El feroz enfrentamiento entre facciones de un gremio que agrupa a trabajadores de la industria láctea en Rosario es una muestra más de cómo la conflictividad sindical puede adquirir importantes dimensiones.

En esta oportunidad, la violencia afloró debido a presuntas diferencias en la conducción de un gremio; pero en muchas otras se utiliza para dirimir problemas de reencuadramiento sindical o mejores condiciones de trabajo, e incluye toma de establecimientos, piquetes y el daño en las instalaciones de las compañí­as.

Dentro de este contexto, las empresas se transforman en verdaderos rehenes y muchas veces ven paralizada su producción hasta tanto el reclamo o la interna sindical se resuelvan.

En este sentido, especialistas que se sientan en la mesa de negociación colectiva advierten que determinados sindicatos han instaurado una nueva forma de actuación gremial que se aparta de los canales legales e institucionales: la violencia.Cómo frenar abusosMarcelo Aquino, socio de Baker & Mckenzie, dijo que ante estas situaciones de violencia sindical la empresa "debe denunciar penalmente a los autores de la conducta violenta".

El especialista indicó que se debe declarar todo daño que sufra el patrimonio de la empresa y solicitar a la Justicia que se permita la entrada de las personas y trabajadores que decidan concurrir a sus labores, resguardando su integridad.

El abogado expresó que también podrí­a iniciarse un juicio por desafuero cuando los delegados sindicales inciten o cometan actos violentos. En ese proceso la empresa debe acreditar que los sindicalistas han excedido sus funciones y solicitar al juez le quite la inmunidad gremial para, de esta forma, poder sancionarlos.

Aquino advirtió, sin embargo, que el desafuero sólo habilita al empleador a despedir a los delegados sindicales, pero que no impide que éstos intenten luego iniciar un juicio reclamando las indemnizaciones por despido, en el supuesto de que argumenten que la cesantí­a fue injustificada.

Por último, el abogado dijo que si se comprueba que estos delegados actuaron en nombre y representación del sindicato que los agrupa, también la compañí­a afectada podrí­a iniciar una acción civil contra el gremio por la que persiga el resarcimiento de los daños causados al patrimonio de la empresa.Bloqueo de plantas

La toma de plantas, bloqueos y piquetes se repiten como una nueva modalidad de protesta sindical y ocasionan a las empresas numerosas dificultades operativas que, en algunas oportunidades, rozan la parálisis de la actividad productiva y derivan en pérdidas millonarias.

Así­, en mayo pasado las cementeras Minetti y Loma Negra denunciaron a la justicia el bloqueo de sus plantas como consecuencia de un reclamo del sindicato de camioneros, quienes solicitaban que las cementeras sean solidariamente responsables junto con las empresas transportistas del pago de la cuota sindical y aportes a la obra social de los choferes.

"Ante situaciones de piquetes y bloqueos las empresas podrí­an efectuar una denuncia penal pidiendo que se libere la salida de productos, ya que estas situaciones resultan violatorias de derechos constitucionales, como el del ejercicio de la industria lí­cita, la libertad de circulación y de trabajo", explicó Héctor A. Garcí­a, socio de Garcí­a, Perez Boiani & Asociados.

El laboralista advirtió que "en los últimos años la actividad sindical está adquiriendo un "modus operandi" muy particular que desprestigia y deteriora el fin para el que fue concebida, que es la protección de los derechos del trabajador".En la Justicia

El de las cementeras se suma a una serie de casos en los que los sindicalistas recurrieron a la violencia como un método de protesta, realizando comportamientos que exceden la tolerancia permitida en actos de reclamos sindicales.

Muchos de esos casos llegaron a la Justicia, de la mano de la denuncia formulada por la empresa frente al accionar sindical desmedido.

Así­, en el caso "Zavaglia, Gustavo c/ Artes Gráficas Rioplatenses SA s/ despido", la cámara laboral consideró que desapoderar a la empresa de un sector de la planta durante varios dí­as, retener mercaderí­as, materias primas y herramientas de su propiedad no configuran el ejercicio del derecho de huelga.

Sostuvo el tribunal que el ejercicio de aquella facultad constitucional no podí­a ser llevado a cabo en forma violenta ni tampoco abusiva, con medidas adicionales que avasallen los derechos de otras personas de un modo innecesario para el despliegue de la huelga.

En la causa "Calfat", la Cámara del Crimen resolvió procesar por violación de domicilio y daños a delegados gremiales de la Asociación Bancaria que, en el marco de una huelga, ingresaron en algunas sucursales de bancos imposibilitando el desarrollo de las tareas allí­ desempeñadas. (Ver nota: "La Justicia vuelve a limitar el accionar sindical").

Los jueces consideraron que la conducta desplegada por los delegados no puede considerarse amparada por el ejercicio del derecho de huelga.© iProfesional.com