La empresa Correo Argentino SA, administrada por el Grupo Macri, presentó una nueva oferta al Estado argentino por una deuda multimillonaria.

La oferta de base fue similar a la que había presentado el 28 de junio de 2016 y le sumó lo que denominó "una mejora de plazo y monto" y un "reconocimiento adicional".

Ahora el Gobierno tiene 45 días para responder si acepta o no el planteo de la compañía vinculada a la familia del presidente Mauricio Macri.

La propuesta se concretó en una audiencia desarrollada frente a la Sala B de la Cámara Comercial.

Asistieron los abogados de la Procuración del Tesoro que representan al Gobierno, los representantes de la empresa y la fiscal general, Gabriela Boquin.

La deuda original de la compañía con el Estado ascendía en 2001, en plena convertibilidad, a $296 millones.

La empresa hizo dos ofertas en 2014 y elevó una tercera propuesta a la gestión de Cambiemos en 2016, que consistió en el pago en 15 cuotas anuales con una tasa de interés del 7% anual.

La fiscal Boquin había calificado ese ofrecimiento de 2016 de "abusivo": según sus cálculos, la inflación y la devaluación hacían que esa oferta implicara "una condonación de la deuda" por más de $4.277 millones. Es que no se contemplaban los intereses postconcursales.

Este miércoles, la empresa repitió su compromiso de pago "del 100% de la deuda nominal en 15 cuotas anuales con el 7% de interés".

"Las dos primeras cuotas -señaló el escrito- se cancelarían en un único pago de $5.924.107 dentro de los 30 días de homologado el acuerdo", indicó.

Para Correo Argentino SA, se trata de una mejora en los plazos.

"Con la oferta de 2016 hubiéramos pagado la primera cuota en enero de 2019. De homologarse este acuerdo, en cambio, cancelaríamos las primeras dos cuotas antes de fin de año", esgrimieron.

En el reconocimiento adicional agregaron que pagarían intereses pero bajo la condición de hacerlo con el dinero que obtengan de las acciones judiciales que iniciaron contra el Estado.

Ocurre que la empresa postal de la familia Macri accionó contra el Estado por sumas millonarias y reclama distintas indemnizaciones. Según esta última oferta, oficializada el 10 de julio, los intereses "reconocidos" se abonarían con ese dinero.