Desde hace un tiempo, en España, se aplica un canon para compensar a los autores por los daños ocasionados por las copias privadas que los usuarios pueden realizar a los materiales sujetos a la propiedad intelectual. Se trata de un "impuesto" que se paga cada vez que se compre algún producto tecnológico que permita copiar materiales protegidos con copyright.
En un principio se aplicaba sobre fotocopiadoras, impresoras y escaners, pero recientemente se extendió a celulares con MP3, CD, DVD y pen drives.
Esta experiencia, también utilizada en otros países europeos, es seguida de cerca por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF): "Teniendo en cuenta los altos niveles de piratería que existen en el mercado, habría que analizar la posibilidad de implementar un modelo similar en la Argentina", aseguró a infobaeprofesional.com Javier Delupí, director ejecutivo de esa asociación.
Este canon produciría una inmediata suba en el precio de los productos gravados. Lo recaudado se destinaría a las sociedades gestoras de derechos de autor para que éstas distribuyan ese dinero, en distintas proporciones, entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual de los contenidos utilizados.
El canon digital que se aplica en España sobre CD y DVD vírgenes, tras una reciente rebaja, es de 0,17 euro y 0,44 euro, respectivamente; y en el caso de las fotocopiadoras equivale a un 40% del precio final.
Pero la imposición en la península sobre los productos tecnológicos no se dio en armonía. Por el contrario, generó un áspero debate que hasta llegó a los Tribunales: allí, un juez de Bilbao avaló la constitucionalidad del gravamen, pero no logró apaciguar las críticas de las tecnológicas y usuarios.
En la Argentina, según datos de CAPIF, uno de cada dos discos que se venden es pirata, y en los últimos seis años la comercialización de discos legales cayó a la mitad.
Y la preocupación pasa porque se reducen fuentes de trabajo genuino, pérdidas de ingresos para el Estado porque la piratería no paga impuestos y falta de cobro de regalías por parte de autores, compositores e intérpretes.
Por el momento, para CAPIF, la lucha contra la piratería pasa por "lo legal y lo educativo".
Desde lo legal, quieren demandar a los usuarios que a través de Internet suben, ponen a disposición o descargan centenares o miles de archivos de música en forma no autorizada. También buscan llevar a los Tribunales a las redes de intercambio de archivos p2p (peer to peer).
Así, la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas (APDIF) es la entidad específica que lleva adelante una campaña basada en acciones de prevención, investigaciones y denuncias para combatir este delito.
Y en el campo de lo educativo o de la "concientización", buscan dirigir iniciativas a la escuela primaria y a las empresas, a través de la distribución de la guía sobre Buenas Prácticas en Materia de Derechos de Propiedad Intelectual y de Seguridad Informática.
En ese marco, y desde el año pasado, CAPIF lleva adelante el proyecto educativo "Todo empieza con una canción", que muestra a estudiantes las distintas etapas necesarias para la producción de un disco, y que incluyen charlas con artistas y miembros de la industria de la música.
El objetivo es promover la importancia de la protección de la creación artística, a través del respeto de la propiedad intelectual, mostrando el trabajo que existe detrás de la producción de un CD, y así "evidenciar que el valor de una canción no está en la materia prima de un compacto, sino en el amplio proceso creativo y de labor que existe en la grabación o fonograma que se fija en un CD o en un archivo digital, y del que participan muchas personas", aseguraron desde la entidad.
El canon en España
Los últimos productos tecnológicos gravados con canan digital en España son los teléfonos celulares con programas que comprimen archivos audiovisuales (como MP3). Se les aplicó un canon de 1,50 euros.
Pero no son los únicos aparatos electrónicos que estarán obligados a pagar este canon (no incluye computadoras). Así, las grabadoras audiovisuales con disco duro abonarán 12 euros por este concepto y los pen drives, 0,30 euros.
En este caso, las sociedades de gestión de autores y editores de obras literarias, que hasta ahora sólo se beneficiaban del canon que se cobra a fotocopiadoras, impresoras y escáneres, tendrán una participación en la recaudación que se obtenga de los soportes audiovisuales porque se trata de herramientas polivalentes que tanto pueden almacenar una canción como una novela.
No obstante, las tarifas están pendientes de una consulta al Ministerio de Economía y a la confederación de consumidores, aseguraron medios españoles.
Qué dice la ley española
El nuevo canon fija una tarifa en función del soporte, pero no la modula en función de la mayor o menor capacidad que éste tenga de almacenamiento. En la vigente Ley de Propiedad Intelectual española se establece entre los criterios para fijar la cuantía del canon:
La fórmula adoptada simplifica los criterios. En principio, la orden no hará exclusiones en la obligación de pagar el canon. La ley contempla que el Gobierno español podrá exceptuar del pago cuando quede suficientemente acreditado que el destino que se da a los soportes adquiridos no es el de realizar copias privadas de obras sometidas a derechos de autor. Es el caso, por ejemplo, del Poder Judicial español, que paga canon por los CD que emplea para conservar las sentencias judiciales.
El comisario de la Unión Europea de Mercado Interior se ha manifestado partidario de contemplar estos casos. Las sociedades de gestión consideran que si se introducen estas excepciones debería subir la cuantía del canon para compensar las pérdidas por estos impagos.
Cuestionamientos
Las críticas al sistema no cesan, principalmente por parte de los fabricantes de aparatos, que están en contra del canon. La semana pasada, José Pérez, director general de Asimelec, la cámara de empresas electrónicas de España, aseguró a la prensa de ese país que el actual canon encarece el precio de los CD y DVD en un 60%, y remarcó que hay una bolsa de fraude de casi el 50%, lo que perjudica a los fabricantes que pagan el canon y lo repercuten en sus clientes.
De los 22 países europeos que aceptan que de una obra de autor se pueda obtener una copia privada sin ánimo de lucro, 20 pertenecen a la Unión Europea y todos aplican una remuneración compensatoria (canon) a los CD y DVD, pero no todos lo hacen sobre reproductores de MP3 ni en la misma cuantía. Noruega, sin canon, lo resuelve con una subvención del Estado a las sociedades de gestión.
Incluso, destacaron que el aumento alcanzará a una gran masa de usuarios en la península, pues se calcula que hay más de siete millones de españoles con un teléfono con posibilidad de almacenar contenidos audiovisuales, y hoy una terminal con esa capacidad es una condición "sine qua non" a la hora de comprar un celular.
Se calcula que los teléfonos serán los segundos en facturación para los autores, detrás de los CD.
Para el caso de los pen drives, las asociaciones de usuarios ya pusieron el grito en el cielo, porque aseguraron que se trata de un elemento que se utiliza fundamentalmente para transportar y manejar información personal, documentos y fotos de carácter privado, y no para almacenar contenidos audiovisuales, por su escasa capacidad.
En España, según la Sociedad Holandesa de la Copia Privada, los ingresos del canon pasaron de más de 26 millones de euros en 2003 a más de 58 millones en 2005.