El Gobierno reglamentó cómo usar agentes infiltrados en plataformas digitales: así es el protocolo
Se aprobó un protocolo para el despliegue de agentes encubiertos digitales en causas judiciales de alta complejidad, impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa apunta a enfrentar las modalidades delictivas que operan en entornos virtuales, como redes sociales o sitios web. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 828/2025, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El nuevo marco legal regula las tareas de los "agentes encubiertos digitales" y "agentes reveladores digitales" pertenecientes a las fuerzas federales, en los casos en que su actuación sea solicitada por la Justicia.
En un comunicado oficial, desde el Ministerio de Seguridad resaltaron que "hoy en día las organizaciones criminales, cada vez con mayor frecuencia, operan a través del ciberespacio, por lo que los agentes encubiertos y los agentes reveladores tienen que intervenir en el espacio digital en innumerables delitos (pornografía infantil, narcotráfico, terrorismo, etc.), por lo que los agentes Encubiertos Digitales constituyen una herramienta poderosísima en la lucha contra el delito complejo", destacaron desde el Ministerio de Seguridad.
Avatares, documentación y seguridad
El protocolo establece criterios para designar a los agentes, medidas de protección para quienes se infiltran digitalmente y un "Registro de avatares", que permite crear y gestionar identidades ficticias bajo supervisión oficial.
Estas identidades serán utilizadas exclusivamente con fines investigativos, y su generación deberá contar con aval judicial. En caso necesario, el Renaper podrá incorporar estos datos a sus bases y emitir documentación ficticia en soporte físico o digital.
La normativa prevé sanciones para los funcionarios que filtren identidades falsas, y exige su eliminación al finalizar la tarea asignada. Solo de forma excepcional se permite conservar el avatar para proteger al agente o continuar con otra operación.
Etapas del procedimiento
El operativo se activa con una orden judicial. La Unidad Especial de Agentes Encubiertos solicita a la fuerza interviniente un candidato que cumpla con los requisitos de la Ley 27.319. La propuesta es evaluada por la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, que puede aprobarla o rechazarla.
Una vez aceptado, el agente elige su avatar y presenta una nota de aceptación. El proceso queda registrado con un código único y la documentación se mantiene bajo custodia reservada.
Ciberpatrullajes sin orden judicial
La iniciativa se suma a otras medidas implementadas por Bullrich para abordar el ciberdelito. En 2024, se creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y se habilitaron los ciberpatrullajes mediante la resolución 428/2024. Estos permiten monitorear actividades sospechosas como amenazas, estafas financieras o venta ilegal de instrumentos públicos.
La órbita de actuación luego se extendió a esquemas como estafas piramidales y delitos con criptoactivos. Además, el Decreto 383/2025 reformó el Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), incorporando el ciberpatrullaje como función preventiva, aún sin orden judicial.
El decreto permite que, ante presuntos delitos y "circunstancias objetivas", una persona pueda ser conducida a una dependencia policial para identificarla, por un plazo máximo de 10 horas. También se garantiza el derecho a comunicarse de inmediato con un familiar o persona de confianza.
Esta normativa fue fuertemente cuestionada por la oposición, que denunció un posible avasallamiento de derechos individuales como la intimidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales, especialmente por su coincidencia con movilizaciones en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad.
Desde el oficialismo, defendieron los cambios al sostener que se busca "profesionalizar" a las fuerzas de seguridad y alinearlas con los "estándares internacionales como los del FBI".
Un consejo académico para reforzar la formación
Junto con el nuevo protocolo, el Ministerio de Seguridad también creó un Consejo Académico Asesor ad honorem para la Unidad de Agentes Encubiertos. Este será presidido por el juez federal Ricardo Basílico e integrado por fiscales, funcionarios del ministerio y oficiales de alto rango.
Este órgano tendrá la tarea de elaborar contenidos de formación para los agentes encubiertos, proponer mejoras en las investigaciones y desarrollar estrategias para minimizar riesgos en operaciones de infiltración digital.