"Juez, Asís tiene razón. La yegua dio la orden de matarlo también. Y cuide a su hijo. Alguien escuchó que le están armando una causa por drogas en la Provincia. En La Plata, en Morón o San Isidro. Cuídese señor juez", dice el texto que, elaborado con letras recortadas de diarios y revistas, recibió el juez Claudio Bonadio y publicó el portal Infobae.

La amenaza había sido recibida el jueves pasado por su secretaria privada. Y el magistrado presentó la denuncia al día siguiente, que cayó en el juzgado de Norberto Oyarbide.

Bonadio tiene una de las causas más sensibles para el Gobierno, ya que investiga las presuntas irregularidades en Hotesur, la empresa hotelera que administra el hotel Alto Calafate y que pertenece a la presidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.

Es también un blanco constante de cuestionamientos por parte del oficialismo y uno de los magistrados con más acusaciones ante el Consejo de la Magistratura.

De acuerdo a la amenaza, la causa por drogas que se iniciaría contra el hijo del magistrado se prepara en la provincia de Buenos Aires.

La Plata, San Isidro, Morón o Lomas de Zamora son algunos de los partidos donde sugieren que la investigación podría recaer, ya que en esos distritos hay juzgados federales para la investigación de ese tipo de delitos.

En tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuán ya pidió que se investiguen las amenazas. Mediante un escrito presentado ante Oyarbide, el fiscal pidió varias medidas de prueba, como que se le tome declaración a la secretaria privada de Bonadío, que fue la que recibió el mensaje.

Los investigadores orientaron la búsqueda a las eventuales relaciones con la investigación que Bonadio está llevando adelante sobre Hotesur. En esa causa, la Sala I de la Cámara le ordenó al magistrado que le permita acceder y hacer copias del expediente al abogado Carlos Beraldi, ex fiscal federal y defensor de Romina Mercado, presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner.

Aunque la resolución se dictó a fines de diciembre, la noticia recién se conoció días atrás con el regreso de la actividad judicial a los tribunales.

Bonadio le había negado el acceso a Beraldi, quien hizo un planteo en la Cámara Federal. "Reiteradamente se ha alertado al juez de grado para que evite caer en el tipo de prácticas criticadas, dado que el mantenimiento de una posición como la que insiste en sostener, frente a la disconformidad de la parte interesada, provoca esencialmente un dispendio jurisdiccional incongruente con un buen servicio de justicia", sostuvieron los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

El tribunal recordó que Beraldi "es parte en el presente proceso" y que "el sumario no transita una situación que, de modo excepcional y temporal, le impida el acceso a las actuaciones". El tribunal señaló además otros precedentes en los que ya le indicó a Bonadio que debe permitir el acceso de las partes a las causas.

La causa Hotesur se inició por una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer por falta de entrega de balances por parte de la compañía de la Presidenta.

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En noviembre pasado, el juez Bonadio allanó la sede jurídica de Hotesur que estaba vacía, mientras que solicitó una serie de informes de la empresa a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Inspección General de Justicia (IGJ).

Rechazo de colegas y políticosLa noticia de que Bonadío había sido amenazado de muerte sacudió a los referentes del mundo judicial y a los políticos de la oposición que se dieron cita en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Por su parte, Sergio Massa expresó su "solidaridad" con el juez y exigió que le den "garantías" para que pueda seguir investigando.

"Desgraciadamente esto ya no sorprende porque es un hecho que sucede habitualmente. La única diferencia es que a veces toma estado público y otra veces, no", reflexionó el referente opositor en diálogo con Infobae.

La legisladora Graciela Ocaña, advirtió sobre un grado de violencia creciente e hizo un reclamo público: "Cuidemos mucho a Bonadio, porque, al igual que Nisman, tiene una investigación que involucra a la Presidente de la Nación. El mayor interesado en protegerlo debería ser el gobierno nacional, porque luego de las amenazas y los 'tapones de punta', hoy tenemos un fiscal muerto".

Julio Cobos también apuntó al recuerdo de lo que sucedió con el ex fiscal de la causa AMIA: "No es bueno para un país democrático que un juez sea amenazado, como tampoco lo es que aún no se sepa la causa del deceso de un fiscal".

"Como el Gobierno no parece dispuesto a brindarles tranquilidad a los jueces para que investiguen, seremos nosotros desde la otra fuerza política los que tendremos que ocuparnos del tema", indicó el referente de la Unión Cívica Radical.

La mirada de José Manuel de la Sota fue similar a la del ex vicepresidente: "Si alguien que investiga causas muy importantes acaba de hacer una denuncia de amenazas, es porque los jueces y los fiscales indudablemente no se sienten muy cómodos. Por eso nosotros estamos acá, para respaldarlos y terminar con eso de que si alguien investiga es porque tiene una intencionalidad política".

Por su parte, Luis María Cabral señaló que esta nueva amenaza le genera "preocupación" porque "son momentos en los cuales se advierten algunos procedimientos oscuros que no se sabe de dónde vienen". En el mismo sentido, el consejero de la Magistratura señaló que detrás puede haber "poderosos de todo orden: políticos, organizaciones criminales o grupos economicos".