergencia pública 25.561".

De esta forma, TGN se suma a las empresas vinculadas al sector gasífero que terminaron con la conflictividad judicial que generó el congelamiento tarifario dispuesto por el anterior gobierno kirchnerista y que duró casi 13 años. La primera había sido Metrogas que dio por finalizada una demanda que había entablado en el 2011 en los tribunales locales, una camino parecido al que los accionistas de estas compañías llevaron a cabo contra la Argentina en el Ciadi.

En el caso de la distribuidora de gas propiedad de YPF, había presentado un amparo en el fuero Contensioso Administrativo buscando presionar por la recomposición de tarifas que había sido aprobada en octubre de ese mismo año por un decreto de Cristina Fernández que nunca se puso en vigencia. Pero hace unos meses tomó la decisión de no avanzar por la vía judicial toda vez que el gobierno de Mauricio Macri acordó las subas de tarifas que se vienen aplicando tanto a los clientes de Metrogas como a los de las otras empresas de este sector.

En lo que respecta a TGN, el juicio que ahora queda de lado arrancó también en el 2012. Ese año, su directorio había entablado una demanda ante los tribunales locales por los "daños" que sufrió en ese período en el cual no pudo tocar sus tarifas y debió soportar, en cambio, fuertes incrementos en sus costos. Se basó en la necesidad de defender "el interés social" y con el objetivo de "obtener la reparación de los daños experimentados a partir del 1 de enero del 2006 como consecuencia de la pesificación de sus tarifas dispuestas por la Ley 25.561 y el subsiguiente congelamiento tarifario".

Sin embargo, en mayo pasado había sufrido un revés judicial cuando por una sentencia de primera instancia rechazó la demanda. Luego de esa noticia negativa, sus autoridades se comprometieron a suspender todas las causas, firmando sendas cartas de intención con los ministerios de Hacienda y de Energía y Minería. Y si el acuerdo era ratificado por el Poder Ejecutivo, a desistir "del derecho y de la mencionada acción judicial entablada contra el Estado Nacional". Como esto se dio, TGN dejó también de lado la presentación de una apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

Además de ser la mayor transportadora de gas del país, TGN está controlada por Techint a través de Tecpetrol, una de las subsidiarias del grupo de la familia Rocca. Esta sociedad participa en Gasinvest, holding dueño del 56% del capital de TGN y en el cual también se encuentran Compañía General de Combustibles (CGC) y Electricidad Argentina, además de la francesa Total Gas y la malaya Petronas. El fondo de inversiones norteamericano Blue Ridge Investments posee el 24% de TGN y el 20% restante se negocia en la Bolsa.

Tras varias reuniones, sus accionistas coincidieron en desistir de las acciones judiciales contra el Estado nacional gracias al cambio de ciclo que se inició con el desembarco de Cambiemos en el gobierno nacional y que le permitió a las empresas del sector acordar nuevas reglas de juego más favorables a las necesidad de readecuación de sus costos con sus ingresos.

Incluso, el congelamiento tarifario llevó a TGN a declararse en default en el 2008, cuando no pudo cumplir con el pago de Obligaciones Negociables (ON). Luego intentó reestructurar su deuda por fuera del ámbito judicial mediante un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), pero fracasó. Por dicha falta de acuerdo a través de negociaciones privadas, TGN recurrió a la justicia para intentar reprogramar su deuda.

Como la Justicia rechazó este pedido, a principios de julio del 2013 volvió a hacer una oferta privada de canje de la totalidad de sus ON por u$s345 millones, condicionada a que al menos sea aceptada por tenedores que representen el 88% de la deuda pendiente, algo que logró el 8 de agosto de ese mismo año. Es decir, terminó de cerrar un acuerdo que le permite recomponer su situación y salir del default.

Pero gracias al nuevo acuerdo sellado con la gestión que orienta Mauricio Macri, logró un aunento promedio en sus ingresos regulados del 71,6%.

En la actualidad, TGN presta el servicio público esencial de transporte de gas natural por gasoductos de alta presión, en los dos sistemas de gasoductos existentes en las regiones Norte y Centro-Oeste de la Argentina.  En este marco, es responsable del transporte del 40% del gas inyectado en gasoductos troncales argentinos, lo que representa el 18% de la matriz energética argentina.

Además, opera y mantiene más de 9.100 km de gasoductos (6.800 km en su sistema y 2.300 km de gasoductos de terceros) y 20 plantas compresoras con 375.620 HP, que permiten conectar las cuencas Neuquina, Noroeste y Boliviana con ocho de las nueve distribuidoras, industrias y centrales térmicas ubicadas en 15 provincias argentinas.

Con el final de estos juicios contra el Estado, TGN se diferencia de CMS Gas, uno de sus anteriores accionistas, que entabló y ganó una demanda en el Ciadi por la pesificación, obligando al Estado a indemnizarla en cerca de u$s133 millones. El caso se convirtió en el primer arbitraje en contra del país confirmado luego de la apelación.

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