La modelo y empresaria Victoria Vannucci presentó una demanda millonaria contra la municipalidad y el Concejo Deliberante de Ituzaingó, distrito en el que nació, por "daños y perjuicios", al sostener que fue "expulsada del país" luego de que tales organismos públicos la declararan "persona no grata".

Esta decisión se produjo luego de que se difundieran fotos suyas junto a su marido, el empresario Matías Garfunkel, en medio de una cacería, posando con animales muertos.

Según explicó su abogada Ana Rosenfeld a Teleshow, en octubre de 2016 radicaron una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI) por considerar a los organismos municipales responsables de un "linchamiento social".

"Hubo un hecho desencadenante, más allá de la agresión que Victoria recibió en las redes sociales (le inició acciones legales a Twitter, en 2016), y fue la decisión totalmente absurda que tomó el Concejo Deliberante. Los que votaron esa ordenanza generaron un daño inconmensurable", explicó Rosenfeld y publicó Infobae. "Lo utilizaron como una promoción individual, y trataron de lucrar políticamente", añadió.

En su presentación, la empresaria argumenta que se sintió discriminada porque "ser considerada persona no grata es algo tremendo". "El daño que le causaron a Victoria fue a nivel nacional. Se expandió de una manera absurda porque además ella ni siquiera vivía en Ituzaingó cuando ellos la consideraron persona no grata", precisó la letrada.

El INADI se pronunció a favor de Vannucci y afirmó que tanto la Municipalidad como el Concejo Deliberante tuvieron una "conductora discriminatoria" hacia su persona.

"Se recomienda a la parte denunciada (concejales y Municipio) reflexionar sobre una herramienta socialmente tan delicada como denominar persona no grata a cualquier individuo para evitar hacerlo, como en el presente caso, con motivaciones en conductas que exceden la figura de la propia denunciada y que, tal como afirmó el propio denunciado, aún no tenían fallos judiciales que la acreditasen", firmó Paula Spaccarotella, coordinadora de Recepción y Evaluación de Denuncias de ese organismo. A partir del fallo del INADI los ediles derogaron el decreto en diciembre de 2017.

Se trata de una demanda millonaria, de acuerdo a lo que adelantó Rosenfeld. Pero en caso de resultar favorable, parte del dinero será donado a instituciones de bien público.

"Victoria está mal por lo que pasó pero también está contenta porque de alguna manera se está haciendo justicia", sostuvo su abogada.