El inicio de las primeras paritarias hizo reaparecer uno de los fantasmas más temidos por el Gobierno. El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, buscará este año reinstalar la cláusula gatillo, un mecanismo de actualización automática con el que apunta a mantener a flote el poder adquisitivo de los salarios, pero que representa un serio desafío para el nuevo esquema oficial de acuerdos semestrales con revisión. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, sugirió ayer ese formato en respuesta a los reclamos sindicales y a su preocupación por dar previsibilidad a los empresarios en un año electoral en que los privados ya pronostican una inflación de hasta el 40%.

"La mejor manera de preservar el salario es a través de una clausula que garantice el poder adquisitivo que puede ser por la vía de una cláusula gatillo", confirmó a iProfesional el líder de La Bancaria, una entidad que representa a más de 100.000 empleados del rubro financiero. El sindicalista solicitó el jueves pasado a Sica la reanudación formal de las negociaciones salariales a partir de la segunda quincena de marzo, previo al vencimiento del acuerdo vigente. La idea es recuperar la modalidad utilizada por los gremios hasta principios de 2018 cuando el Gobierno impulsó el reemplazo de los ajustes automáticos por los acuerdos con revisión, en los que las partes tienen que sentarse a renegociar.

Bajo ese formato, la gran mayoría de las paritarias terminaron muy por detrás de los precios. Solo el gremio bancario junto con el de los mecanicos logró superar la inflación del que en diciembre del año pasado cerró en 47,6%. Lo hizo a través de un aumento inicial del 28%, seguido de actualizaciones hasta empatar la inflación del INDEC. El acuerdo contempló además un 4,4% por lo perdido en 2017, un bono compensatorio de $8.500 en tres cuotas y una suma promedio de $30.000 por el Día del Bancario, junto con un premio por las ganancias de los bancos. Si se incorporan estos items no salariales, la suba superó el 50% y en algunas entidades privadas llegó al 60%.

Este año, mientras tanto, Palazzo negoció un adelanto a cuenta de las paritarias del 7% por enero y febrero, junto con una suma de $1.000 mensuales.

Ahora, repetirá la cláusula de hace dos años dentro de la cual incorporó el pago retroactivo de los salarios al 1 de enero. Además de la evolución de los precios, el sindicalista opositor discutirá en la mesa el impacto del impuesto a las Ganancias sobre los salarios y el nivel de actividad junto con el de rentabilidad. Pese a la recesión que golpea a la industria, el sector financiero registró en enero un incremento de las ganancias del 71,2% interanual, al totalizar $18.050 millones. De este último indicador se desprende el monto de la participación de los empleados sobre las ganancias corporativas. 

Otro punto tirante de las trativas será la revisión de la contribución solidaria y el aporte a la obra social, que el año pasado se vieron reducidas del 1 al 0,5% y del 1 al 0,8% en cada caso. Esos cambios impulsados por los bancos con el respaldo del Gobierno le ocasionaron una pérdida de recursos millonarios al gremio. La intención de Palazzo es  recuperar esos fondos en una de las paritarias que promete ser la más conflictiva del año. No solo porque es de las primeras del sector privado sino también por la histórica tensión que existe entre el sindicato y la gestión de Macri, cuyos funcionarios ubican al gremialista en la vereda de Cristina Kirchner.

En las últimas horas, Sica aseguró que "no hay techo ni piso" en las paritarias a la vez que reconoció su intención de reemplazar las cláusulas de actualización por acuerdos de seis meses. Su premisa es que no habrá movimientos bruscos en el plano inflacionario que ameriten un esquema de renegociación más corto, como el que reclaman los metalúrgicos (UOM). El gremio liderado por Antonio Caló recalentó las paritarias al anticipar que pedirá un acuerdo trimestral en su primera reunión de este miércoles con las cámaras empresarias. Ayer llegó una señal de tranquilidad para el Gobierno: Caló se mostró en Córdoba junto al ministro de Producción y Trabajo, un viejo asesor del sindicalista.